“EN LA OPINIÓN DE”
Dr. Hugo Alday Nieto

Hace unos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente se convirtió de nuevo en la nota internacional, en materia jurídica, claro está, sino que, además, pasó por encima de todo el marco jurídico mexicano, pisoteando las facultades constitucionales del Poder Legislativo.
Ya que, votando un Acuerdo en el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, con una mayoría de 5 votos, la nueva Corte determinó que, los juicios que a su criterio hubiesen sido resueltos a través del aprovechamiento de la Ley o de algún fraude procesal, serían resueltos nuevamente por esa Corte, es decir, tiraron de golpe y plumazo el principio constitucional de certeza jurídica del que llevamos escribiendo ya dos semanas.
Una situación lamentable, ya que después de estar leyendo a Michael Foucault en estos días, me quedé con una interesantísima descripción que hace de la Ley y que viene a modo para compartirla en este texto: “La ley no nace de la naturaleza, junto a los manantiales que frecuentan los primeros pastores; la ley nace de las batallas reales, de las victorias, las masacres, las conquistas que tienen su fecha y sus héroes de horror; la ley nace de las ciudades incendiadas, de las tierras devastadas; surge con los famosos inocentes que agonizan mientras nace el día.” De allí que, el principio de certeza jurídica que se encuentra en la figura de la cosa juzgada y que costó tantas batallas no debiera ser desaparecido a propuesta de una ministra con doctorado en derecho de dudoso REVOE, ya que, tan solo de su preparación formal podemos deducir que la conceptualización de derecho que esboza siempre tendrá alguna deficiencia.
Pues en efecto, la ministra Lenia Batres ante el asombro de los abogados de mundo mundial, dijo en el Pleno de la Corte que: “No debe privilegiarse una aplicación rígida del principio de cosa juzgada, que convalida o convalide actos fraudulentos, pues ello vulnera la seguridad jurídica, por el contrario, tendría que asegurarse la existencia de una instancia que permite revisar controversias originadas en fraude procesal”.
Sin embargo, desde Facebook® en la mañanera, la presidenta de México expresamente se opuso a esa terrible determinación tomada por acuerdo mayoritario de la nueva Corte, señalado que: “lo que ya fue juzgado fue juzgado” e invitó a los ministros prácticamente a dejar de meterse en temas esotéricos y ponerse a resolver el rezago existente. Y más claro no pudo ser el mensaje de la presidenta de México cuando les lanzó una frase mortal “los jueces no legislan”.
Sin duda, aplaudí con fuerza a la presidenta en ese momento porque sentí que mis pasados artículos sobre el debate de Hart y Dworkin, del conflicto entre el Juez Herbert y el Juez Hércules, no habían sido en vano, porque esa última frase de que los jueces no legislan, ha sido mi constante reclamo a esta nueva Corte.
Lo lamentable de todo esto, es que la Constitución Política, además de que no establece ninguna facultad para el Poder Judicial, a efecto de que pueda asignarse estas atribuciones, tampoco le confiere al Ejecutivo Federal, la posibilidad de darle marcha atrás a un Acuerdo del Pleno del más alto Tribunal de la Nación, y, por lo tanto, dicho Acuerdo por absurdo que sea, sigue siendo OBLIGATORIO para los ministros presentes y futuros de la Suprema Corte.
Sin duda un tema para desmenuzarlo con calma porque violenta absolutamente todo el estado de derecho, y hoy se abre la oportunidad para el debate desde la doctrina haciendo un ejercicio de la “Parrhesia”, que segín Foucault, es la apertura que hace que uno diga lo que tiene que decir, lo que tiene ganas de decir, lo que considera un deber decir, porque es necesario, porque es útil, porque es verdad.
De no ser así, el Acuerdo inconstitucional seguiría vigente hasta que los mismos que lo votaron lo desechen, en una Suprema Corte donde los acuerdos que se toman, como diría Joaquín Sabina, son como las cosas que no tienen mucho sentido.

Aunque es un delito del que mucho se habla, pocos toman en cuenta la factura a la salud mental que significa no resolverlo.

Conciencia Saludablemente

Por: Psicol. Alex Barrera

La reciente aprobación en el Congreso de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión marca un antes y un después jurídico en México: la reforma aspira a homogeneizar criterios, perseguir el delito de oficio y endurecer sanciones frente a una práctica que se ha disparado en los últimos años. La votación responde a una urgencia tangible: la extorsión ya no es un daño sólo económico, es una máquina de erosionar vidas. 

Los números lo confirman y, a la vez, ocultan realidades. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, en 2023 se cometieron 747 mil delitos de extorsión contra unidades económicas, cifra que ilustra la magnitud del fenómeno entre negocios formales.  Cabe señalar que las estadísticas oficiales de carpetas de investigación son mucho menores por no decir engañosas, precisamente es por la altísima “cifra negra” (cantidad de delitos que no se registran en las estadísticas oficiales) que la mayoría de las víctimas no denuncia, es decir las víctimas tienen miedo o desconfianza institucional.  

El impacto económico también aparece con cifras contundentes. Coparmex y diversas estimaciones señalan pérdidas multimillonarias: sólo en 2025, hasta septiembre, las extorsiones han significado una erogación que supera los 21 mil millones de pesos para empresarios, además de multiplicar costos en seguridad privada y obstaculizar la inversión. 

El daño no se limita a lo material. La extorsión induce estrés crónico, ansiedad, insomnio y sensación de indefensión tanto en propietarios como en trabajadores. Pequeños comerciantes describen la extorsión como un “perdón a cambio de sobrevivir”: pagar para continuar operando. Esa lógica genera culpabilidad, vergüenza y un desgaste emocional que se transmite al núcleo familiar y comunitario. Estudios sobre victimización muestran que la repetición del ataque y la impunidad fomentan trastornos de estrés postraumático, depresión y paranoia colectiva, los cuales han sido publicados por ENVE/INEGI y reportes de victimización.  

Las consecuencias secundarias son palpables: zonas enteras ven cerrar negocios ante la imposibilidad de sostener pagos extorsivos o por la pérdida de clientes ante la percepción de riesgo. En Sinaloa, por ejemplo, Coparmex reportó el cierre de alrededor de 2 mil empresas en el primer semestre de 2025 atribuible al clima de inseguridad local; sin embargo, no existe aún una cifra nacional homologada sobre cierres empresariales exclusivamente por extorsión.  

Ese silencio la llamada la cifra negra agrava el golpe psicológico. No denunciar porque temes represalias o porque “las autoridades no harán suficiente” es una doble privación: económica y emocional. La persona queda aislada, sin redes de apoyo formales, normalizando el temor y enquistando el daño. A nivel comunitario, esa normalización mina la confianza social y la capacidad de resiliencia colectiva, además activa un mecanismo de defensa en el cerebro sobre todo porque como miembro de una comunidad el miedo se agrava pues ya no tienes libertad de acudir a lugares recreativos, esto se convierte en una viciosa cadena, que impacta también la economía, pues la extorción desmotiva la inversión, reduce fuentes de ingreso y atemoriza a la comunidad, es decir que el daño es sistémico. 

Frente a este panorama, la ley y las acciones policiales son necesarias pero insuficientes por sí solas. Es imprescindible integrar respuestas que atiendan la salud mental de las víctimas: protocolos de contención, orientación jurídica y fundamentalmente atención psicológica especializada.  

La terapia ayuda a procesar el trauma, recuperar la calma y volver a sentir que se tiene control sobre la propia vida. También permite desarrollar estrategias para manejar el miedo y evitar que este se vuelva permanente. Intervenciones breves, apoyo psicoeducativo y programas comunitarios de resiliencia pueden reducir la ansiedad, mejorar el sueño y favorecer decisiones más seguras, ya sea sobre denunciar o reestructurar la actividad económica. 

La extorsión ataca hogares y tejido económico, pero también hiere la confianza que sostiene la vida cotidiana. Por eso la política pública debe ir más allá de la cárcel para extorsionadores: debe contemplar la reparación integral del individuo y la comunidad, incluida la salud mental para que las personas y comunidades recuperen no sólo su patrimonio, sino su confianza. Si la ley ayer fortaleció la respuesta penal, hoy la prioridad es que la respuesta humana, psicológica y social. llegue al mismo ritmo. Buscar ayuda profesional no es solamente una medida individual: es un acto de reconstrucción colectiva. 

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**Además de 10 años de experiencia como comunicólogo, ejerciendo el periodismo. Alex Barrera es también psicólogo por la UNAM con profundización en desarrollo humano.
Actualmente brinda terapia clínica con enfoque Biopsicosocial.

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