Nacional
Universidades claman ayuda; rectores se reúnen hoy con Esteban Moctezuma
CIUDAD DE MÉXICO, 6 DE DICIEMBRE.- Los rectores de las universidades públicas iniciaron una cruzada para pedir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador recursos que les permitan enfrentar su crisis financiera. Para este año, 10 de estas instituciones de educación superior alcanzaron un déficit combinado por 18 mil 180 millones de pesos, lo que supera el presupuesto de este año de la Procuraduría General de la República (16 mil 243 millones de pesos).
De acuerdo con un diagnóstico de la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, al cual tuvo acceso El Sol de México, una mala administración de la plantilla y del sistema de pensiones ha provocado que estas universidades no sólo pongan en riesgo sus actividades académicas, también las llevaron a endeudarse con el SAT, los sistemas de seguridad social y bancos.
“Para nuestra asociación es motivo de gran preocupación la situación financiera crítica que enfrenta un grupo de universidades públicas”, dijo Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
El endeudamiento de las universidades públicas no se trata de un problema coyuntural por el cierre del año, sino que éstas han operado de manera deficitaria en los últimos años producto de sus sistema de pensiones, recordó el representante. “La solución a estos problemas estructurales requiere de una política renovada de financiamiento con la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno”, demandó Valls Esponda.
Por eso, desde ayer los rectores iniciaron su pasarela en Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para exponerle su situación. Y hoy recurrirán al Gobierno federal para que las ayude a enfrentar este descalabro financiero.
Los rectores de las universidades se reunirán hoy con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para solicitar una ampliación presupuestaria de más de cuatro mil millones de pesos, pues de lo contrario, advierten que no podrán liquidar sus responsabilidades en lo que resta del año, tales como sueldos y prestaciones.
El primer acercamiento entre las universidades en problemas financieros ya fue, luego de que un grupo de rectores se reunió con el subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro, donde se acordó trabajar por mejores presupuestos.
Pero estas universidades no son las únicas que buscan apoyo económico por parte del gobierno federal, pues las afiliadas a la ANUIES tendrán una reunión para sumar esfuerzos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador incremente el presupuesto al sector, informó el secretario de la Rectoría e Imagen Institucional de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Hugo Méndez Fierros.
“(La UABC) se sumará a los esfuerzos de consolidar el porcentaje de aumento que prometió el ahora Presidente de México a mediados de agosto. Buscaremos plantear de que no haya recortes en el sistema educativo, pues es uno de los ejes pilares de México”, dijo Méndez Fierros.
De acuerdo con el diagnóstico que heredó el presidente Peña Nieto a López Obrador, la crisis de las universidades estatales se origina por la contratación de una plantilla por encima de las posibilidades económicas de las instituciones, ya sea por el número o sueldo; prestaciones a personal docente y administrativo superiores a los del financiamiento que reciben las universidades; malos sistemas de jubilación y pensiones, incumplimiento de gobiernos estatales y un menor subsidio federal.
Las universidades que están en números rojos son: la Autónoma de Chiapas, la Autónoma del estado de México, la Michoacana de San Nicolás Hidalgo, la Autónoma del estado de Morelos, la Autónoma de Nayarit, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Autónoma de Sinaloa, la Juárez Autónoma de Tabasco, la Veracruzana y la Autónoma de Zacatecas.
Entre 2010 y 2017, los recursos federales que llegaron a estas universidades ascendieron a 26 mil 900 millones de pesos, entre subsidios y programas de la SEP. Sin embargo, eso no bastó para sanear sus finanzas.
Por eso, la administración federal pasada recomienda que para que estas instituciones salgan de la crisis financiera, no sólo requieren de más presupuesto, sino de cambios graduales en su esquema de prestaciones a sus trabajadores, y en reformas a sus sistemas de pensiones.
“Nos encontramos en esas universidades que se señalan en crisis”, manifestó Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana (UV).
Las deudas fueron provocadas por el gobierno de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien “fue irresponsable” al no entregar los recursos recibidos vía subsidios, agregó.
No pagó oportunamente el impuesto sobre la renta de los trabajadores al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ha significado un incremento en multas y recargos, añadió la representante.
“Hacemos un respetuoso llamado a la Auditoría Superior de la Federación a reconocer ese adeudo como parte del gobierno de Veracruz”, cerró Ladrón de Guevara, quien pidió recibir directamente los subsidios federales para evitar suceda lo que pasó con las autoridades estatales.
Fuente El Sol de México
Nacional
¿”Simplificación orgánica” o “Capitalización inmediata”?
- La eliminación de estos organismos significaría una suma a las arcas de la federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos que planean otorgarse al Fondo de Pensiones del Bienestar.
CDMX.- Entre confrontaciones verbales, carteles, videos y audios, senadores de Morena y oposición discutieron reforma constitucional denominada “simplificación orgánica”, la cual fue aprobada en lo general y particular por mayoría calificada y con ello desaparecen siete organismos autónomos y reguladores, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Además del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Ahora, el dictamen pasará a las legislaturas locales para su análisis y eventual aprobación. Se requiere el aval de 17 congresos estatales para que sea turnado el Ejecutivo y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con la eliminación de estos organismos se prevé sumar a las arcas de la federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos, que serían destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar.
Durante cinco horas, Morena y aliados argumentaron que se busca evitar la duplicidad de funciones y desvío de recursos. Mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que será un retroceso.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina expuso que el gobierno humanista ha alcanzado la madurez institucional y ha demostrado que esta listo para reasumir las funciones que fueron delegadas a organismos autónomos, “garantizando transparencia, honestidad, eficacia y austeridad en el manejo de los recursos”.
Subrayó que reasumir estas funciones “no es un retroceso, sino un acto de responsabilidad histórica que reafirma nuestra capacidad de servir al pueblo directamente, sin intermediarios ni estructuras que diluyan la acción estatal y mucho menos, que vaya en contra de los intereses del pueblo que sirva solo a los intereses de unos cuantos y muchas veces a los intereses de los extranjeros”.
Aseguró que este dictamen “es el recordatorio de que debe el poder debe estar al servicio del pueblo y no al servicio de eso privilegios”.
Posteriormente, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza subrayó que, “en modo alguno, se transgreden los compromisos internacionales de México, no, en todo momento se garantiza la libre competencia y concurrencia de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión asegurando que no se afecten las reglas del mercado ni los principios de competencia económica”.
Expuso que esta reforma propone que el Ejecutivo federal a través de las autoridades correspondientes regule de manera asimétrica a los actores de estos mercados para eliminar barreras a la competencia lo que redundará en un beneficio para los consumidores y mayor transparencia”.
Sobre la reestructuración de los entes públicos que establece que las estructuras orgánicas deberán ajustarse a los principios de racionalidad y austeridad republicana, “esto no solo contribuirá a una administración más eficiente, sino que permitirá que los recursos se destinen de manera más efectivas a áreas prioritarias, como educación, salud y la infraestructura”.
Afirmó que ésta es una medida necesaria para modernizar la administración pública, garantizar el buen uso de los recursos públicos y fortalece las políticas de bienestar social, “y avanzar en un gobierno más austeros, transparente y comprometido con el bienestar de los mexicanos”.
Así aprobaron la extinción de siete organismos autónomos en el Senado
El senador priista Manlio Fabio Beltrones recordó que la creación de estos organismos tuvo una razón de ser, revisar los actos del Estado ejercidos por los gobiernos para que la ciudadanía tuviera una participación directa en los mismos y en la revisión de su aplicación y en los recursos que se emplearon.
Con la constitución de estos organismos, dijo, se buscó evitar el control unilateral y unipersonal sobre temas que atentaban los derechos de la sociedad.
Aseguró que con esta extinción “estamos suprimiendo también los derechos ciudadanos y la vida democrática”.
“Estoy seguro de que ninguna república que se diga de vanguardia va a dejar de tener en su diseño de estado este órgano constitucional que hoy estamos lastimando. Hoy, lo que estamos escenificando aquí es el revivir al “ogro filantrópico de 1990 y del que nos habíamos alejándotelas cuando podíamos hacer acuerdos todos los responsables de vigilar al Estado mexicano”.
La emecista Amalia García, otra de las políticas que luchó por la construcción de organismos autónomos, expresó:
“El INAI puede tener todos los defectos que quieran, pero lo que no puede ser es que desaparezca un órgano autónomo que nos costó tantas luchas y tanto esfuerzo a tantos mexicanos para crear un estado democrático. No puede ser. Yo me siento agraviada y triste, me resulta inconcebible, no puedo ni dormir de la tristeza, porque nos costó mucho”.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano rechazó la extinción de órganos autónomos y mostró videos de Ricardo Monreal, Alejando Encinas, Zoé Robledo, Luis Armando Melgar y Luisa María Alcalde celebrando la existencia de la transparencia, “desafortunadamente hoy lo van a eliminar, porque ya están en el poder y no quieren ser cuestionados”.
La morenista Martha Lucía Mícher cuestionó que el consejo del INAI aprobara preguntas absurdas sobre el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como “cuánto papel del baño usaba, cuántas botellas de agua tomaba al día y cuánto presupuesto se utilizaba para comprar ropa interior o que marca era el abrigo y costo que utilizó en Sonora”.
En contraste, mencionó que información sobre los viajes del Instituto de Transparencia no se respondió.
El coordinador de MC, Clemente Castañeda afirmó que los ciudadanos pueden preguntar lo que quieran.
La senadora de Morena, Verónica Camino subió a tribuna con una mampara para explicar los excesos de los órganos autónomos, “los legisladores de la cuarta transformación estamos decidiendo regresar esas atribuciones y facultades al poder Ejecutivo. Todas las cosas evolucionan, respondemos a los momentos, a los retos que nos exige cada etapa de la historia del país”.
El senador del PAN, Marko Cortés adelantó el voto en contra de su bancada, “es un grave retroceso democrático, porque es un grave retroceso institucional. El fundador de nuestro partido, Manuel Gómez Morín creía en las instituciones, y creía en la separación del poder. Lo que están haciendo régimen morenista, es concentrar el poder y no solamente en transparencia”.
La senadora priista Claudia Anaya dijo que 0.05 pesos de cada cien es lo que se gasta en los organismos, “las instituciones cuestan, porque son las garantes de los derechos. Este Senado de la República cuesta, ciérrenlo, si esa es la solución, acábenlo”.
Y la panista Mayuli Martínez dijo que a Morena no le gusta la transparencia, “porque les toca a ustedes” y mostró un audio de supuesta corrupción en Quintana Roo… “ahí está, vamos a darle la mochadita total, ya cuando se descarrile el tren, ya será otro pedo”.
La reforma a los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución plantea la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyas atribuciones serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública; mientras que las funciones en materia de medición de la pobreza y de los programas sociales que realiza el Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval), serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En materia de Acceso a la Información y Datos Personales, quedarán bajo la responsabilidad de los sujetos obligados y no del INAI, por lo que sus funciones se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, a los Órganos de control de los Organismos Autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.
El dictamen señala que, en materia energética y de competencia económica, en lo referente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sus funciones serán ejercidas por las Secretarías de Estado correspondientes.
Se avaló la creación de un órgano desconcentrado, que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para impedir que México enfrente sanciones económicas en el marco del T-MEC.
Tendrá independencia técnica y operativa, además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependerá directamente del gobierno.
Fuente:Milenio
Nacional
Todo por servir acaba, Morenistas desaparecen el INAI, organo que ellos impulsarón
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