CANCÚN, 11 DE FEBRERO DE 2020.- El Tren Maya se ha convertido en un proyecto de servilleta o en servilleta, y aún no está claro cómo se va a fondear ni mucho menos aterrizar en Quintana Roo, por lo que es algo irreal y no factible, de acuerdo con Adrián López Sánchez, presidente en Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El líder patronal en el municipio de Benito Juárez en entrevista para 5to Poder Periodismo ConSentido reprochó el intento por volver inmobiliario el proyecto, además de que se ignora de dónde saldrán los recursos para su construcción.

En tanto, 70 por ciento del costo del ferrocarril saldrá del erario, cuando originalmente se planteó que el gobierno federal costearía 10 por ciento y la mayor parte lo haría la iniciativa privada; ahora, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aseguró que “cambiaron los planes para no dejar deudas a largo plazo”.

El empresario apuntó que la Coparmex sigue con su misma postura de requerir “los proyectos ya ejecutivos, incluso los de trazado y de funcionamiento pero seguimos con los estudios de factibilidad y de viabilidad (pero) independientemente a que el gobierno lo pague, tendría que ser redituable pero lo están bajando en unas Fibras (acrónimo de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces), tratando de que sea inmobiliario”.

Acusó que hasta la fecha no se ve ni hay datos de cómo se va a mantener, si es que llega a rodar, ese tren ni como llegarían los pasajeros, además de que se sigue diciendo que los servicios que brindaría serían en tres sentidos: carga, de personas y turístico, ni cuál de las tres modalidades será prioritaria ni cómo se va a aplicar.

Adrián López subrayó que la incertidumbre en el tema de dónde saldrá el recurso es muy preocupante porque “se siguen construyendo castillos en el aire” en ese y otros casos, y recordó que el presupuesto de promoción turística del que se dijo que de ahí se iba a cubrir, “realmente lo que cubría –los seis mil millones– era apenas seis por ciento del proyecto”, por lo que se sigue sin entender de dónde se obtendría el dinero.

“El Tren Maya sigue en total opacidad y para nosotros sigue siendo un proyecto de o en servilleta y aún no vemos cómo se vaya a aterrizar. Por supuesto que queremos y sabemos que para algunas zonas pudiera ser muy redituable, pero no lo vemos como un proyecto viable ni real, y mucho menos factible.”

FINANCIAMIENTO

Inicialmente se planteó que el proyecto ferroviario sería financiado en su mayoría por la iniciativa privada; sin embargo, ahora la mayor cantidad de recursos provendrán del sector público y se evalúan otros esquemas; incluso, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aseguró que cambiaron la medida para no dejar deudas a largo plazo

El gobierno tendría una participación de 10 por ciento en el financiamiento, pero el esquema se ha invertido y de acuerdo con Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la mayor participación del erario busca pagar la menor cantidad de intereses producto del financiamiento privado.

Según el funcionario la apuesta –con la que se carga el costo del tren a los mexicanos, pues los recursos saldrán del erario– es que el gobierno pueda aportar 70 por ciento del costo y que lo demás se pague con deuda comprometida con los ingresos. El costo total será de 139 mil 100 millones de pesos, después que se descartó la opción de hacerlo bajo el esquema de asociación público privada (app).

Sin embargo, el gobierno federal desechó ese plan, porque no quería dejar una deuda al país con el financiamiento obtenido para el proyecto: “Lo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) no quería era dejar una deuda a largo plazo, por eso se descartó (la app)”, aseveró Jiménez-Pons Gómez

No obstante, el titular del Fonatur no detalló de donde provendrán los recursos para el nuevo plan y se limitó a señalar que se derivarán ahorros previstos por la administración federal, aunque esa ampliación presupuestal, como otras que se hacen a lo largo del año, no se discuten en el Congreso, lo que es criticado por especialistas.