Por Germán Arreola

CANCÚN, 19 DE ENERO DE 2020.- La iniciativa privada de Benito Juárez advirtió que si el Congreso no modifica el artículo 135 de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de Residuos de Quintana Roo y se retoma la iniciativa enviada por el ayuntamiento, centenas de negocios podrían caer en prácticas irregulares “para no cargar con las nuevas formas impositivas”.

Eduardo Galaviz Ibarra, dirigente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, envío un comunicado a nombre del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, entidad que se manifestó contra la imposición de contenedores “inteligentes” y las nuevas tarifas que pretende el estado para la recolección de basura.

Para la renovación de sus licencias de funcionamiento, las empresas y negocios del municipio están enfrentando un incremento importante, que en algunos casos es más de ocho veces el cobro anterior, en el pago de derechos para la recolección de basura; irregularidades que inician desde que no se respeta la ley de autodeterminación (registros en línea).

“Resulta que ahora, respecto a la generación de basura en los establecimientos, la empresa concesionaria determina cantidades mayores a las normales de acuerdo a “su criterio”; además, se consideran nuevos procedimientos, como que la recolección será cada tercer día, y si se solicita diariamente se duplica la cuota de pago.”

Pero lo más delicado, sostuvo Galaviz Ibarra, es la imposición de una renta mensual de unos contenedores que dicen cuentan con una tecnología que mediante chips registran el peso de la basura, depósitos que ninguna legislación contempla o estipula el concepto de pago obligatorio para el contribuyente.

El presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo indicó que las arbitrariedades se basan en la modificación que hizo la Comisión de Hacienda Pública del Congreso estatal al artículo 135, a la iniciativa aprobada y enviada por el ayuntamiento de Benito Juárez para la actualización de la Ley de Hacienda municipal.

“Hemos revisado la modificación y dicho al municipio que está mal fundamentada, además de que la renta mensual de contenedores no tiene ninguna fundamentación legal. Eso está ocasionando graves problemas en la tramitación de los permisos de funcionamiento, y puede generar, además de recursos legales para protegerse (amparos), que algunos negocios se conviertan en irregulares para no cargar con esas nuevas formas impositivas.”

En entrevista, Eduardo Galaviz sentenció que la XVI Legislatura actuó motu proprio y que el cuestionamiento directo es por qué cambió la propuesta del municipio de Benito Juárez, además de que no hay una motivación para modificarse, y en el caso de los contenedores, la abolición que se demanda es porque cada negocio ya tiene su sistema de almacenamiento.

“La mayoría de negocios tiene –a excepción de los nuevos–bien organizada la recolección y entrega de basura, con sus planes de manejo y demás, lo que quieren es imponer unos contenedores de los que, aparte, el municipio no tiene ninguna base jurídica para rentarlos; además, son de la misma empresa que tiene la concesión para el manejo de desechos.”

El ex secretario general del ayuntamiento precisó que el ayuntamiento debe colocar los contenedores en las calles, no en los negocios porque éstos ya tienen sus sistemas y planes de manejo autorizados por el gobierno del estado… lo que pretende el Congreso está muy muy mal, todo revuelto y de cabeza.

“Quisieron sorprender a la iniciativa privada, pero les salió el tiro por la culata porque la IP está toda unida para evitar que se impongan esos costos tan altos, y respecto a los contenedores puso como ejemplo las grandes plazas comerciales donde hay 200 comercios o más, y aparte las oficinas, dónde va a haber espacio para meter tantos; lo están haciendo sin pensar y con una afán meramente recaudatorio”, precisó Galaviz Ibarra.

El lunes 27 de enero es la fecha límite que los empresarios benitojuarenses acordaron, y si no hay respuesta recurrirían al amparo. El CCE aglutina las 32 cámaras empresariales asentadas en el municipio (Coparmex, Canacintra, Canirac, etcétera, y todas las asociaciones), alrededor de cuatro mil empresas.