Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, encabezó el bloque de seis ministros que dio luz verde a la consulta. Al inicio del debate, demandó a sus compañeros no desaprovechar la oportunidad histórica de maximizar los derechos ciudadanos, pues no iban a resolver un asunto jurisdiccional, sino político y relacionado con la consolidación de la democracia. Lo respaldaron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán.

Las preguntas en cuestión

LA ANTERIOR:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

LA NUEVA:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Dan luz verde a consulta, pero sin nombrar a expresidentes

Seis de los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN aprobaron la petición del Ejecutivo, bajo el argumento de que se trata de una forma de consolidar la democracia.

En medio de una votación dividida, una mayoría de seis integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la consulta popular planteada por el presidente de Andrés Manuel López Obrador para preguntar a los mexicanos si debe o no investigarse a sus antecesores.

Sin embargo, para evitar violaciones a los derechos humanos y a las garantías legales de las posibles víctimas y posibles indiciados, ocho de los once ministros cambiaron en su totalidad la pregunta propuesta por el jefe del Ejecutivo federal, al considerar que era tendenciosa.

En consecuencia, la pregunta que se formulará a los ciudadanos será la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”.

Además de que las autoridades de procuración e impartición de justicia no quedarán obligadas a emitir un fallo en contra de alguno de los expresidentes, si es que el resultado de la consulta es en favor de investigar a los exgobernantes.

Al iniciar la discusión, el ministro presidente, Arturo Zaldívar —quien siempre expone al final de las sesiones de la Corte— demandó a sus compañeros no desaprovechar la oportunidad histórica de maximizar los derechos ciudadanos, pues no iban a resolver un asunto jurisdiccional, sino político y relacionado con la consolidación de la democracia mexicana.

De manera similar, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yazmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán respaldaron los argumentos del presidente de la Corte y destacaron que no se puede disminuir la libertad de los ciudadanos para opinar sobre asuntos de esta relevancia.

Sostuvieron que el proyecto de Aguilar Morales restringía el propósito de la consulta popular e incluso apuntaron que siendo una facultad “extraordinaria” de la Corte el pronunciarse en asuntos como éste, deben de actuar como “guardianes de la democracia participativa y observantes de la ley cuando el expediente llegue al tribunal”.

Por el contrario, los cinco ministros que votaron en contra de la consulta  fueron coincidentes en que violenta los principios de presunción de inocencia, igualdad y debido proceso; además de generar desconfianza hacia las autoridades.

De manera expresa, los ministros Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández advirtieron que “la justicia no se consulta” y que los impartidores de justicia no son designados en sus cargos para alcanzar popularidad, a diferencia del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Además de Laynez Potisek y Norma Lucía Piña, los ministros que se pronunciaron en contra de la realización de la consulta fueron: el ponente, Luis María Aguilar Morales; José Fernando Franco González y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

“LOS MINISTROS CAMBIARON LO CONSTITUCIONAL POR LO POPULAR”
Con el fallo que declara constitucional la propuesta de consulta popular del Ejecutivo, la Suprema Corte “decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad”.

Así lo consideró la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) en un posicionamiento emitido ayer.

“Al adoptar una decisión sin argumentos, (la Corte) no sólo se dio la espalda a sí misma y a sus decisiones precedentes en la materia, sino que le dio la espalda a la imparcialidad con el ánimo de evitar confrontación con el poder político, perdiendo en ello su independencia”, indicó el texto, firmado por su presidente, Héctor Herrera.

“La democracia implica votaciones, disensos, confrontaciones, negociaciones y acuerdos, pero también implica el respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado mexicano. Perder eso de vista transformará a nuestro tribunal constitucional en un juzgado de trámite”, agregó.

Al destacar que la consulta popular también debe estar sometida al respeto y protección de los derechos humanos, la BMA exhortó al poder judicial de la Federación “a estar a la altura de los retos que vive México y a defensa de nuestra Constitución y, con ello, de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos”.

“CEDIERON A PRESIONES”
Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús Zambrano, y de MC, Clemente Castañeda, rechazaron la resolución de la Suprema Corte para consultar a la población sobre si se deben esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados, al considerar que es un distractor electoral.

Cortés Mendoza dijo que la resolución y la pregunta planteada para una consulta popular “es muy lamentable”, porque resulta una clara estrategia electoral del gobierno y su partido.

“Esta consulta a todas luces es ilegal e inconstitucional y es muy penoso que algunos ministros se presten a las artimañas electorales. Además de que con esta decisión se vulneró la autonomía de la Suprema Corte y quedó en evidencia que está sometida a las presiones del Ejecutivo”, sentenció.

En tanto, Clemente Castañeda ironizó sobre el resolutivo de la SCJN, al escribir en su cuenta de Twitter: “México, donde la ley se aplica… previa consulta popular”.

Por su parte, Jesús Zambrano consideró que la mayoría de los ministros se dobló ante presiones externas.

CRITICAN EMPLEO POLÍTICO DE LA JUSTICIA
Actores políticos y especialistas en derecho lamentaron que la Suprema Corte declarara constitucional la consulta popular solicitada por el Presidente de la República para preguntar a la ciudadanía si debe investigarse el proceder de exmandatarios mexicanos.

Las críticas se concentraron en los seis ministros de la Corte que votaron en favor de la consulta, en especial en el Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

“El presidente de la @SCJN hoy perdió el respeto de los juristas y de los ciudadanos que teníamos la esperanza de que el Poder Judicial se mantuviera independiente”, escribió en Twitter el exdiputado Fernando Belaunzarán.

En tanto, Arturo Espinosa, experto en derecho constitucional, consideró que en la decisión de la Corte imperó la política sobre el Estado de derecho, “en un tribunal que debe ser eminentemente jurídico”.

“Una mayoría de ministros y ministras optó por hacer vericuetos para argumentar la validez constitucional de un tema que es claramente inconstitucional”, subrayó.

ACUSAN ATENTADO A LA DIVISIÓN DE PODERES
Legisladores del PAN y PRI expresaron críticas a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de considerar constitucional en tema de la consulta popular, pues sostuvieron que contraviene la Carta Magna y la decisión atenta contra la división de poderes, pues la justicia no se somete a votación.

En sus redes sociales, los legisladores federales coincidieron en que se trata de un día triste para la justicia en México.

La priista Claudia Ruiz Massieu expresó que “la aplicación de la ley no puede depender de la decisión por consulta de una mayoría ciudadana, porque atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso. El Estado de derecho, la certidumbre jurídica, los derechos humanos y el régimen democrático se vulneran cuando se pretende poner las instituciones al servicio de agendas políticas personales”, dijo.

En tanto, su compañera Claudia Anaya expresó que “no se debe someter a consulta la investigación de delito, ello desnaturaliza la finalidad constitucional del debido proceso. O mejor sí, hay que consultar la aplicación de la justicia, porque prevalece el derecho del pueblo al circo, que la legalidad”, ironizó.

Por su parte, el líder de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, lamentó que los ministros supeditaran “la aplicación de la justicia al capricho y la política. Un atentado más a la división de poderes.”