Por Germán Arreola

CANCÚN, 5 DE FEBRERO DE 2020.- El 1 de enero de 2020 inició funciones de manera formal el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), durante los primeros días y hasta ahora es severamente criticado, no sólo por la deficiente atención a los enfermos, sino por el desbasto de medicamentos y el despido de miles de trabajadores del desaparecido Seguro Popular.

El ex afiliador en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado, Roque Chooc Chimal, dijo que las 169 personas del Seguro Popular en la entidad perdieron su fuente de ingresos, y tres funcionarios de los Servicios Estatales de Salud (Sesa) los han tenido dando vueltas durante enero, con lo que el ofrecimiento presidencial de un sistema de salud “al estilo nórdico”, es una fantasía más de Andrés Manuel López Obrador.

También denunció que Quintana Roo fue el único estado que decretó la extinción del Seguro Popular el 31 de diciembre pasado, y pese a que se ha buscado diálogo con las autoridades estatales del sector, no ha habido respuesta y sólo los ha “atendido” José Avelino García Aguilar, subdirector de Recursos Humanos de los Sesa.

“Tengo el decreto de extinción; el estado se deshizo de nosotros; los oficios que ha mandado Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Insabi / Instituto de Salud para el Bienestar, y sus declaraciones aquí no las han hecho valer y no nos quieren dar continuidad laboral. Son 169 personas; la edad más antigua es de un señor de 55 años; tenemos de 50, 48, los mayores; los demás oscilan entre 30 a 40 años.”

Chooc Chimal añadió que el martes 7 de enero, en la capital Chetumal, los atendió a él y una comitiva de ex trabajadores del Seguro Popular, la directora Administrativa de los Servicios Estatales de Salud, Elvia Lucía Aguillón Moreno, quien les argumentó que los oficios no tenían validez y ellos ya habían perdido su continuidad laboral.

Posteriormente, el lunes 20 de enero en la misma ciudad se había concertado una cita con la secretaria de Salud y directora general de los Servicios Estatales de Salud, Alejandra Aguirre Crespo; el miércoles 29 los recibe José Avelino argumentado que aún no hay recursos ni reglas de operación del Insabi, y que hasta el momento no hay recursos para contratación.

“El estado se lavó las manos con nosotros, ya no nos quiere reconocer. El estado no quiere a los promotores y a los gestores de la salud. No nos han liquidado; de hecho, en el decreto de extinción dice en la parte de abajo ‘se respetarán los derechos laborales de todos los empleados de dicha dependencia.”

El 20 de diciembre fue el último día que cobraron los afectados debido al cierre del ejercicio fiscal, y van dos quincenas que no han cobrado, los mismos que acusan al gobierno del estado de no quererlos contratar porque el Insabi ha girado circulares, los que Avelino García ha calificado como “simples escritos sin validez”.

El martes 28 de enero, durante la mañanera, el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, dio a conocer que el gobierno federal entregó a las 32 entidades el techo financiero del ejercicio fiscal 2020, y se turnó el oficio correspondiente a cada estado, por lo que tienen el dinero íntegro para pagar a todos los trabajadores, y que todos los trabajadores estaban protegidos para seguir teniendo su contrato.

Tres días después, el 31 de enero venció el plazo legal para que los gobiernos estatales confirmaran si se adherían o no al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi): nueve firmaron convenios de coordinación, pero como no adheridos, que son los estados gobernador por partidos contrarios a Morena, como sucede en Quintana Roo.

La principal diferencia es que los no adheridos conservan la administración de los servicios y la infraestructura, aunque los panistas presentaron un plan a la Secretaría de Salud con 19 puntos para un acuerdo alterno, que en realidad son dos temas: cómo se va a distribuir el presupuesto para gratuidad a la población no asegurada, y evitar la centralización.