Internacional
POR NARCOTRÁFICO, EU SENTENCIA A CADENA PERPETUA A HERMANO DEL PRESIDENTE DE HONDURAS
EU.- Un juez en Estados Unidos sentenció el martes a Tony Hernández, un hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a cadena perpetua más 30 años por crímenes de narcotráfico.
El juez Kevin Castel emitió su sentencia en un tribunal de Nueva York un año y medio después del juicio, que captó la atención de los medios de comunicación, porque los fiscales mencionaron repetidamente al presidente durante ese proceso, acusándolo de aceptar sobornos por parte de traficantes de drogas. Las acusaciones contra el mandatario han sido un dolor de cabeza para el gobierno de Honduras desde entonces: han proseguido a lo largo de los meses en documentos judiciales y se volvieron a repetir en otro juicio reciente a un supuesto narcotraficante llamado Geovanny Fuentes Ramírez.
El presidente Hernández y la Casa Presidencial de Honduras han usado Twitter para desmentir las acusaciones una y otra vez y llevaron a cabo una rueda de prensa la semana pasada. El mandatario asegura que las acusaciones son mentiras por parte de narcotraficantes y asesinos que quieren reducir sus sentencias. Hernández no enfrenta cargos, pero ha sido calificado como “co-conspirador” en el caso de su hermano.
De momento la administración del presidente estadounidense Joe Biden se ha limitado a decir desde Washington que cualquier acusación de actividad criminal es considerada como algo muy serio, pero no ha expresado mucho más sobre el caso. Un vocero del Departamento de Estado que no está autorizado a dar su nombre debido a políticas internas dijo a la AP que Estados Unidos trabaja con el gobierno de Honduras, la sociedad civil y sector privado para crear un mejor futuro para el pueblo hondureño.
Las acusaciones de los fiscales, sin embargo, han tenido consecuencias.
Un grupo de senadores presentó recientemente un proyecto de ley que busca aislar al presidente Hernández. El proyecto de ley pide a Biden que imponga sanciones contra Hernández y determine si es un “traficante de narcóticos especialmente designado”, lo que significaría que sus bienes podrían quedar congelados y se le prohibiría la entrada a Estados Unidos.
Según los fiscales, Hernández recibió varios pagos de narcotraficantes a cambio de garantizarles la protección del gobierno hondureño. El dinero, dicen los fiscales, servía para financiar campañas electorales y comprar votos de políticos del Partido Nacional para ayudar así al presidente y otros.
Un ex narcotraficante que testificó en el juicio a Tony Hernández aseguró que el presidente recibió un pago de un millón de dólares por parte del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. El supuesto pago se hizo en 2013 a través de Tony Hernández, dijeron. Ese año Hernández era candidato a la presidencia.
Peter Brill, abogado de Tony Hernández, dijo la semana pasada que las acusaciones de Estados Unidos contra su cliente por narcotráfico son un claro intento de implicar al mandatario e intervenir en Honduras para cambiar el gobierno del país centroamericano. Brill dijo que al arrestar y acusar al hermano del presidente en un claro intento de implicar al mandatario, Estados Unidos intentó violar “la soberanía” de Honduras.
“Este caso es otro en una larga fila de desventuras de intervención en política exterior llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos, esta vez para cambiar un régimen a los niveles más altos en Honduras”, escribió Brill.
Los fiscales del caso pidieron cadena perpetua para Tony Hernández por dirigir “una asociación delictuosa de narcotráfico auspiciada por el Estado” junto con el presidente Hernández. También quieren que Tony Hernández devuelva 138,5 millones de dólares de “dinero de sangre” producto de sus operaciones de narcotráfico, y pague una multa adicional por 10 millones de dólares.
Fuente: Reporte Índigo
Internacional
REACCIONES INTERNACIONALES ANTE EL JUICIO A MADURO SACUDEN EL TABLERO GEOPOLÍTICO
La apertura del juicio internacional contra Nicolás Maduro ha desencadenado una ola de reacciones diplomáticas, políticas y mediáticas en distintas regiones del mundo, evidenciando el profundo impacto que este proceso tiene sobre el equilibrio geopolítico y las relaciones multilaterales. Mientras organismos internacionales destacan la relevancia histórica del caso, gobiernos aliados y críticos del mandatario venezolano han emitido posturas que reflejan tensiones acumuladas durante más de una década.
En Europa, varias cancillerías han subrayado la importancia de que el proceso judicial avance con independencia, transparencia y apego al derecho internacional. Diversos gobiernos europeos consideran que el juicio podría marcar un precedente significativo en materia de responsabilidad estatal y derechos humanos. Analistas del continente señalan que la Unión Europea observa el caso con especial atención, dado su papel en los últimos años como mediador en las negociaciones políticas venezolanas.
En América Latina, las reacciones han sido particularmente intensas. Países que han mantenido una postura crítica hacia el gobierno venezolano han respaldado la apertura del juicio, argumentando que representa una oportunidad para esclarecer denuncias históricas y fortalecer la institucionalidad regional. Por otro lado, naciones que han sido aliadas políticas de Caracas han manifestado preocupación por lo que consideran una posible “instrumentalización judicial” con implicaciones geopolíticas. Esta división vuelve a poner en evidencia la fragmentación ideológica del continente.
Estados Unidos, por su parte, ha reiterado que seguirá de cerca el proceso y ha insistido en la necesidad de que se garantice justicia para las víctimas. Voceros estadounidenses han señalado que el juicio podría influir en futuras decisiones diplomáticas y económicas relacionadas con Venezuela.
En organismos multilaterales, la discusión también ha escalado. Expertos en derecho internacional han destacado que el caso podría redefinir los límites de la jurisdicción internacional en situaciones donde se alegan violaciones sistemáticas. Asimismo, organizaciones de derechos humanos han celebrado el avance del proceso, considerándolo un paso clave para la rendición de cuentas.
Mientras tanto, en Venezuela, el juicio ha generado reacciones encontradas. Sectores opositores lo ven como un avance hacia la justicia internacional, mientras que el oficialismo lo denuncia como un ataque político. La población, en medio de la incertidumbre, observa con atención un proceso que podría tener repercusiones directas en el futuro político y económico del país.
El juicio a Maduro no solo se desarrolla en tribunales, sino también en el escenario global, donde cada declaración, postura y análisis refleja la complejidad de un caso que trasciende fronteras y redefine alianzas.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Internacional
NICOLÁS MADURO SE DECLARA INOCENTE ANTE NUEVAS ACUSACIONES INTERNACIONALES
En un mensaje que ha generado reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y diplomáticos, el presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró inocente frente a las recientes acusaciones internacionales que lo señalan por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción dentro de su administración. La declaración, emitida durante una transmisión oficial desde Caracas, fue presentada como una respuesta directa a los señalamientos de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros que han intensificado su presión en las últimas semanas.
Maduro afirmó que las acusaciones forman parte de lo que describió como “una campaña sistemática de desestabilización” en su contra, impulsada —según él— por intereses externos que buscan interferir en la soberanía venezolana. “No he cometido ningún delito. Soy inocente y víctima de una persecución política internacional”, expresó con firmeza, asegurando que su gobierno ha actuado “en estricto apego a la ley y a la defensa del pueblo”.
La declaración ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática. Diversos informes internacionales han documentado denuncias de represión, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. Aunque el gobierno venezolano ha rechazado reiteradamente estos reportes, la presión internacional ha aumentado, especialmente tras nuevas investigaciones que apuntan a altos funcionarios del Estado.
Analistas políticos señalan que la postura de Maduro busca reforzar su legitimidad interna y proyectar una imagen de estabilidad frente a la comunidad internacional. Sin embargo, opositores venezolanos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la veracidad de sus afirmaciones, insistiendo en que las denuncias están respaldadas por testimonios, documentos y observaciones independientes.
Mientras tanto, gobiernos de la región observan con cautela el desarrollo de los acontecimientos. Algunos han pedido una investigación imparcial, mientras otros han reiterado su apoyo al gobierno venezolano, subrayando la importancia de evitar intervenciones externas que puedan agravar la crisis política y social del país.
La declaración de inocencia de Maduro abre un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre Venezuela y la comunidad internacional. En los próximos días se espera que organismos multilaterales emitan nuevas posturas, mientras la oposición venezolana prepara pronunciamientos adicionales. El escenario político continúa en tensión, y la atención global permanece fija en Caracas.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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