CDMX.- Tras 159 días de plantón, comuneros de San Miguel Xaltocan desalojaron las 128 hectáreas donde se construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que reclamaban como suyas.

Los habitantes de esta comunidad otomí, perteneciente al municipio de Nextlalpan, Edomex, llegaron a un acuerdo de 12 puntos con el gobierno federal, con lo que la Sedena tomó posesión del terreno ayer al mediodía e inició los trabajos de la nueva terminal aérea.

Excélsior reveló el 20 de julio la disputa entre comuneros y la Sedatu por la posesión de las 128 hectáreas, declaradas terreno nacional el 26 de abril de 2019.

En el acuerdo, cuya copia posee este diario, el gobierno federal se compromete a realizar en la comunidad obras de infraestructura por 384 millones de pesos. Otros consensos pactados son la celebración de una asamblea para que los comuneros refrenden o no a Juan Paredes como su representante y que el personal de la Sedena que trabaja en esa parte de la obra respete el término de la siembra y la cosecha de cebada que se desarrolló en 70 de las 128 hectáreas, que estarían por concluir en dos semanas más.

Los comuneros retiraron la carpa que habían instalado en el terreno donde se construye el Aeropuerto Felipe Ángeles. Uno de los puntos del acuerdo es que se les dará una compensación por los terrenos/ Foto: Especia

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomó posesión ayer al mediodía de las 128 hectáreas donde se construirá el aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, y que comuneros de San Miguel Xaltocan tenían en su poder desde el 8 de junio pasado.

Los trabajos para la nueva terminal aérea en ese predio del municipio de Nextlalpan, Estado de México, arrancaron de inmediato. Y estos fue posible ya que el gobierno federal y comuneros de San Miguel Xaltocan suscribieron un acuerdo de 12 puntos, del que Excélsior tiene copia.

Una parte del grupo de 722 comuneros de ese pueblo de origen otomí —a quien el gobierno se comprometió a entregar bajo la figura de titulación social 617 hectáreas que han poseído históricamente—, tomaron otras 128 hectáreas donde se proyecta la construcción de la entrada principal de la nueva terminal aérea, para reclamar una indemnización por ese predio, que fue declarado terreno nacional el 26 de abril de 2019, junto con las 617 hectáreas.

Ante la imposibilidad jurídica de entregar una indemnización, pago o cualquier tipo de retribución por las 128 hectáreas de terreno nacional, se llegó al acuerdo de una compensación. Éste es el punto cuatro de los doce a los que llegaron la Secretaría de Gobernación, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con los comuneros.

Por Gobernación firmó el acuerdo Rabindranath Salazar Solorio, titular de la subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos; por Sedatu, los subsecretarios Daniel Fajardo Ortiz, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Ordenamiento Territorial, Ricardo Cervantes Peredo; por la CND, Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de derechos indígenas y, por los comuneros, José Luis González Martínez.

Se tiene agendado un acto protocolario para el próximo martes en las instalaciones de Gobernación.

El gobierno federal, vía estas tres instancias, se comprometió a realizar obras de infraestructura, con valor de 384 millones de pesos. Las obras a desarrollar a partir de diciembre próximo y hasta 2023, serán propuestas y saldrán de las 4 mesas de trabajo que existen desde los acuerdos del 10 de marzo del año pasado.

Como parte de los acuerdos es que 12 de los integrantes del campamento que se desmontó ayer se integrarán a esas cuatro mesas de trabajo: tierras, agua, infraestructura y desarrollo.

La cantidad establecida de 384 millones para las obras, es a partir de una especie de compensación, por el valor comercial de un millón 280 mil metros cuadrados, en razón de 300 pesos por metro cuadrado.

Otro de los puntos fundamentales del acuerdo es el primero. Éste consiste en la celebración de una asamblea entre los 722 comuneros para que refrenden o no a Juan Paredes como su representante o sea elegido otro.

Entre los 12 puntos suscritos por el gobierno federal está que los efectivos de la Sedena que trabajan en esta parte de la obra del aeropuerto respetarán el término de la siembra y la cosecha de cebada que desarrollaron en unas 70 hectáreas de las 128 y que estaría por concluir en dos semanas más. Serán los propios comuneros los encargados de cosechar, ya que el gobierno se negó a comprar la cosecha a los de Xaltocan.

Una vez que surtió efecto el acuerdo y el campamento fue desmontado, los trabajos para la construcción de lo que será la entrada principal del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles podrán seguir adelante, después de 157 días detenidos; hace dos semanas, maquinaria operada por elementos del Ejército Mexicano, ya había empezado a trabajar en los cimientos de la barda perimetral de esa zona del aeropuerto.

No obstante, la liberación de este predio de 128 hectáreas de terrenos nacionales, así declarados por la Sedatu, desde el 26 de abril de 2019, aún tiene pendientes los juicios que reclaman la propiedad de ese terreno.

Se trata de Inmobiliaria Zumpango, que calcula que es propietaria de una parte de 80 hectáreas de esas 128 hectáreas y, la otra, de Raúl Romero Zenizo.

Durante el desarrollo de las negociaciones, los representantes gubernamentales, según los comuneros, la titulación de 617 hectáreas entre el grupo de 722 comuneros avanza, ya que, según el gobierno, de los tres amparos que existían para reclamar la propiedad de ese terreno, solamente uno está activo y contemplan muy difícil que pueda acreditar la propiedad, por lo que la declaratoria de terreno nacional quedará firme y así se podrá titular como propiedad social a los comuneros que desde hace décadas buscan tener esa tierra en propiedad.

De acuerdo con testimonios de los comuneros que ayer desalojaron el campamento, van a estar muy pendientes de que los acuerdos se cumplan, ya que los que tuvieron desde el 10 de marzo del 2019, con motivo de la consulta indígena, aún no se han cumplido.

Por eso, los comuneros avisaron a los representantes del gobierno federal que firmaron el acuerdo, que desde luego tiene mecanismos para ejecutar si no se cumple con los compromisos.