CANCÚN, 17 DE FEBRERO DE 2020.- Representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtieron que cuentan con 400 amparos contra la aplicación del artículo 135 de la Ley de Hacienda toda vez que luego de las reuniones con diputados y autoridades municipales no se ha tenido una respuesta formal.

De acuerdo a un comunicado, señalaron que su inconformidad la han manifestado respecto a las modificaciones del artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, a través de reuniones y peticiones escritas que hemos dirigido a la Presidente Municipal, Regidores y Síndico del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, y al Congreso del Estado. En específico, lo siguiente:

• En fecha 13 de Enero de 2020, se tuvo una reunión con la Presidente Municipal, el representante de SIRESOL, y los representantes de las cámaras empresariales, para comentarle a las respectivas autoridades que la modificación al artículo 135 de la Ley de Hacienda Municipal tenía una serie de irregularidades que recaían en la ilegalidad.

• En fecha 14 de Enero de 2020, se tuvo una reunión con la empresa concesionaria y SIRESOL, junto con las cámaras empresariales, hoteleros, y otros empresarios, en la misma, los representantes de la concesionaria expusieron las características de los contenedores, en que consistirá esta imposición, y la problemática de la basura. Existieron demasiadas inquietudes y cuestionamientos por parte de las personas que acudieron a la junta, sin embargo, en la misma no se pudo llegar a algún acuerdo.

• En escrito de fecha 15 de Enero de 2020, les manifestamos a los Diputados de la Comisión Permanente del Congreso, nuestra inconformidad con lo previamente planteado, y le solicitamos como propuesta, que se modificara el artículo 135 para que quedara como se planteó en la iniciativa aprobada por el Cabildo (quitando la parte de “créditos fiscales”).

• En escrito de fecha 20 de Enero de 2020, le solicitamos a la Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría General y Regidores, que debido a las manifestaciones e irregularidades previamente planteadas, suspendiera el “sitio web” que promueve el pago de derechos de recolección de basura junto con la renta de los contenedores por tener una serie de irregularidades graves. En el mismo escrito solicitamos que el cobro de los adeudos, actualizaciones y multas no gozaran el carácter de créditos fiscales, sino únicamente a cargo del Municipio, por ser el único facultado para el cobro de los mismos.

• En fecha 23 de Enero de 2020, se llevó a cabo la reunión mensual del CCE, donde acudió el representante de la empresa concesionaria “Ecox”, SIRESOL, las cámaras empresariales y empresarios, para entablar comunicación y llegar a respectivos acuerdos, sin embargo no se pudieron realizar los mismos, toda vez que, se insistió en que el origen de la imposición de los contenedores inteligentes era ilegal, y no se podían aceptar acuerdos particulares, toda vez que, la transparencia debe ser esencial.

• En fecha 25 de Enero de 2020, mediante desplegado, se publicó en el Periódico “Novedades” un comunicado dirigido a la Presidente Municipal y a los Diputados del Congreso del H. Estado de Quintana Roo, en el que expresamos 15 irregularidades que recaen en la ilegalidad del artículo 135 de la Ley de Hacienda Municipal.

• En escrito de fecha 29 de Enero de 2020, le solicitamos a la Presidente Municipal, Síndico Municipal y Regidores del Municipio, que a su vez, le solicitaran al Congreso la modificación del artículo 135 por ser poco transparente y gozar de irregularidades.

• En fecha 31 de Enero de 2020, se presentó un escrito a cada uno de los Diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, solicitando que cada uno manifestará por escrito si fueron ellos quienes solicitaron la modificación del artículo 135 de la Ley de Hacienda Municipal.

• En fecha 31 de Enero de 2020, se efectuó una rueda de prensa, donde las principales cámaras empresariales expresaron un completo rechazo respecto a las modificaciones que se realizaron en el artículo 135 de la Ley de Hacienda Municipal, con la imposición de la renta de los contenedores, asimismo, se expresó la posibilidad de interponer demandas de Amparo contra las autoridades correspondientes sino se efectuaba una iniciativa apegada a la Ley.

• En fecha 5 de Febrero de 2020, se tuvo una reunión con la Presidente Municipal para trabajar en conjunto, una iniciativa del artículo 135 que tomara en cuenta los comentarios del empresariado.

En la misma fecha, se tuvo una reunión por la tarde, con 16 Diputados del Congreso del Estado de Quintana Roo, en donde se expresaron los puntos de vista del Municipio, de los mismos Diputados y del empresariado respecto a las actuales irregularidades que en el tema de la basura, y posibles soluciones.

• En fecha 6 Febrero de 2020, se realizó la sesión de Cabildo en el Ayuntamiento de Benito Juárez, en la misma, la Presidente Municipal mencionó que los contenedores iban a ser “opcionales” y que iban a retirar la obligatoriedad de “rentarlos” de la Ley.

En la misma fecha, se tuvo una reunión por la tarde, con autoridades del Municipio para trabajar en conjunto una propuesta que se adecue a la legalidad.

• En fecha 7 de febrero de 2020, la Presidente Municipal envío la versión final del proyecto del artículo 135 que se ha estado trabajando en diferentes reuniones, en el que si se tomó en cuenta algunas consideraciones del empresariado.

• En fecha 8 de febrero de 2020, se enviaron los puntos que no se tomaron en cuenta en la propuesta del artículo, a los Diputados del H. Congreso del Estado.

• En fecha 11 de febrero de 2020, se realizó una reunión con algunos Diputados del Congreso, mismos que comentaron que la Presidente Municipal se reunió con una Diputada para presentar la iniciativa, quienes comentaron que dicha propuesta era diferente a la que se trabajó en las reuniones pasadas. Se iba a revisar la iniciativa en conjunto pero no se realizó, por lo que se acordó con ellos que iban a considerar las opiniones del Municipio y Empresariado para discutirlo en la sesión del 17 de Febrero el presente año, y el 18 iban a enviar el proyecto de iniciativa al empresariado y al Municipio.

Los elementos de trascendencia que consideramos deben incluirse en el texto que se apruebe de reforma y modificaciones al referido artículo 135 son los siguientes:

1. Debe prevalecer el fomento y el respeto de la autodeterminación respecto de los kilogramos declarados de residuos sólidos urbanos que el particular pone a disposición a partir de la recolección al servicio municipal prestado a través de la concesionaria, para determinar el monto a pagar por concepto de derechos de recolección y transporte al destino final de residuos.

1. Debe omitirse de la redacción de la fracción I del artículo 135, el concepto de “generación” como supuesto para determinar el monto a pagar por el servicio público a que se refiere dicho artículo, toda vez que el servicio público por el que se paga un derecho a la Hacienda Municipal es el de “recolección y transporte al destino final de residuos” ; en otros términos se paga lo que se recolecta, no lo que se genera.

1. Debe de omitirse de la redacción del artículo cualquier referencia a los contenedores, en virtud de que un bien mueble no puede constituir un servicio público que es el hecho generador del derecho que se paga, según el proemio del artículo 135 que nos ocupa, menos aun tratándose de contenedores cuya propiedad correspondería en el mejor de los casos a la concesionaria, con quien el particular no tiene ninguna relación contractual, en razón de que, incluso, los derechos se pagan a la autoridad Hacendaria Municipal como lo prevé la normatividad aplicable.

1. En virtud de que el pago de derechos debe realizarse por concepto de “recolección y transporte al destino final de residuos sólidos urbanos” a la autoridad exactora municipal, y no existe ninguna relación contractual entre la concesionaria y los particulares, no debe preverse la suspensión o limitación del servicio antes citados ante posibles adeudos, debido a que podría contribuirse a la generación de daños a la salud pública y al medio ambiente.

1. Al ser el derecho una contribución cuya facultad de recaudación corresponde a la tesorería municipal a través de sus dependencias competentes no debe aprobarse el cobro de adeudos por este concepto por conducto de la concesionaria.

1. Debe omitirse el supuesto de pago de derechos por recolección y transporte de manejo especial y de residuos peligrosos, cuya competencia corresponde al orden estatal y federal de gobierno respectivamente, además de que la concesionaria no cuenta con las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes para recolectar, transportar, tratar y disponer tales residuos.

Lo anterior en virtud de que la naturaleza del “SERVICIO PÚBLICO”, es una prestación periódica de una actividad técnica encaminada a satisfacer necesidades universales o colectivas fundamentales, mediante prestaciones individualizadas, sujetas a un régimen jurídico de Derecho Público, que determina principios de regularidad, continuidad y uniformidad.