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LOS TROPIEZOS DEL FISCAL RACIEL LOPEZ

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La hoy Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, antes Procuraduría General de Justicia (PGJ), ha estado en entredicho desde los tiempos de Francisco Alor Quesada (+) en el 2011, respecto a sus funciones imparciales, transparentes y de impartición de justicia pronta y expedita, sin que a la Legislatura y gobernante en turno le importe mucho.
Antes de diciembre de 2018 todos los procuradores y fiscales eran políticos y abogados quintanarroenses; pero precisamente para nombrar a su cuate, Carlos Joaquín González, entonces gobernador de Quintana Roo, envió a la XV Legislatura una propuesta de reforma a la Constitución del Estado, para eliminar el requisito que exigía a los fiscales haber nacido en Quintana Roo para poder ser elegibles al cargo, es así como llega Oscar Montes de Oca Rosales.
No puedo omitir los escándalos de cada Procurador y a partir del 2016 de cada Fiscal. Por ejemplo, en el 2011 Alor Quesada no pudo con los casos como el del cantante “Kalimba”, la grupera Ana Bárbara, el productor estadunidense Bruce Beresford-Redman, la explosión del hotel Grand Princess Riviera Maya, casos que quedaron impunes y que constituyeron un escándalo internacional.
Otro de los que dejó la entonces Procuraduría General del Estado sumida en la incertidumbre, corrupción e impunidad fue Gaspar Armando García Torres, quien llegó el 14 de abril de 2011, nueve días después del inicio del gobierno de Roberto Borge Angulo (2011-2016). Uno de los casos sonados en el 2013 fue el homicidio de Héctor Cacique Fernández, quien fue víctima de tortura por parte de la entonces Procuraduría; sin omitir que en el 2017 fue relacionado con el crimen organizado después de la detención de sus colaboradores Ángel Fernando T.C. y Guillermo A.V., con una prominente integrante de un grupo criminal en Cancún.
Después de Gaspar Armando, de septiembre de 2015 a diciembre de 2016, fungió como Procurador uno de los personajes más oscuros de la política quintanarroense, Carlos Arturo Álvarez Escalera (hoy en un cargo de medio pelo en el DIF Estatal), quien fue nombrado dentro del llamado “paquete de impunidad”, aprobado por la Legislatura para supuestamente proteger al exgobernador Roberto Borge Angulo ante eventuales investigaciones de malos manejos y desvíos de recursos.
Fue en el 2016 donde inicia el “parteaguas” de la Fiscalía del Estado, con la llegada del maestro Miguel Ángel Pech Cen, a quien el recién llegado gobernador Carlos Manuel Joaquín González, nombró como Fiscal, dado que deseaba hacer una diferencia de los gobiernos anteriores; pero no se cumplió, pues fue el propio Miguel Ángel Pech quien renunció por considerar que era imposible corregir una torcida y corrupta impartición de justicia en Quintana Roo. Atentó contra la libertad de expresión en el 2017, cuando ministeriales acorralaron a un ejecutivo de un diario, amenazándole e intimidándole, al investigar en Plataforma México, el vehículo en el que viajaban dichos tipos con placas UTP-982-B, Chevrolet Sonic, color blanco, modelo 2014, era una unidad a cargo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, bajo el mando del Fiscal Miguel Ángel Pech Cen.
A Miguel Ángel Pech Cen lo sustituye Gustavo Salas Salgado a partir de 1 de octubre de 2018 y estuvo en el cargo hasta diciembre de ese mismo año cuando el Congreso nombró a Óscar Montes de Oca Rosales.
Un año después, Óscar Montes de Oca Rosales y sudirector de Administración y Planeación, César Octavio Ayerdi Hernández, fueron responsables de discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, ejercicio abusivo de funciones. Para febrero de 2020, Óscar Montes de Oca Rosales ya había incorporado a la dependencia a más de 200 empleados nuevos, la mayoría de ellos provenientes de la Ciudad de México, a los que de manera local les apodaron “Los Chilangos”.
Es aquí donde empieza la historia de la procuración de justicia de Quintana Roo en mano de los “fuereños”, de quienes no tienen ningún arraigo genético, empresarial o de negocios en el Estado y quizá por ello, no les interesa hacerle daño a la imagen de la Entidad ente el mundo.
Pero quien supera y ha tenido tropiezos en su vida como político y servidor público, es el sustituto de Óscar Montes de Oca, Raciel López Salazar, quien, a un año y días de estar de manera oficial como Fiscal General del Estado (tres meses fue interino), tomó protesta el 19 de septiembre de 2024, ya tiene el control de la Seguridad Ciudadana en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen y Tulum, por medio de sus recomendados, los bautizados en Puebla como “Los Chiapanecos”.
Su mandato, que se extenderá hasta el 2036 de acuerdo con las reformas hechas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, quizá por ello, este grupo de “Los Chiapanecos” incrustados en la FGE, controlan el corredor turístico conocido como Cancún-Tulum, por medio de las secretarias de Seguridad Ciudadana.
Los Chiapanecos mandan desde Cancún a Tulum; en Benito Juárez (Cancún), Jaime Padilla Barrientos despacha como Secretario de Seguridad Ciudadana desde julio pasado; antes fue director de la Policía de Investigaciones; previamente fue director de Grupos Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y, antes de eso, jefe de grupo de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; la constante es que en todos estos cargos ha estado subordinado al Fiscal Raciel López Salazar.
En Tulum, el también miembro del grupo de Raciel López, Édgar Aguilar Rico, originario de Chiapas, asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; quien, de la mano de su mentor, inició su carrera en 2011 como jefe de la Unidad de Investigación Criminal en el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad estatal. Más tarde fue Inspector General y titular de la Unidad de Análisis Táctico de la Policía Estatal Fuerza Ciudadana, donde diseñó e implementó operativos de prevención, proximidad y control del delito. En 2016 asumió la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Tuxtla Gutiérrez, y luego la Dirección de Tránsito Municipal, también en la capital chiapaneca.
Pero el protegido mayor, es el actual Secretario de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, Carlos Alberto Montesinos García, quien hoy está en el “ojo del huracán” por su presunta responsabilidad en la muerte de la muerte del pescador Pablo Esteban de la Cruz Buenfil (+), en su primera versión, López Salazar dijo a través de su dependencia que el fallecimiento se debió a “traumatismo craneoencefálico” provocado por un golpe; horas después, con el propósito de proteger a su paisano e integrante de “Los Chiapanecos”, cambió la versión a que se debió a “asfixia por broncoaspiración”, omitiendo el traumatismo como una de las causas del deceso que arrojó el acta de la necropsia de ley.
Quiero anotar, que este grave tropiezo se da en menos de 24 horas, no por presiones de ningún tipo ni de ninguna autoridad, sino por la iniciativa de la FGE para tender un manto de impunidad y evadir responsabilidades del quien, a todas luces, cuenta con la protección de Raciel López Salazar. Ahí se las dejo…
SASCAB
Para los voceros(as) de los diferentes gobierno y órganos autónomos; sus cargos son temporales, pero la amistad y compañerismo es permanente. La manera en la que se conduzcan como funcionarios(as) públicos, es directamente proporcional a la amistad y el compañerismo que disfrutarán mañana. Recuerden que el salario que devengan es pagado con nuestros impuestos; el que nosotros devengamos, viene del esfuerzo realizado durante muchos años de trabajo y constancia. Al tiempo…

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EN LA OPINIÓN DE:

LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO. 

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“Comentario a Tiempo”
Por Teodoro Rentería Arróyave

Como es del conocimiento público, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo fue víctima de acoso sexual, este martes, mientras recorría la calle de Argentina para llegar de Palacio Nacional a la sede de la secretaria de Educación Pública; un sujeto con signos de drogadicción o alcoholismo se aprovechó cuando la mandatario respondió a la petición de algunos viandantes de dialogar y tomarse algunas fotos, el hombre se le acercó por detrás y le pasó un brazo sobre los hombros e intentó besarla en el cuello.

Me uno a todas las voces de que la jefa del Ejecutivo Federal, quien ocupa, valga la redundancia, el más alto puesto de la nación, merece y es necesario una más severa y profesional custodia de su persona.

Lo deleznable es que alguna comentocracia se aproche del despreciable incidente para insultar, para descalificar, para emprender campañas políticas asquerosamente interesadas, como ocurrió con el muy lamentable y doloroso asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo; como comentó Gustavo Rentería Villa, el hijo colega: “El crimen del alcalde de Uruapan, fue utilizado para poner más chile piquín en la herida”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de lamentar el “lamentable episodio”, informó su decisión de presentar la denuncia correspondiente contra el sujeto que le hizo tocamientos sin su consentimiento.

También en la conferencia mañanera del miércoles, Sheinbaum Pardo indicó que no cambiará su seguridad tras este acoso que sufrió, porque no puede alejarse de la gente, sin embargo, afirmó que lo ocurrido es un delito.

“Si eso le pasa a la presidenta caminando por la calle”, enfatizó, qué no les pasa a otras mujeres, jóvenes”, al señalar que presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, “sin privilegios”.

Agregó que su agresor fue detenido e identificado como Uriel Rivera Martínez, estaba drogado o alcoholizado.

“Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal”, afirmó, al anunciar una campaña para que haya respeto en todos los sentidos y señaló a medios de comunicación por el uso de su imagen ante el caso: “Hay cosas que tienen límite”, dijo.

Juzguen ustedes respetados lectores, radioyentes, televidentes y cibernautas, después de que analicen estas estadísticas sobre el acoso sexual en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, mismas que revelan una alta incidencia, afectando predominantemente a las mujeres en diversos ámbitos.

45.6 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han sido agredidas en el espacio público (calles, transporte, parques, centros comerciales, etc.) al menos una vez en su vida, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

Aproximadamente 7.7 millones de personas de 18 años o más en zonas urbanas (17.1 por ciento de la población) fueron víctimas de al menos un tipo de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos durante el primer semestre de 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

La forma más común de acoso en la calle incluye expresiones verbales de naturaleza sexual (piropos, insultos) y la realización de señales sexualmente sugerentes.

El 35 por ciento de las mujeres en México ha sufrido acoso laboral. El acoso y hostigamiento sexual en el trabajo contribuye a que muchas mujeres decidan renunciar; se ha reportado un promedio de 12 renuncias por hora debido a acoso laboral y discriminación.

El Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI reportó que el 21.7 por ciento de la población en línea fue víctima de ciberacoso en 2021, afectando a 9.7 millones de mujeres y 8 millones de hombres.

A lo largo de 2023 se reportaron más de 40,000 casos de acoso sexual, y en lo que va de 2025, casi 10,000 mujeres mexicanas han presentado denuncias por acoso sexual.

Existe una cifra negra significativa, ya

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PUBLICIDAD POSITIVA Y NEGATIVA EN REDES

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

Aunque los tiempos legales para buscar una candidatura para las elecciones del 2027 en Quintana Roo, los políticos de todos los partidos ya andan a todo lo que da, principalmente en redes sociales, donde la regulación de la promoción política es una falacia, todos, sin excepción, pagan su respectiva publicidad.
Lógicamente, así como contratan espacio para promover su imagen, también contratan publicidad para denostar las actividades de quienes consideran sus contrincantes, utilizando la editorialización de notas y escondiéndose bajo un seudónimo, pero está claro quien o quienes pagan la publicidad a favor o en contra.
Por ejemplo, de los personajes que aspiran a la gubernatura, el más vapuleado en las redes sociales es Rafael Marín Mollinedo, actual Director de Aduanas del Gobierno de México; luego le sigue la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio; y, no se escapa Nivardo Mena Villanueva, presidente municipal de Lázaro Cárdenas.
Eso sí, las notas positivas para el senador Eugenio Segura Vázquez, están en casi todos los medios y medios-medios, que pululan en las redes sociales y donde pagan publicidad para tener mayor alcanza; le sigue en la promoción de su imagen la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, quien todos los días dice que trabaja a favor de la ciudad de Cancún, pero sin que se vean los resultados.
Resulta curioso que los aplaudidores del Senador y de la Presidenta Municipal de Benito Juárez, son los mismos que atacan y descalifican las acciones del Director de Aduanas del Gobierno del México, así como de la labor que realiza Estefanía Mercado Asencio a favor de los playenses. Estos personajes piensan que pueden actuar desde la sombra sin que se sepa que son ellos y ellas las que pagan la publicidad contra los que consideran una competencia real rumbo a la gubernatura en el 2027.
Pero las promociones de su imagen o las descalificaciones no son propias de estos aspirantes a la gubernatura, también quienes aspiran a una presidencia municipal traen su jugada. Hay filtraciones sobre viajes de placer de tal o cual funcionario; pláticas que se suponen son íntimas en el cuarto de guerra son filtradas a medios de comunicación y estrategias que deben permanecer en el círculo cercano del aspirante la dan a conocer en las redes sociales.
Por poner un ejemplo. En Benito Juárez (Cancún) hay un sin número de aspirantes a la presidencia municipal; empezando por el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, quien es la carta fuerte de la presidenta Ana Patricia Peralta de la Peña; otro es Pablo Bustamante Beltrán, quien aspira a la presidencia como la posición del Partido Verde (PVEM); Verónica Lezama Espinosa, quien es impulsada por la propia gobernadora Mara Lezama; Jorge Arturo Sanén Cervantes, quien como presidente del Consejo de Morena, podría ser impulsado por el partido; hay otros más que quiere, como la diputada federal Mildred Ávila Vera; Marybel Villegas Canché, pero les falta “patrocinador”.
En Othón P. Blanco solo hay dos claros aspirantes a la presidencia municipal, la secretaria de Educación Elda Xix Euán y el actual secretario del Ayuntamiento, Luis Gamero Barranco; entre ellos está la disputa, aunque hay otros nombres, pero les falta tablas y para experimentos, ya es suficiente con la actual alcaldesa. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, cada vez más el orden administrativo se hace presente en el gobierno de Playa del Carmen. Al menos así lo dijo el Oficial Mayor Guillermo Brahms González, al declarar que por instrucciones de la presidenta Estefanía Mercado Asencio, el Ayuntamiento se encuentra en una revisión en el área de Recursos Humanos con el fin de depurar la nómina municipal y eliminar a los llamados “aviadores”.
Esta revisión se puso en marcha, luego de que se detectaron varias irregularidades derivadas de cambios en la dirección de Recursos Humanos, donde se identificaron algunos “aviadores”; es decir, empleados que cobraban su sueldo, sin acudir a oficinas ni desempeñar sus labores.
Eso sí, la revisión ha causado la inconformidad de algunos excolaboradores al grado que acusan despidos masivos, pero Brahms González asegura que la administración debe contar con una plantilla laboral real. Pero como dice la sagrada Escritura, “el que no trabaja, que no coma”, o lo que es lo mismo, quien no trabaja que no cobre en la nómina. Al tiempo…

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