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Jueza determina que caso Beatriz Hernández fue suicidio

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Ciudad de México.- Un peritaje en tecnología fue determinante para que la jueza de control Rosa María López Aguilar resolviera que la causa del fallecimiento de la doctora Beatriz Hernández Ruiz fue un suicidio y no feminicidio.

Durante una audiencia que se prolongó más de 14 horas en los Juzgados penales del distrito de Mixquiahuala y estuvo bajo resguardo de la policía estatal, un perito en tecnología mostró videos del circuito cerrado del municipio, el cual muestra que la joven de 29 años, en estado de crisis, se coloca una tela blanca alrededor de su cuello, de 37 por 40 centímetros, trepa por los barandales de la galera y se deja suspender. 

Con base en las grabaciones expuestas durante el desahogo de pruebas, la primera persona que encuentra a la médica sentada de espaldas a la puerta de galera, inmóvil, es la directora de la corporación municipal, Estefanía H.D. Ella declaró que Beatriz, que había sido detenida, según los testimonios de los oficiales que atendieron en vía pública el percance, por alteración del orden, tenía la tela blanca alrededor del cuello y que su mano derecha la tenía ennegrecida, por la asfixia.

En ese momento, añadió, pidió ayuda a los demás oficiales y llamaron a protección civil. Uno de sus compañeros, Ismael, intentó desatar la tela, pero fue hasta instantes después que el comandante Antonio pudo quitarla; no obstante, ya no tenía signos vitales. 

Es cuando el papá de la víctima la observa en el piso mientras intentan practicarle maniobras de resucitación. Él había hablado con ella 15 minutos antes, le pidió que la sacara de ahí y afirma que estaba buscando la forma de hacerlo según los trámites del ayuntamiento.  

La doctora, egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y que hacía su residencia médica en el Hospital General de Pachuca, murió el 9 de junio. Por los videos de su detención, donde se observa el uso de la fuerza por parte de los agentes, colectivas feministas y sociedad civil protestaron para exigir el esclarecimiento de los hechos. 

La madrugada del 11 de junio siete servidores públicos de Progreso, adscritos como policías y trabajadores administrativos, fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado su posible responsabilidad en el delito de feminicidio. 

Chocan gobiernos estatal y municipal 
De opuestas filiaciones políticas, los gobiernos estatal (PRI) y municipal (Morena) se confrontaron públicamente por el caso de la médica Beatriz, se acusaron mutuamente de inacción, omisión, manipulación de los sucesos y de buscar rédito político a través de la víctima.  

El viernes 11 de junio, tras una manifestación para demandar una investigación apegada a derecho y sin irregularidades, personas incendiaron el Palacio Municipal de Progreso. Los colectivos feministas aseguraron que se habían retirado horas antes. El municipio acusó que estos actos fueron orquestados por el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, y acusó a la administración de Omar Fayad de usar políticamente este fallecimiento. 

La postura de la alcaldía a través de comunicados, que, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, revictimizó a la joven, también avivó la inconformidad, a través de marchas en Pachuca, en Progreso y durante el sepelio en Tezontepec de Aldama, lugar de origen de Hernández Regino.  

El lunes 14 de junio, en un acto público para dar inicio a la modernización de los taxis en el estado, el gobernador Fayad se pronunció sobre el caso: expresó su “repudió” por los hechos que derivaron en la muerte de Beatriz y aseguró que “en los separos de este municipio, arteramente un puñado de criminales privaron de la vida a una doctora que estuvo en la primera línea de la batalla contra el Covid-19”. 

Con esto, inclinó los hechos hacia la posible responsabilidad de los policías, cuando aun no se desahogaban todas las pruebas ante la juez durante la audiencia inicial.     

Ambos poderes, en esos momentos, sugirieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.  

Fuente Proceso 

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TREN MAYA RECIBE AUTORIZACIÓN FEDERAL PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLES DURANTE 15 AÑOS

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El Gobierno de México otorgó a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. permisos federales para operar, durante los próximos 15 años, el transporte de combustibles a través de la red ferroviaria del sureste, consolidando así una nueva etapa en la estrategia logística y de seguridad energética nacional. La autorización permitirá el traslado de diésel, gasolinas y otros productos derivados del petróleo, bajo estrictos lineamientos de seguridad, supervisión ambiental y control operativo.

De acuerdo con la resolución emitida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el permiso faculta al Tren Maya a ampliar su esquema de servicios más allá del transporte de pasajeros y carga general, integrando ahora el movimiento de energéticos en rutas estratégicas que conectan puertos, terminales y centros de distribución. Esta medida busca fortalecer la infraestructura logística del país, reducir costos de traslado y mejorar la eficiencia en el abastecimiento regional.

El proyecto contempla el uso de trenes especializados, equipados con sistemas de contención y monitoreo permanente, así como protocolos de emergencia coordinados con autoridades federales y estatales. La operación deberá cumplir con normas estrictas en materia de protección civil, impacto ambiental y manejo de sustancias peligrosas, lo que incluye auditorías periódicas y reportes obligatorios.

Con esta autorización, el Tren Maya se posiciona como un actor clave en el sistema ferroviario nacional, ampliando su capacidad para atender sectores estratégicos como el energético, industrial y portuario. La medida también refuerza la visión gubernamental de aprovechar la infraestructura ferroviaria para impulsar el desarrollo económico del sureste, mejorar la competitividad y garantizar un suministro más seguro y eficiente.

La autorización entra en vigor de manera inmediata y tendrá vigencia hasta 2041, con posibilidad de renovación conforme al desempeño y cumplimiento regulatorio.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS

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A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:

  1. SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
  2. EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
  3. EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
  4. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
    El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
    ¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
    Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
    UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.

Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.

Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.

Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.

Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.

Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.

Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.

Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.

Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.

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