“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

La reciente iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, no ha estado exenta de críticas por parte de juristas, académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y esto se debe principalmente a la desnaturalización de un juicio cuya única razón de existir es la de defender a los ciudadanos de los abusos del poder, y que, con la reforma planteada, lejos de fortalecer el juicio de amparo como instrumento de control constitucional y convencional que refuerce el control difuso en favor de los grupos minoritarios y de aquellos en estado de vulnerabilidad, la reforma plantea inconsistencias que podrían debilitar el acceso a la justicia a los que menos oportunidades tienen, y de paso, erosionar más el equilibrio entre poderes. 

Restricción indebida de la suspensión del acto reclamado 

Uno de los puntos más controvertidos es la modificación al artículo 129 de la Ley de Amparo, que regula la suspensión del acto reclamado. Cuando se ponga en riesgo en interés social, mismo que a la fecha cuenta con 13 fracciones perfectamente delimitadas y definidas para que el juzgador no pueda ir más allá de lo que la Ley establece. Sin embargo, la reforma establece que no procederá la suspensión cuando se trate de actos relacionados con la seguridad nacional, la seguridad pública o la salud pública, sin definir con precisión estos conceptos y dejándola abierta a la interpretación de cualquier jugador que puede dejar en estado de indefensión al quejoso en un juico de amparo al no definirse con claridad estos supuestos. 

Reiterando, esta ambigüedad normativa abre la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de jueces y autoridades administrativas. Como señala el constitucionalista Miguel Carbonell, “la suspensión es la garantía de que el juicio de amparo no se vuelva ilusorio; sin ella, el daño puede consumarse antes de que el juez se pronuncie”. (Carbonell, M. (2025). El amparo como garantía efectiva. Revista Jurídica UNAM). 

En un ejemplo del absurdo sería aquel juicio de amparo que promuevan quejosos por el inconstitucional cobro del derecho de alumbrado público, donde la suspensión del cobro inconstitucional pudiese ser negada por parte del juzgador hasta a sentencia por considerar que se pone en riesgo la hacienda municipal, y así, sostener un daño al quejoso por la fata de definición en la norma, máxime si el juzgador no tiene experiencia en amparo. 

Reducción del interés legítimo: exclusión de colectivos 

La reforma también modifica el artículo 5º de la Ley de Amparo, restringiendo el concepto de “interés legítimo” a quienes acrediten una afectación directa, personal y actual. Esto excluye parte del contenido de la fracción I de dicho artículo que reconoce el derecho a comunidades, organizaciones civiles y defensores de derechos difusos, como el medio ambiente o la salud colectiva, lo que limita principalmente a aquellos grupos de personas con menos recursos para contratar en lo individual a un abogado y sostener cada uno de ellos su interés, permitiendo que los actos indebidos de las autoridades prevalezcan en detrimento de grupos minoritarios. 

Juristas como Luisa Conesa han advertido que esta modificación contradice el criterio sostenido por la Suprema Corte en casos como el amparo en revisión 307/2016, donde se reconoció el interés legítimo de comunidades indígenas frente a megaproyectos. La reforma, en este sentido, representa un terrible retroceso en la democratización del acceso a la justicia. 

Un ejemplo de ello, pueden ser los juicios de amparo que respaldaron el rescate de Tajamar en Cancún, o bien, aquellos que lograron rescatar el agua de pueblos originarios en el norte del país. Sin duda, esta reforma a la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, además de ser contraria al artículo 1 de la Constitución Política es totalmente convencional, si es que aún consideramos que somos parte de tratados y convenciones internacionales que recogen derechos humanos.  

Falacia de composición en el diagnóstico del abuso 

La argumentación jurídica desde la perspectiva legislativa se sustenta en la capacidad que se tiene para fundar y motivar las pretensiones que impulsan una norma que debe contar con diversos requisitos de estudios de derecho comparado y de un estudio constitucional para no afectar el estado de derecho, independientemente de los posibles ejercicios de legisprudencia y fronética legislativa, que sirven para sostener la juridicidad de una propuesta de reformas. 

En este sentido, la exposición de motivos de la reforma se sustenta en diversos juicios de amparo contra la UIF, en cintera de las obras estratégicas como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, y varias más, como si el ejercicio del derecho fuera un elemento negativo en una sociedad. Sin embargo, como advierte el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, esta cifra no prueba abuso del juicio de amparo, sino la magnitud de los actos impugnados y la preocupación ciudadana por su legalidad, y sobre todo, la capacidad de grupos de personas para ejercer el derecho individual y colectivo, sin que una demanda de amparo represente una afrenta a un partido o a un grupo de poder, ya que desde el siglo XIX el juicio de amparo ha tenido la finalidad de combatir actos o leyes que los ciudadanos consideran que lesionan sus derechos. 

Riesgo de regresión democrática 

El juicio de amparo, consagrado en el artículo 103 constitucional, es una garantía individual y colectiva frente a actos arbitrarios del poder público. Debilitarlo mediante reformas regresivas contradice el principio de progresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo 1º de la Constitución, como ya hemos mencionado. 

Además, al limitar la posibilidad de suspender actos administrativos, se reduce el margen de acción del Poder Judicial como contrapeso institucional. Como ha señalado el ministro en retiro José Ramón Cossío, “el amparo no es un obstáculo para el desarrollo, sino una válvula de seguridad democrática”. (Cossío, J.R. (2025). El juicio de amparo y la democracia. Nexos). 

Conclusión 

La reforma a la Ley de Amparo, en sus términos actuales, presenta inconsistencias jurídicas, democráticas y técnicas. Si bien es legítimo revisar y actualizar los instrumentos procesales, ello debe hacerse con base en principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, y sobre todo, escuchando a los conocedores del derecho, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de erosionar uno de los pilares del constitucionalismo mexicano y con ello, la vida seguirá como siguen las cosa que no tienen mucho sentido. 

“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

En el marco de las elecciones 2027, el tema de las alianzas ocupa en estos días la vida pública e interna de los partidos políticos. Ante el desgaste de la alianza en el poder por la voracidad de los verdes y el fracaso de la alianza opositora ante su contundente derrota, el panorama aliancista nacional y regional se va a modificar drásticamente.

En este contexto, el partido Movimiento Ciudadano se ha convertido en la manzana de la discordia y tiene ante sí cuando menos tres caminos: a) alianza con Morena, b) con el PAN y/o Verde y c) seguir en solitario.

a) Aunque lo niega públicamente, Morena sí tiene entre sus planes atraerse al movimiento naranja, en “sustitución” de los insaciables verdes que cada vez quieren mucho más poder del que vienen ordeñando al partido hegemónico en turno. Morena tiene otra carta de reserva, que son los nuevos partidos que obtendrán su registro en 2026 algunos de los cuales ya han adelantado que harían alianza con Morena, lo cual hace menos “indispensables” a los verdes.

b) El PAN volvió a retomar su intención de juntarse con MC, después que en las pasadas elecciones Dante Delgado insistió en que no se iba a subir a una oposición que parecía el Titanic rumbo al hundimiento, como finalmente sucedió. Un punto favorable es que la mayoría de dirigentes de MC provienen del PAN (algunos ven a MC como un panismo anaranjado), así que esto facilitaría esta alianza, además, sería solo con el PAN, sin el PRI. Un punto desfavorable es que muchos de esos ex panistas no quieren nada con su antiguo partido PAN y menos con la mafia inmobiliaria que encabezan Marko Cortés y Jorge Herrera. Por su parte, el Partido Verde ya ha expresado también que le tiene ganas a MC, pero aquí el factor en contra es que el verde siempre quiere llevarse la mejor tajada y sus votos en solitario son muy bajos, 4-6% en promedio. Siempre saca ventaja con el partido hegemónico, pero con MC sería diferente.

c) Seguir en solitario es otra opción que podría continuar manteniendo MC, ya que en Jalisco acaba de refrendar su triunfo, pero en Nuevo León es muy difícil que pueda repetir, ya que el PRI tiene una gran ventaja y en una elección cerrada de tres fuerzas políticas, la más favorecida sería la tricolor, que recuperaría una entidad emblemática para el priismo. Este escenario puede favorecer la opción a) de MC, es decir, aliarse con Morena, bajo el compromiso de mantener Nuevo León.

Así las cosas, MC se ha convertido en la manzana de la discordia en los nuevos escenarios de alianzas rumbo al 2027, sobre todo porque tiene en promedio una votación nacional por arriba del 10% y gobierna dos estados.

EL FACTOR DANTE
Aunque la presidencia de Jorge Álvarez Máynez ha empezado a abrir las puertas a alguna alianza, la presencia moral de Dante Delgado tiene peso y es quien no quiere nada con el Titanic PAN-PRI. Dante, incluso, sería factor para una poco probable, pero no imposible, alianza Morena-MC, sobre todo ahora que Andrés Manuel López Obrador no está en escena pública.

Esta alianza con el partido hegemónico, a MC podría fortalecerlo para convertirse en la segunda fuerza política nacional, lo cual es un irresistible atractivo para cualquier partido político.

En una alianza con cualquier partido de la oposición, la ventaja sería más para el otro partido (PAN, PRI, Verde) que para MC. En una alianza con Morena, los dos partidos ganarían casi por igual, es decir, sería gana-gana para ambos. Después de este enfoque, usted tiene la última palabra.
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