“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

Como parte de las actividades periodísticas, toca analizar la situación de la seguridad en Quintana Roo y cada uno de sus municipios, las causas que provocan la inseguridad, la violencia, el reclutamiento de personas por parte del Crimen Organizado (CO), así como la desaparición de personas.
Las cifras son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizadas de enero a septiembre de este 2025, es decir, los tres trimestres que ya transcurrieron y que fueron dadas a conocer hace unos días.
Hago notar que diferentes estudios califican la violencia letal como la suma de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y desapariciones. Si bien es cierto que Quintana Roo tiene una pequeña reducción en este tipo de violencia, sus tasas de incidencias delictivas todavía son altas, con un balance negativo en estos tres trimestres.
Hoy, quiero hacer un llamado a las autoridades que imparten justicia en el país y el estado, porque el acumulado de desaparecidos en estos tres trimestres del 2025 llega a 887 personas, es decir, 98-99 cada mes, cifra que ya superó las 881 registradas durante todo 2024 en el mismo periodo; pero de ese total de desaparecidos, hay 336 de los que no existe ni rastros.
“El fenómeno de las personas desaparecidas se ha convertido en una crisis en el estado de Quintana Roo, al pasar de pocos casos exclusivos en las zonas turísticas, predominantemente Cancún, a esparcirse por toda la geografía estatal hasta las comunidades mayas”, señala la AC ‘Red Lupa’.
La crisis es preocupante al grado que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en México por primera vez en abril de 2025, debido a las desapariciones sistemáticas en Quintana Roo. Así como la creación de la Plataforma de datos de la Fiscalía de Quintana Roo la que lanzó hace unos meses con datos sobre personas desaparecidas para mejorar la visibilidad del problema.
La pregunta que hacen todas las organizaciones civiles de búsqueda, ¿dónde están?, sin que hasta el momento exista una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades; la mayoría de los hallazgos son realizados por las AC como la de “madres buscadoras”.
También es verdad que las desapariciones están impulsadas por múltiples factores interconectados, principalmente la actividad del crimen organizado y la impunidad, que opera en un contexto de violencia generalizada y vulnerabilidad social. Un ejemplo de ellos es el “reclutamiento forzado”, donde cárteles de la droga reclutan a personas a la fuerza para sus actividades criminales, quienes se resisten son asesinados o desaparecidos.
No hay que negar que se suma el tráfico de personas, donde el CO se financian mediante este ilícito. La extorsión a empresarios, trabajadores y la industria de la construcción es otra fuente de ingresos para el CO, lo que aumenta las desapariciones.
Una característica es que el 43% de las personas desaparecidas tienen entre 15 y 29 años; un 19% son menores de edad, lo que las hace especialmente vulnerables. Quizá un factor que contribuye al caldo de cultivo es la población flotante de Quintana Roo.
Organizaciones de la sociedad civil han documentado la participación o complicidad de agentes estatales con el CO en casos de desaparición; así como colectivos de madres buscadoras denuncian negligencia, impunidad y falta de apoyo por parte de las autoridades locales.
En el pasado se ha documentado la obstrucción de la justicia por parte de funcionarios públicos que obstaculizan las investigaciones de desaparición, utilizando su influyentismo y recibiendo dinero de estas actividades ilícitas, lo que dificulta que las víctimas puedan acceder a la justicia.
La ausencia de investigación, justicia y reparación adecuadas, así como la complicidad y participación de agentes estatales en estos delitos, crea un marco institucional que favorece la perpetuación de estas violaciones. Solo un 2% y el 6% de los casos de desapariciones de personas fueron judicializados, en 2024 y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desapariciones de personas en ese mismo año. Al tiempo…
SASCAB
Por cierto, resulta vergonzoso para las instituciones federales lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo con la difusión de un evento en el Zoológico de Nuevo León, al grado que el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), Ernesto Zazueta, expresó que lo verdaderamente inaceptable es que una entidad pública procuradora de la ley cuya labor exige mucho rigor y seriedad se haya precipitado a emitir un juicio sin fundamentos técnicos, valiéndose de material apócrifo obtenido de internet, incluyendo imágenes de elefantes y carnavales ajenos a los zoológicos mexicanos.
“Es injusto y preocupante que por errores de comunicación institucional se pretenda desacreditar el trabajo responsable, profesional y conservacionista de los zoológicos modernos de México, los mismos que han logrado rescatar y rehabilitar a miles de ejemplares, y conservar a decenas de especies amenazadas y en peligro de extinción”, concluyó.
Está bien que Nuevo León es gobernado por otra ideología política diferente a la del Gobierno Federal (Morena), pero eso no les da el derecho de desinformar a la población con fotografías apócrifas de un evento tradicional en el zoológico de la ciudad. Ahí se las dejo…