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Ya investigan a marinos por el caso Ayotzinapa; participaron en diligencia en 2014

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Ciudad de México.- Los mandos de la Secretaría de Marina que en octubre de 2014 participaron en una diligencia en el río Cocula, que habría servido para manipular pruebas del caso Iguala, ya declararon y son investigados.

Así lo informó el presidente López Obrador, quien detalló que hace un mes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) le reportó la existencia de un video sobre esa diligencia, que al parecer tenía el fin de apuntalar la llamada “verdad histórica”. Se trata de imágenes obtenidas por un dron en las que se observa a miembros de la Marina manipular el basurero de Cocula horas antes de la llegada de ministeriales.

En su conferencia matutina, aseguró que se abrirán todos los archivos para saber la verdad.

En tanto, para Ángela Buitrago, integrante del GIEI, el video apunta a una  manipulación de escena.

“Todo eso es el resumen de Ayotzinapa, falsedades y simulación”, dijo la experta en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Padres de los 43 dijeron sentirse engañados porque el gobierno prometió entregar toda la información del caso. “Quisiera decirles que las instituciones jugaron con nosotros”, acusó Mario González, familiar de uno de los normalistas.

Para Vidulfo Rosales, abogado de los padres, la alteración de pruebas muestra que hay personajes de alto nivel involucrados en la desaparición.

De acuerdo con el mandatario federal, se enteró apenas hace un mes de la existencia de la diligencia y del video que se grabó de la misma.

Por lo que una vez que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales  (GIEI) le informó que ese video llegó a sus manos tras la orden que dio el Presidente para que todos los archivos se abrieran, los jefes militares de la Marina involucrados declararon ante el Ministerio Público federal.

“Sobre ese video, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo. No puedo decirles más, sólo comentarles que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres de los jóvenes de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes y a diferencia de antes cuando el país sólo se dedicaba a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora ya no hay impunidad para nadie”.

Al preguntarle qué motivó la resistencia de las Fuerzas Armadas a entregar toda la información sobre la desaparición de los normalistas aún en su sexenio, López Obrador señaló que toda la información se entrega y se seguirá entregando.

Ello implica, apuntó, que se abrirán todos los archivos que sean necesarios para saber qué sucedió con los 43 normalistas la noche y madruga del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada”, aseveró al ratificar que la investigación sobre el caso Ayotzinapa sigue abierta y el GIEI seguirá trabajando un año más.

Cuando sucedió la desaparición de los 43, el jefe de inteligencia naval de la Semar era el almirante Eduardo Arredondo Arámburo, quien en abril del 2021 fue relevado del cargo de la Subsecretaría de Marina.

De acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tanto la diligencia como el video que captó la manipulación de la escena en el basurero de Cocula fue elaborada por personal de inteligencia naval.

Hay altos funcionarios involucrados: Vidulfo Rosales

La alteración de pruebas en el basurero de Cocula por parte de la Marina y autoridades del gobierno federal demuestra que hay personajes de alto nivel involucrados en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala y no sólo actuaron el ayuntamiento y un grupo delictivo, aseguró el abogado de los padres de familia de los 43, Vidulfo Rosales.

Entrevistado vía telefónica, señaló que esto es un hecho grave que evidencia que las autoridades de más alto nivel en la investigación manipularon las pruebas para crear su “verdad histórica”. “Eso demuestra que el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca tuvo la intensión de resolver el caso y lo construyó a su modo.

“Y ahora, en este nuevo gobierno, a pesar de que las Fuerzas Armadas se habían comprometido a dar toda la información que tuvieran sobre el caso, no cumplieron, nunca pusieron a disposición de las autoridades investigadoras el material que tenían en su poder.

“Esta conferencia del GIEI sólo evidencia que hubo un juego sucio por parte de las Fuerzas Armadas, a pesar de que hay un convenio con ellas, no colaboraron para dar información en la investigación”.

Rolando Aguilar

Buitrago ve una probable manipulación

A siete años del caso Ayotzinapa, Ángela Buitrago, integrante Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que, tras el tercer informe de éste, hay una probable “manipulación de escena”.

“Sin lugar a dudas, caminar sobre una posible escena de crimen, prender fuego y alterar tiene consecuencias”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán de Río, para Imagen Radio.

Estos señalamientos se dan luego de la observación de material videográfico obtenido de un dron de la Marina al que el grupo de expertos tuvo acceso y que indica que personal no ministerial presuntamente llegó antes que las autoridades al basurero de Cocula.

“Es claro que dentro del video se observó que a las 6 y media y hasta las 11 de la mañana, fuerzas del orden, en particular Marina y también PGR no acordonaron el área; pasaron sobre el lugar e incluso llegó el anterior procurador”.

Ante esto, indicó que estos supuestos tienen que ser investigados con el objetivo de saber por qué razón no entran en los informes e investigaciones y que puedan ser contemplados en las mismas.

“Cualquier situación que afecte la investigación genera también otras hipótesis y esas hipótesis tienen que ser investigadas exhaustivamente para saber realmente el paradero de los muchachos”.

Agregó que en este informe también se habla sobre comunicaciones que fueron interceptadas al crimen organizado, las cuales podrían determinar la ubicación de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa.

“Toda esta información, si se hubiera administrado en su tiempo, habría permitido tomar otras decisiones investigativas y se hubieran podido ampliar las hipótesis de la investigación”, expuso.

Buitrago señaló que a estos hallazgos se suma la existencia de videograbaciones con los cuales desmintieron “la verdad histórica” de la entonces PGR, que señalaba que los restos de los estudiantes fueron depositados en el río San Juan.

Modificaciones garrafales

“Ese hecho significó que nosotros advirtiéramos que ese elemento se debía considerar e investigarse… hoy tenemos una conclusión a través de prueba de que no solamente al acta de la Procuraduría fue falsa, si no que las actividades que se realizaron fueron alteración de escena”.

Dijo que con estos hechos pudo haber modificaciones “garrafales” en términos de investigación y que transformó un proceso que debía ser licito, legal y transparente.

Y englobó que todas estas omisiones y modificaciones han hecho la labor de investigación “muy difícil”.

Fuente Excelsior

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Urge un sistema judicial que atienda a quienes menos tienen: Adriana Juárez

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CDMX.-México vive un momento crucial para la democracia y hoy tenemos enfrente la posibilidad de crear un Poder Judicial más justo, transparente y público. Un sistema de justicia que sea más eficiente y accesible para la ciudadanía, principalmente para las personas que se encuentran en mayor desventaja social y económica o en situación de vulnerabilidad.

La licenciada Adriana Juárez Soteno, candidata a Magistrada en Materia Penal, afirmó lo anterior y aseguró que a México le urge un sistema judicial que atienda a quienes menos tienen y que elimine las barreras procesales que dificultan el acceso a la justicia, como costos elevados y la falta de información adecuada.

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con más de 17 años de experiencia dentro del poder judicial, advirtió que las sentencias en México ya no pueden dictarse únicamente bajo el principio de legalidad, sino que deben estar impregnadas de sentido de justicia, lo cual sólo se logrará con un real y profundo acercamiento hacia los grupos vulnerables.

Adriana Juárez Soteno, es un caso especial, porque aún y cuando obtuvo el nombramiento de jueza otorgado por el Consejo de la Judicatura Federal ya no pudo tomar posesión porque entró en vigor la nueva reforma aprobada por el Constituyente, sin embargo, hace una profunda reflexión sobre lo que es actualmente el sistema de justicia en México.

“Ejercer la función judicial en México hoy en día -dijo-, implica una responsabilidad que conlleva un profundo compromiso con la sociedad, la legalidad y los derechos humanos. Su rol, es esencial para garantizar el acceso a la justicia, la igualdad y la resolución adecuada de los conflictos dentro del marco normativo establecido por la Constitución y las leyes del país”

Casada y con dos hijas, ha sabido combinar su posición de ama de casa, madre y esposa con la de su profesión de abogada maestrante en Derecho. En su trayectoria ha sido desde oficial administrativa, actuaria, oficial SISE, secretaria de Juzgado de Distrito y de Tribunal Colegiado de Circuito, en donde ha obtenido gran experiencia.

Por ello se comprometió a que, si el voto de los ciudadanos la favorece, hará que el sistema de justicia sea más eficiente y accesible para toda la población, principalmente para las personas que están en mayor desventaja social y económica o en situación de vulnerabilidad. “Pretendo hacerlo accesible para toda la ciudadanía, independientemente de su situación económica”.

En cuanto a la justicia social, la licenciada Adriana Juárez Soteno, quien es mujer, hija, madre, abogada, servidora pública y ciudadana se responsabilizará de: “identificar los componentes esenciales de quien acude a obtener justicia y no me limitaré a resolver únicamente conforme a lo que obre en un expediente judicial, pues mi compromiso con la sociedad mexicana me exige acercarme y conocer a las personas que acuden a demandar justicia a través de la comunicación y el entendimiento de su entorno social, cultural y educativo, con la firme intención de lograr una verdadera justicia social”.

La licenciada Juárez Soteno, quien, a partir de noviembre de 2024, fue designada como secretaria en funciones de Magistrada de Circuito en Materia Penal en el Primer circuito, -cargo que ocupa actualmente-, a lo largo de su carrera profesional ha hecho diversas propuestas ante la Reforma Judicial.

Desde el séptimo semestre de su carrera, un Juez de Distrito le dio la oportunidad de ser “meritoria” es decir, de aprender sin remuneración económica durante casi dos años.

Desde entonces le apasionó la función jurisdiccional y por su desempeño desde hace 17 años pertenece al Poder Judicial de la Federación. Durante 9 meses fue designada como secretaria en funciones de Jueza de Distrito en un juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en el Reclusorio Norte.

“En septiembre de 2024 fui declarada vencedora como Jueza de Distrito en Materia Mixta a través de un concurso de oposición. Cumpliendo así un objetivo más de vida”, concluye la candidata Adriana Juárez Soteno.

Para mayor información

Leticia Rocio Hernández Hernández

Cel: 55 32412276

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