CANCÚN (Germán Arreola).- La Cámara Internacional de Comercio en México (International Chamber of Commerce, ICC por sus siglas en inglés) México considera que la pandemia por la covid-19 no debe ser usada como excusa del gobierno de México para para dar marcha atrás a la conversión a energías renovables para reimpulsar dos monopolios.

De acuerdo con María Fernanda Garza Merodio, presidenta de la ICC, la intención de Andrés Manuel López Obrador es reimpulsar “las dos empresas insignia del Estado: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), en perjuicio de la economía del país, el medio ambiente y la confianza de los inversores extranjeros” en el país.

El golpe lanzado el 29 de abril desde el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y asestado el 15 de mayo por la secretaría del ramo (Sener) tiene antecedentes en la promesa de campaña del actual presidente de rescatar a la CFE y Pemex, pasando por decisiones como la cancelación de la licitación para las redes de transmisión en Baja California y el cambio de las reglas del juego en materia de certificados de energía limpia.

Los certificados le iban a dar viabilidad financiera a buena parte de los proyectos de energías limpias, al abrir la entrada al mercado a la paraestatal. La decisión del Cenace, a raíz de dos suspensiones provisionales obtenidas por empresarios del sector, reactivará las pruebas preoperativas en 23 parques, comentó la empresaria.

“Se trata de 10 centrales fotovoltaicas y siete eólicas en diferentes partes del país. Esa decisión podría ser una aceptación gubernamental de la ilegalidad e inconstitucionalidad de la medida, aunque la decisión final la tomará el juzgador el lunes 25 de mayo.”

Sin embargo, aún queda el acuerdo de la Sener que da facultades a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Cenace para nuevos lineamientos de confiabilidad en los que podrán negar o no, de forma discrecional, la interconexión al sistema y la participación de los proyectos que consideren con base a sus criterios contrarios al marco legal de la electricidad.

Para la Cámara Internacional de Comercio es preocupante la falta de estado de derecho porque la emisión, publicación e implementación pretendida de la política por parte de la Sener presenta irregularidades y violaciones formales y sustanciales a la Constitución; entre otras, la política emitida en el acuerdo del 15 de mayo.

“No sigue reglas mínimas que aplican al debido análisis y publicación de la política y su entrada en vigencia y efecto; interfiere con la autoridad constitucional y legal conferida exclusivamente y específicamente en otros reguladores y autoridades del sector, y sobrepasa el trabajo legislativo del Congreso de la Unión, quien sí está facultado para cambiar la norma.

“Traiciona el mandato de la Sener y la responsabilidad de implementar una política energética integral consistente, con un enfoque holístico y cobertura constitucional; viola los principios básicos de la libre competencia, al incorporar tratamientos discriminatorios entre los participantes de la venta al por mayor en el mercado de electricidad”, entre otros.

Es importante señalar que la CFE utiliza el combustóleo que Pemex produce y no tiene dónde venderlo; en consecuencia, los acuerdo Cenace y Sener son favorables a Pemex, en la medida en que promueven la adquisición continua de su combustible, en un momento en el que los precios internacionales del petróleo se han reducido significativamente.