Opinión
Playas, entre lo bueno y malo

Por Cliserio E. Cedillo Godínez
Es cierto que los ayuntamientos municipales tienen la obligación de brindar los servicios públicos que requieren los habitantes de una ciudad y contribuir con las autoridades estatales y federales para el mejoramiento de las necesidades básicas incumplidas, en cuanto a seguridad, salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable vivienda, recreación y deporte, sin menoscabo de su autonomía otorgada por la Constitución. Sin embargo, para que el municipio goce de su independencia requiere de recursos económicos que le permitan cumplir con su función de administrador de los servicios públicos, además de expedir los reglamentos necesarios y vigilas su cumplimiento.
Claro que para esto cobra impuestos, como el Predial que es el más importante, porque prácticamente es el sostén del aparato gubernamental que permite el funcionamiento municipal, además de otros gravámenes y cobros de autorizaciones o permisos, catalogados como derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, créditos y contribuciones especiales. Se puede decir que un ayuntamiento tiene muchos ingresos, pero no podemos afirmar que sean los necesarios para el buen funcionamiento de la administración municipal.
Pero qué pasa cuando un senador como José Luis Pech Varguez se le ocurre presentar una iniciativa, el pasado 29 de abril, que fue autorizada por la Cámara de Senadores para presentarse, en la cual se propone modificar los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales: para modificar el marco normativo actual para que la definición de playas marítimas tenga un parámetro más amplio, al proponer adicionar una faja de 10 metros a partir de la pleamar hacia tierra adentro, con el fin de garantizar el uso público, libre y gratuito de las playas; “también se propone modificar los límites de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) para que en lugar de tener una extensión de 20 metros de ancho de tierra firme, se reduzca a 10 metros, en función de los nuevos límites de las playas marítimas”.
Eso significa reducir a la mitad la Zofemat para añadir este 50 por ciento, o sea los 10 metros, a la franja de 10 metros a partir de la pleamar que se conoce como playa pública.
Es decir, la playa pública quedaría de 20 metros en lugar de 10, lo que sin duda es bueno para el público usuario, entre turistas nacionales y extranjeros. Solo que hay varios peros: en primer lugar, no se toma en cuenta a las autoridades municipales costeras, que son 10 en Quintana Roo (José María Morelos no tiene costa), ni a los empresarios hoteleros que pagan por el uso y disfrute de la Zofemat, aunque todos tengamos derecho a esas playas, pero no así al uso del equipamiento turístico particular, porque tiene un costo, con excepción del equipamiento instalado por el municipio.
Lo anterior, para el diputado federal Jesús Pool Moo, significa un duro golpe a los municipios, ya que asegura que al reducir a la mitad los espacios de playas administrados por la Zofemat, se reducen al 50 por ciento los ingresos municipales por este concepto y que representan más de 90 millones de pesos.
Ante esto el diputado federal hace un exhorto a la siguiente legislatura federal para no aprobar la iniciativa de reforma a la Ley General de Bienes Nacionales que refiere la modificación de la definición de playas marítimas para la reducción de 20 a 10 metros de ancho de tierra firme, que en la actualidad administra la Zofemat.
Es cierto, de acuerdo a como se plantea se causa una afectación muy importante en los ingresos municipales, por ello Jesús Pool hace un llamado a evitar que pase esa iniciativa de reforma y pide a las presidentas y presidentes municipales que no lo permitan y se opongan a esta reforma, porque perjudicaría a la economía de los municipios costeros. Pide que se manifiesten y manden un escrito a la Cámara de Diputados para evitar la aprobación de esta iniciativa.
Según el legislador federal, los municipios costeros quintanarroenses dejarían de percibir más de 90 millones de pesos, porque ya no captarían el 50 por ciento de recursos por el cobro de derechos del ayuntamiento y que se utilizan para infraestructura turística e incluso para la limpieza de las playas”.
Pero nos preguntamos ¿por qué no dicen nada los presidentes municipales ni los hoteleros? A la mejor reconocen que los ciudadanos ya merecían una reforma de este tipo, es decir, que les devuelva las playas perdidas… ¿No cree estimado lector?

COLUMNA DEL DIRECTOR:
VISIÓN PERIFÉRICA

A 2000 años, Francisco Simbra al catolicismo con nueva visión
Por Cliserio Eleazar Cedillo Godínez*
Mañana será sepultado el Papa Francisco y es notable la diferencia entre la muerte del papa Juan Pablo II y él con respecto al número de asistentes comunes a su sepelio. Aunque asisten 120 jefes de estado y 20 reyes, según informes, no se ven las multitudes de millones esperadas por los grandes medios de comunicación del mundo. Pero si hay una gran diferencia, la diversidad sexual asiste a través de millas de representantes que solo lamentan que el matrimonio entre entes del mismo sexo siga siendo un pecado.
De igual forma, Francisco, aunque reticente al principio, finalmente reconoció públicamente la existencia de abusos sexuales en la iglesia, aunque ya era bien conocido este pesado lastre arrastrado desde hace cientos de años, sobre todo en las oscuras épocas del catolicismo, como en la Santa Inquisición. Sin embargo, no se ha hecho mucho para castigar con severidad a los párrocos abusivos, lo mismo que a los obispos que lo han permitido.
Para Francisco este tema no fue fácil, pues se negaba a creer que un obispo, el chileno Juan Barros, hubiera encubierto a un conocido abusador, desestimando las acusaciones como una calumnia. Ante la inconformidad de los creyentes por este hecho se vio obligado a ordenar una investigación para, posteriormente, ofrecer una disculpa pública, al admitir ante los sobrevivientes que él también era “parte del problema”.
Entonces el Papa Francisco se lanzó a fondo hasta tomar la drástica decisión, en el 2018, de ordenar la renuncia de todos los obispos de Chile, reemplazando a una gran parte de la jerarquía. Uno de los sobrevivientes de abusos, Juan Carlos Cruz, declaró en 2024: “Los que me frustra es que la gente de la curia (la administración central de la Iglesia) y los obispos de todo el mundo no estén de acuerdo. Lo que me enfurece es que los sobrevivientes caminen por este mundo sin justicia… Es como alguien con cáncer y nadie hace nada”. Es por ello que, tras la muerte de Francisco, la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) pide a quien lo suceda que instituya una “ley de tolerancia cero” para el abuso sexual.
Y es que ese tema es un gran cáncer de la iglesia que desde hace cientos de años no ha podido ser erradicado, aunque se debe reconocer que el papa Francisco dio un gran paso. El otro tema que consideramos debe ser destacado como parte de los hechos trascendentes del recién difunto, es su postura más inclusiva y compasiva hacia la diversidad sexual, en comparación con sus predecesores.
Francisco llegó a afirmar que la homosexualidad no es un delito y que las personas homosexuales tienen derecho a una vida digna, con familia ya ser tratadas con respeto. No obstante, pese a las declaraciones de este Papa, la Iglesia Católica en general mantiene que los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”. Sin embargo, Francisco sostenía repetidamente que ser homosexual no es un delito y criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad.
También decía que las personas homosexuales tienen derecho a una vida digna, con familia ya ser tratadas con respeto. Con esa postura papal, en 2019, el Vaticano autorizó por primera vez la bendición de parejas homosexuales, aunque aclaró que eso no se debería confundir con el matrimonio.
Es cierto, con respecto a este tema, el Papa Francisco fue más inclusivo que sus predecesores, pero la lucha de grupos, sobre todo los tradicionalistas, dentro de la Iglesia Católica siguen manteniendo una postura más radical sobre la sexualidad y el matrimonio. Sin embargo, hay que reconocer que Francisco cimbró al catolicismo con una nueva visión, sin duda.
*Periodista con 49 años de experiencia; Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024; director general del 5to Poder Periodismo ConSentido .
*Periodista con 49 años de experiencia; Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024; director general de 5to Poder Periodismo ConSentido.
Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.
Opinión
¿PODRÁN SACAR CHATARRA DE ESCUELAS?

“La Última Palabra”
En los sexenios de Calderón y Peña Nieto lo intentaron, pero ConMexico se opuso y les ganó la batalla. ConMéxico es el rostro de las corporaciones de alimentos ultraprocesados que ha bloqueado repetidamente las políticas públicas para sacar de las escuelas los productos con etiquetas de advertencia para prevenir la pandemia de sobre peso, obesidad y diabetes que afecta a una de cada seis personas en México y que uno de cada dos niños y niñas va a desarrollar diabetes.
Ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum buscaron a esos mismos empresarios para supuestamente convertirlos en aliados, para erradicar los alimentos “chatarra” de las escuelas. ¿Podrán ahora sí?
La reunión que sostuvo el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo con los empresarios que producen precisamente esa comida “chatarra” causó natural escozor debido a que ellos producen los ultraprocesados que se venden en las tiendas escolares, mismos que deberán desaparecer a partir del próximo mes de mayo, de acuerdo a las reformas constitucionales y a las leyes de educación y salud, principalmente.
Se trata de las empresas Bimbo, Cocacola, PepsiCo, Oxxo , Nestlé, Kelloggs, Femsa, Unilever, Barcel, que han promovido amparos y campañas contra los intentos anteriores, alegando que van contra el libre comercio y que eran anti constitucionales.
Ahora Mario Delgado firma un acuerdo con este conglomerado, mediante el cual las empresas que lo conforman aportarán a las escuelas basculas, materiales para promover la activación física y compartir información de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en las escuelas.
El motivo que detonó la inconformidad es que Mario Delgado se percibe públicamente como una persona no confiable y se sospecha que ese acuerdo con las mega empresas tiene otros fines ocultos, ya que no se puede explicar que las empresas “chatarreras” apoyen acciones que van contra sus propios intereses, cuan do en anteriores ocasiones han cabildeado y lanzado campañas mediáticas que impidieron en el pasado implementar estas acciones que ahora se denominan bajo la estrategia “Vive saludable. Vive feliz”.
Ante la andanada que recibió Mario Delgado tuvo que responde el pasado domingo que “no habrá ningún paso atrás porque la ley no se negocia”.
Informó que ya se ha capacitado a un millón de personas en las escuelas sobre qué sí y que no se puede vender en las tiendas escolares e incluso dio a conocer el portal www.vidasaludable.gob.mx, donde se comparte información al respecto.
Sin embargo, con Mario Delgado al frente el problema es la desconfianza que existe sobre este tenebroso personaje que dejó un mal sabor de boca como presidente de Morena, a pesar de los buenos resultados electorales del 2024, mismo que se adjudican a la fuerza del obradorismo y no por, mejor dicho a pesar de, Mario Delgado. Son meses cruciales para este tercer intento de implementar una estrategia verdadera para enfrentar la epidemia de salud más grave en la historia moderna de México. Usted tiene la última palabra.
Por: Jorge A. Martínez Lugo
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