CHETUMAL, 26 DE FEBRERO DE 2020.- A través de un comunicado se dio a conocer que las líneas de investigación en contra del expresidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinoza Abuxapqui siguen vigentes, mientras que la última solicitu de amparo para evitar ser detenido le fue negado, por lo que tanto la Interpol, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Quintana Roo se encuentran en su búsqueda.

El exalcalde enfrenta cargos por los delitos de desempeño irregular de la función pública y peculado que presuntamente cometió en 2015, ambos denunciados por la síndico municipal Marcela Rojas López.

Nancy Ortiz Chavarría, Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, estableció que sobre el exalcalde pesan dos órdenes de aprehensión, una del juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal (girada el 12 de septiembre de 2017), y del Juzgado de Control y Tribunal del Juicio Oral Penal de primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal (23 de noviembre de 2017).

Las conductas ilícitas que se le atribuyen al ex servidor público se configuraron presuntamente por la firma de un contrato de prestación de servicios con una empresa moral no inscrita en el padrón de proveedores y cuyo monto excedió “por mucho” lo dispuesto por la normatividad.

Según la denuncia interpuesta el dos de junio de 2017, el contrato debió celebrarse a través de una licitación para que el servicio se otorgara mediante adjudicación, lo cual no ocurrió porque el entonces alcalde y otro servidor público dispusieron de los recursos económicos que pagaron mediante dos transferencias bancarias realizadas el 10 de diciembre de 2015 y el 1 de marzo de 2016.

Para la Juez de Distrito existen indicios razonables y suficientes para acreditar la existencia de los hechos que la ley señala como probables conductas ilícitas, aunque la etapa procesal se encuentra en investigación sin que se haya iniciado el juicio oral penal para determinar todavía la responsabilidad de ex servidor público.

De acuerdo con los datos de prueba contenidos en la carpeta administrativa, las órdenes de detención estuvieron justificados ya que el inculpado ha viajado al extranjero y tiene facilidad para poder salir del país, cuenta con diversas propiedades en diferentes distritos judiciales del Estado con lo que tiene facilidad de cambiar de residencia y no se le ha visto en su domicilio habitual desde hace meses.

Las pistas recopiladas indican que Espinosa Abuxapqui abandonó México en nueve ocasiones entre 2011 y 2017, el tres de enero y 20 de octubre de 2011, el ocho de agosto de 2012, el 22 de enero de 2013, el cuatro de enero y 31 de diciembre de 2014, el 31 de marzo y dos de diciembre de 2016 y 10 de mayo de 2017, las dos últimas fechas ocurrieron después de los hechos que se le imputan.

La Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región resaltó que en caso de mandar citar al inculpado para que comparezca y responda por los hechos que se le atribuyen “no va a comparecer”, de ahí que la única forma es mediante una orden de aprehensión.

Al analizar los conceptos de supuesta violación legal que invocó el inculpado, la impartidora de justicia resolvió en el cuaderno auxiliar en materia penal, número 371/2019, que “se impone negar el amparo y protección que de la Justicia Federal”, cuya negativa también se hizo extensiva contra la pretendida acción de impedir a las fiscalías ejecutar la detención.

El exedil ha sido requerido a comparecer ante un juez de Control, sin embargo buscaba a través de un amparo evitar ser requerido e impedir el embargo de sus bienes o evitar el congelamiento de cuentas bancarias y la intervención de sus propiedades.

Fuente Luces del Siglo / Comunicado