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Playas, entre lo bueno y malo

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Por Cliserio E. Cedillo Godínez

Es cierto que los ayuntamientos municipales tienen la obligación de brindar los servicios públicos que requieren los habitantes de una ciudad y contribuir con las autoridades estatales y federales para el mejoramiento de las necesidades básicas incumplidas, en cuanto a seguridad, salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable vivienda, recreación y deporte, sin menoscabo de su autonomía otorgada por la Constitución. Sin embargo, para que el municipio goce de su independencia requiere de recursos económicos que le permitan cumplir con su función de administrador de los servicios públicos, además de expedir los reglamentos necesarios y vigilas su cumplimiento.

Claro que para esto cobra impuestos, como el Predial que es el más importante, porque prácticamente es el sostén del aparato gubernamental que permite el funcionamiento municipal, además de otros gravámenes y cobros de autorizaciones o permisos, catalogados como derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, créditos y contribuciones especiales. Se puede decir que un ayuntamiento tiene muchos ingresos, pero no podemos afirmar que sean los necesarios para el buen funcionamiento de la administración municipal.

Pero qué pasa cuando un senador como José Luis Pech Varguez se le ocurre presentar una iniciativa, el pasado 29 de abril, que fue autorizada por la Cámara de Senadores para presentarse, en la cual se propone modificar los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales: para modificar el marco normativo actual para que la definición de playas marítimas tenga un parámetro más amplio, al proponer adicionar una faja de 10 metros a partir de la pleamar hacia tierra adentro, con el fin de garantizar el uso público, libre y gratuito de las playas; “también se propone modificar los límites de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) para que en lugar de tener una extensión de 20 metros de ancho de tierra firme, se reduzca a 10 metros, en función de los nuevos límites de las playas marítimas”.

Eso significa reducir a la mitad la Zofemat para añadir este 50 por ciento, o sea los 10 metros, a la franja de 10 metros a partir de la pleamar que se conoce como playa pública.

Es decir, la playa pública quedaría de 20 metros en lugar de 10, lo que sin duda es bueno para el público usuario, entre turistas nacionales y extranjeros. Solo que hay varios peros: en primer lugar, no se toma en cuenta a las autoridades municipales costeras, que son 10 en Quintana Roo (José María Morelos no tiene costa), ni a los empresarios hoteleros que pagan por el uso y disfrute de la Zofemat, aunque todos tengamos derecho a esas playas, pero no así al uso del equipamiento turístico particular, porque tiene un costo, con excepción del equipamiento instalado por el municipio.

Lo anterior, para el diputado federal Jesús Pool Moo, significa un duro golpe a los municipios, ya que asegura que al reducir a la mitad los espacios de playas administrados por la Zofemat, se reducen al 50 por ciento los ingresos municipales por este concepto y que representan más de 90 millones de pesos.
Ante esto el diputado federal hace un exhorto a la siguiente legislatura federal para no aprobar la iniciativa de reforma a la Ley General de Bienes Nacionales que refiere la modificación de la definición de playas marítimas para la reducción de 20 a 10 metros de ancho de tierra firme, que en la actualidad administra la Zofemat.

Es cierto, de acuerdo a como se plantea se causa una afectación muy importante en los ingresos municipales, por ello Jesús Pool hace un llamado a evitar que pase esa iniciativa de reforma y pide a las presidentas y presidentes municipales que no lo permitan y se opongan a esta reforma, porque perjudicaría a la economía de los municipios costeros. Pide que se manifiesten y manden un escrito a la Cámara de Diputados para evitar la aprobación de esta iniciativa.

Según el legislador federal, los municipios costeros quintanarroenses dejarían de percibir más de 90 millones de pesos, porque ya no captarían el 50 por ciento de recursos por el cobro de derechos del ayuntamiento y que se utilizan para infraestructura turística e incluso para la limpieza de las playas”.

Pero nos preguntamos ¿por qué no dicen nada los presidentes municipales ni los hoteleros? A la mejor reconocen que los ciudadanos ya merecían una reforma de este tipo, es decir, que les devuelva las playas perdidas… ¿No cree estimado lector?

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LA TRISTE 18ª LEGISLATURA FAST-TRACK

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“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• Regresa Jorge Sanén a ocupar la presidencia que le quitaron a la mala al PT.
• Renán Sánchez deja la jugocopo, aunque siempre estuvo en campaña en Cozumel.

Renán Sánchez Tajonar desde que llegó a la presidencia de la Jugocopo intensificó su campaña en Cozumel donde quiere ser presidente municipal como cuota de Jorge Emilio González. No se sintió su presencia; nada que destacar; se la pasaba en la Isla de las Golondrinas, al fin que el Congreso camina solo con una hegemonía de 24 de 25 escaños; sin debate, sin parlamento.

Al cumplirse el año del verde, entra al relevo el morenista Jorge Sanén Cervantes, por segunda vez, a ocupar la presidencia que correspondía por ley y arrebataron a la mala al Partido del Trabajo, el patito feo de la 4T quintanarroense, aunque la verdad, sus tres diputados llegaron con votos de Morena, basta revisar los resultados electorales 2024.

La actual legislatura cumple así su segundo tercio de vida, sin pena ni gloria, acostumbrada a aprobar nuevas leyes y reformas por “unanimidad y fast track”.

Pobreza legislativa, sin debate, imponiendo la “aplanadora” que representa tener 24 de los 25 legisladores a su favor, incluyendo a los dos del PAN entregados al poder y sin agenda legislativa propia.

En la triste 18ª Legislatura, la gran mayoría de las iniciativas ingresan al mediodía y en la tarde del mismo día son aprobadas por “unanimidad”; solo lectura y alzada de mano “a favor”.

Así es la “calidad” parlamentaria de Quintana Roo en estos tiempos de la 4T en Quintana Roo, que sigue confiando en el bono electoral morenista, que dilapidan cada vez más aprisa, rumbo a las elecciones de junio de 2027. Usted tiene la última palabra.
ooOoo

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Desconfianza de denunciar delitos

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

Los tiempos y las circunstancias que vive Quintana Roo afectan a la sociedad en su conjunto, no porque al grueso de la población le interese lo que sucede en la política, sino porque precisamente los que llegan por la política a puestos del gobierno, no cumplen con proporcionar calidad de vida para sus gobernados, al grado, que el poder adquisitivo cada vez se debilita.
Mientras un 30 por ciento de la población económicamente activa, está inmersa en una guerra política de la sucesión para la gubernatura, las presidencias municipales, las diputaciones federales y locales; el 70 por ciento está ocupada en llevar alimento y bienestar a sus hogares, lo que casa vez resulta más difícil y, sin temor a equivocarme, el 80 por ciento de estas personas tiene dos o tres “empleos” para poder completar su mensualidad.
La inseguridad es uno de los factores sociales que afectan al ciudadano, al empresario que sufre robo en su negocio, al transeúnte que es sorprendido por lo amante de lo ajeno y lo despoja de todo; pero que estos en su mayoría no son denunciados, solo nos llegan las estadísticas de ese 20 por ciento que se atreve a ir a las instituciones impartidoras de justicia, dato que es utilizado por dichas instituciones para hacer su reporte con fines informativos, luego entonces, no representa la realidad que se vive en las calles.
Además de la desconfianza por denunciar los delitos, las víctimas guardan silencio, solo algunas voces como las madres buscadoras son las que se escuchan y eso, que algunos funcionarios quieren acallarlas; nadie dice nada sobre los jóvenes que diariamente son levantados, sobre la falta de medicamentos en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel; del abandono en el que están las regiones, colonias y fraccionamientos de las cabeceras municipales.
Aunque considero que no le interesa tanto a la gente la cantidad de dinero que ejerce un municipio o estado, sino las obras de beneficio social, las obras públicas, que haya medicamentos, que tengan seguridad, reducir los tiempos de traslados de la casa al trabajo y que no existan escándalos de peculado o de cualquier otro tipo.
La crisis que viene, apenas empieza, no solo en el ámbito político, sino también en el financiero y, como dije al principio, solo un 30 por ciento de los quintanarroenses está interesado en esos temas; los demás, vivimos al día tratando de mejorar nuestra calidad de vida. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, estamos en la recta final de las administraciones del gobierno del Estado y de los 11 presidentes municipales; así como del ultimo año de ejercicio constitucional de la XVIII Legislatura; les corresponde pues, sembrar un precedente de que los quintanarroenses avanzamos en estos cinco y tres años, respectivamente. Al tiempo…

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