En los señalamientos se agrega que no se autorizaron más de 23 mil (40 por ciento) de las operaciones validadas por los médicos y se autorizaron inversiones a 31 proyectos de salud sin embargo esos no se ubicaban en entidades federativas, municipios o localidades de alta o muy alta marginación social.

El documento señala que existe “deficiencias en el diseño de las reglas de operación del fideicomiso, así como en los datos contenidos en los sistemas informáticos del INSABI, referentes a las intervenciones validadas, autorizadas y pagadas”.

También “carencia de indicadores y parámetros para valorar la oportunidad con que se financiaron las intervenciones, y la falta de vigilancia del cumplimiento de los fines del fideicomiso”, por lo que no se acreditó en qué medida, en la aplicación de recursos para apoyar económicamente a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que padecieron enfermedades que implicaron gastos catastróficos, el fideicomiso resultó ser “un mecanismo ágil y transparente”.

Plantea que en el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró que en el mecanismo sustituto del Seguro Popular no se definió de manera precisa a la población objetivo, porque no se establecieron los criterios de selección para atender a las personas que no estaban afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) o apoyar a las entidades federativas que no están clasificadas con mayor grado de marginación.

“No incluyeron criterios para que los responsables ajustaran las modalidades de la operación del fideicomiso o decidir sobre su cancelación y no se incluyeron procedimientos para llevar a cabo el registro y utilización de los recursos provenientes de las aportaciones adicionales”, lo que en el día a día provocó la demanda de nuevos servicios o la ampliación de tratamientos de pacientes que se observaron a principios de 2019 sin que obtuvieran respuesta.

Oficialmente el 29 de noviembre de 2019, el Gobierno Federal dio por finalizado el Seguro Popular y en su lugar dio paso al Fondo de Salud para el Bienestar, por medio del cual se financiará la atención de las enfermedades que provocan gastos catastróficos entre los mexicanos.

Al cierre de 2019 señala que ese fondo contó con 105 mil 873 millones 314.4 mil pesos, superior en 14 por ciento a la disponibilidad reportada al cierre de 2018, la cual fue de 92 mil 880 millones 926.2 mil pesos. Por lo que se refiere al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual se estableció como un fondo de reserva destinado al apoyo económico para la atención integral de las intervenciones consideradas como gastos catastróficos, incluyendo los tratamientos, medicamentos e insumos para diagnósticos, así como al desarrollo de la infraestructura de alta especialidad y de nuevas tecnologías.

Refiere que las unidades médicas validaron, en el Sistema Integral de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC), 64 mil 568 intervenciones, entre ellos, tratamientos, cirugías, medicamentos e insumos que se otorgaron a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, lo que representó un monto de 3 mil 068 millones 969.6 mil pesos.

Sólo que de esas más de 64 mil intervenciones validadas por las unidades hospitalarias para ser apoyadas con el fondo, en 2019 el Comité Técnico únicamente autorizó 59.2 por ciento (38 mil 213 intervenciones), por un monto de mil 996 millones 346.4 miles de pesos, que representó 64 por ciento de lo sufragado en esas unidades médicas.

“En tanto que 40.8 por ciento (22 mil 919 intervenciones) quedó pendiente de autorización, y 0.7 por ciento (440 intervenciones) no fue autorizado”.

También describe que de las intervenciones pagadas por el fondo de gastos catastróficos en 2019, el sistema de seguimiento “no contiene dicha información, debido a las limitaciones del sistema. Al respecto, el instituto remitió la base de datos Casos pagados 2019”.

Se identificó también falta de integración de 59 mil 571 casos de intervenciones con estatus de “pagado” con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ya que sólo se proporcionó la base de datos de 72 mil 297 casos de intervenciones que fueron autorizadas para su financiamiento.

Incluso se reporta hasta agosto de este año 2020 pagos pendientes del INSABI a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos por 324 millones 731.6 miles de pesos correspondientes a 12 mil 726 casos de intervenciones, dentro de las cuales se encuentran 412 casos por 39 millones 383.5 mil pesos y mil 713 intervenciones por 124 millones 750.1 mil pesos del prestador de servicios FUCAM.

Respecto a las obras de infraestructura, mediante las subcuentas “Alta especialidad” e “Industria tabacalera”, se transfirieron recursos por un monto de mil 495 millones 509.3 mil pesos a las unidades hospitalarias para 30 proyectos multianuales, autorizados en el periodo 2014-2018, para el desarrollo de infraestructura de unidades de alta especialidad y para la adquisición de nuevas tecnologías.

Pero de los 30 proyectos financiados, “11 no se incluyeron en el Plan Maestro de Infraestructura 2019, por lo que no se acreditó la racionalización de la inversión en infraestructura de instalaciones médicas de alta especialidad en esos proyectos”.

Fuente el Sol de México