La primera luz del alba apenas comenzaba a pintar el horizonte tabasqueño cuando el hallazgo macabro irrumpió en la relativa calma, tiñendo la jornada de un presagio sombrío y familiar. En la periferia polvorienta de Villahermosa, una ciudad que paradójicamente ostenta el deshonroso título de la más insegura del país según las recientes encuestas del INEGI, un cuerpo decapitado yacía como un despojo, abandonado a la vera del camino. Junto a él, un narcomensaje, un trozo de cartulina con letras amenazantes, helaba la sangre incluso antes de ser leído por los peritos de la fiscalía. Este no es un incidente aislado, sino un eslabón más en la cadena de terror que estrangula al estado, una consecuencia directa de la brutal guerra territorial entre el omnipresente Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización local, La Barredora, cuya sed de sangre no es menor.

La noticia, cruda y escalofriante, se propagó rápidamente a través de los grupos de WhatsApp y las transmisiones de radio locales, sembrando una profunda sensación de vulnerabilidad entre los habitantes de Tabasco. La brutalidad del acto, la decapitación como una firma macabra que evoca los peores momentos de la lucha contra el narcotráfico en México, resonó con fuerza en una región históricamente marcada por la violencia. Aunque las autoridades han optado por un silencio cauteloso, la confirmación tácita a través de fuentes extraoficiales fue suficiente para que el miedo se arraigara nuevamente en los hogares tabasqueños, donde las puertas se cierran con doble llave al caer la noche.

El narcomensaje encontrado junto al cuerpo, cuyos detalles específicos se mantienen bajo reserva para no entorpecer las investigaciones en curso, se presume que contenía amenazas directas y advertencias explícitas dirigidas a La Barredora. Este tipo de comunicación, directa y sin adornos, es una táctica común en la guerra entre cárteles, utilizada para intimidar al rival, marcar territorio con sangre y enviar un mensaje escalofriante a la sociedad: el control se disputa a balazos y cuchilladas, y la vida de cualquiera puede ser moneda de cambio. La mera existencia del mensaje tensa aún más el ambiente, sugiriendo que la confrontación, lejos de amainar, se recrudece con cada amanecer.

La escalada de violencia en Tabasco no es un fenómeno reciente, sino la dolorosa culminación de una lenta pero constante descomposición del tejido social y de la evidente incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En los últimos meses, el estado ha sido testigo de un aumento alarmante en los enfrentamientos armados, tanto en las colonias populares de las ciudades como en las comunidades rurales olvidadas. Secuestros exprés que dejan familias rotas, extorsiones que asfixian a los pequeños negocios, el robo descarado de hidrocarburos que alimenta las arcas del crimen y las ejecuciones sumarias que engrosan las estadísticas de muertes violentas se han convertido en una preocupante rutina, alterando la vida cotidiana y sembrando el terror en cada esquina. La presencia de hombres fuertemente armados, moviéndose en camionetas blindadas y portando un arsenal que a menudo supera al de las fuerzas del orden locales, es una imagen cada vez más común en las carreteras y los caminos vecinales de Tabasco.

La disputa entre el CJNG y La Barredora responde a una lógica territorial y económica despiadada. El control de las rutas de trasiego de drogas que atraviesan el estado, el lucrativo negocio del “huachicol” que sangra los ductos de Pemex, y la extorsión sistemática a comerciantes, empresarios e incluso pequeños vendedores ambulantes son los principales combustibles de esta sangrienta confrontación. El CJNG, con su vasta infraestructura y su poderío económico a nivel nacional, busca imponer su ley en Tabasco, un estado estratégico por su ubicación y sus conexiones logísticas. Por su parte, La Barredora, un grupo local con un conocimiento profundo del terreno y arraigo en algunas comunidades, se resiste a ceder su control, luchando con una ferocidad desesperada por mantener su cuota de poder e influencia.

La respuesta de las autoridades estatales y federales ante esta creciente ola de violencia ha sido recibida con escepticismo y frustración por gran parte de la población. Si bien se han implementado operativos conjuntos, con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal, la percepción generalizada es que las fuerzas de seguridad se ven superadas por la capacidad de fuego y la sofisticación de los grupos criminales. La falta de una estrategia integral y a largo plazo, así como las persistentes denuncias de corrupción en algunos niveles de gobierno, son señaladas como obstáculos que impiden una respuesta efectiva y contundente.

La situación de inseguridad tiene un impacto devastador en todos los aspectos de la vida en Tabasco. El sector empresarial local se ve paralizado por las extorsiones y la incertidumbre, lo que frena la inversión y la creación de empleos formales. La vida cotidiana de los ciudadanos se ve cada vez más restringida por el miedo a salir de casa, a transitar por ciertas zonas consideradas peligrosas o a realizar actividades que antes eran parte de la normalidad. La confianza en las instituciones se desmorona, y la sensación de indefensión se extiende como una sombra sobre la población. La reciente designación de Villahermosa como la ciudad más insegura del país no es una simple estadística; es el reflejo palpable del miedo y la angustia que viven sus habitantes día a día.

Ante la aparente ineficacia de las medidas gubernamentales, la sociedad civil organizada comienza a movilizarse con mayor determinación. Colectivos de víctimas que buscan justicia, organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos preocupados que exigen un cambio han convocado a marchas silenciosas, foros de discusión y campañas de concientización para visibilizar la magnitud del problema y presionar a las autoridades para que actúen con firmeza y transparencia. La demanda unánime es por un Tabasco donde la paz no sea una utopía y donde el Estado de Derecho deje de ser una promesa incumplida.

El gobierno estatal, liderado por el Gobernador Carlos Manuel Merino Campos, ha emitido comunicados oficiales condenando enérgicamente los actos de violencia y reiterando su compromiso de trabajar en coordinación con las fuerzas federales para restablecer el orden. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la cruda realidad que viven los tabasqueños, quienes exigen resultados tangibles y una estrategia clara para frenar la espiral de violencia. La magnitud del desafío requiere una acción que vaya más allá de los operativos reactivos y que aborde las causas profundas de la violencia, incluyendo la desigualdad social, la falta de oportunidades para los jóvenes y la impunidad que protege a los criminales.

La crisis de seguridad en Tabasco no es un problema aislado, sino un síntoma alarmante de la compleja y multifacética lucha contra el crimen organizado que enfrenta México en varias regiones del país. Sin embargo, la particular dinámica entre el CJNG y La Barredora, con sus propias reglas no escritas y códigos de confrontación, exige un análisis detallado y soluciones adaptadas a la realidad local. La inteligencia policial efectiva, la desarticulación de las redes financieras que sostienen a estos grupos, el fortalecimiento de las instituciones de justicia para romper el ciclo de impunidad y la implementación de programas de prevención del delito con un enfoque social son elementos cruciales para intentar revertir la tendencia actual.

Mientras la violencia continúa cobrando vidas y sembrando terror en cada rincón del estado, los habitantes de Tabasco viven en una angustiosa incertidumbre. El hallazgo del cuerpo decapitado en el amanecer y el ominoso narcomensaje son un sombrío recordatorio de la urgencia de una respuesta efectiva y coordinada por parte de las autoridades. La nación observa con creciente preocupación el desarrollo de los acontecimientos en Tabasco, esperando que se implementen medidas concretas que logren frenar esta escalada de violencia y devolver la esperanza a una sociedad que clama por paz y justicia. El futuro del estado pende de un hilo, y la capacidad del Estado mexicano para hacer frente a este desafío definirá no solo el destino de Tabasco, sino también la credibilidad de sus instituciones en la lucha contra la sombra ensangrentada del crimen organizado.

Fuente: medios locales Tabasco

Por Héctor Cobá

Amenazas y agresiones por parte de pseudo ejidatarios sufren añejos habitantes de la colonia Chiapas Siglo XX (más conocida como la colonia Chiapaneca), quienes piden en audiencia el apoyo de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta.

En la jornada de audiencias públicas llamada “Cancún Nos Une”, realizada por el Ayuntamiento de Benito Juárez en la supermanzana 101, el 24 de abril, afirmaron los quejosos que han sufrido amenazas y agresiones por violentos y desconocidos “ejidatarios”.

Los reclamantes mostraron cartulinas en las que afirman haber comprado las tierras en su colonia, al tiempo de afirmar que el día anterior sufrieron violentas agresiones, tras ser emboscados en sus terrenos por ocupantes de seis camionetas, además de ser perseguidos por 15 hombres, un par de ellos con armas de fuego, quienes descendieron de una camioneta Van.

Inquietos por la inconformidad mostrada el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez y la directora del Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial, Nora Garza, preguntaron qué pasaba, y al saber del problema ofrecieron iniciar unas mesas de trabajo para revisar la delicada situación, aunque no definieron una fecha.

Por su parte, el representante de los vecinos Andrés Castillejos Cárdenas, familiar de Raúl Castillejos de la Torre (QEPD) histórico fundador de la colonia, expuso que son más de cinco mil las familias que se asentaron en el lugar, con confianza en la honestidad del ejido Alfredo V. Bonfil que les vendió las 200 hectáreas, hace 25 años por 10 millones de pesos.

Expusieron que como el ejido dice ser autónomo y no hace caso a las instancias municipales o estatales, el grupo afectado trató de informar de su caso a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, en su reciente visita a la entidad.

Con los documentos en sus manos se mostraron a la presidenta la cesión de derechos y el permiso de lotificación, expedidos por la autoridad ejidal con sus correspondientes firmas, y que la directiva actual pretendía ignorar, faltando a la ley y al derecho de todo comprador, aunque de momento no tuvieron respuesta.

Además de ellos, dijeron, hay 108 asentamientos irregulares en tierras ejidales con su correspondiente cesión de derechos, y ahora la directiva alega que son terrenos de uso común, con el fin de revenderlos.

Ellos lucran con la esperanza de las personas, acusó Castillejos Cárdenas, quien denunció que los ejidatarios hoy quieren presentarse como grupo vulnerable, pero hace muchos años dejaron de sembrar o de trabajar la tierra.

“Ellos lucran con la esperanza de las personas”, reclamó.Recordó que se reforma la Ley de Asentamientos Humanos, y de acuerdo al Decreto 360 no se pueden promover desarrollos inmobiliarios sin los servicios básicos, pero los ejidatarios se amparan en la Ley Agraria con el argumento de que son grupo vulnerable de campesinos, que necesitan la donación de tierras para sembrar.

Para ello hacen juicios amañados en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), y se dedican a vender tierras de uso común; por ejemplo, “la Colonia Chiapaneca” en Cancún, la que a pesar de tener cesión de derechos firmada por el entonces comisariado ejidal Luis Martínez Rocha, hoy la autoridad ejidal pretende desconocer la venta como lo han hecho en otras colonias.La violencia es natural en ellos, dice el denunciante: “han derrumbado propiedades, han expulsado gente.

Hay quienes han tomado cartas en el asunto, pero muchos les temen a los ejidatarios, aunque nosotros no les tenemos miedo porque ya interpusimos una denuncia penal”.En entrevista por separado, la directora del Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial, Nora Garza, comentó que ya acordaron redoblar la vigilancia por la zona, además de analizar los casos con expertos en el tema jurídico, ya que, al tratarse de terrenos en litigio, el sólo municipio puede esperar a que se dé un fallo, ya atender a los ciudadanos. Mismo que también dialogará con ejidatarios para tratar de llegar a un acuerdo, adelantó.