EN LA OPINIÓN DE:
LA TENTACIÓN AUTORITARIA
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
• Uso y abuso de la “violencia política por razón de género”.
• De derecho histórico a arma política
El recurso favorito del prianismo contra periodistas fue el “daño moral” y ahora el del morenismo contra la prensa crítica parece ser el de “violencia política de género”.
Ante una acusación de violencia política por razón de género, no hay salvación ni defensa. Jueces y juezas generalmente no analizan los casos, ni valoran pruebas ni la dimensión del daño. Hasta ahora la gran mayoría de estos recursos se sentencian en automático y con valoración política.
Ante el reciente brote de denuncias y sentencias económicas y a pedir disculpas por un mes y otra por 15 días contra periodistas, así de pronto, sin que haya antecedentes, evidenciando una subordinación o inclinación al poder y no personas juzgadoras guiadas por el principio de impartición de justicia.
DERECHO HISTÓRICO ¿EN RIESGO?
El derecho a tener justicia por violencia de género, es un triunfo histórico después de muchas décadas de lucha social de mujeres valientes adelantadas a su tiempo. Ahora una vez convertido en ley, existe alto riesgo de que se convierta en arma de guerra contra adversarios políticos o periodistas incómodos. Sería un síntoma ominoso para el nuevo Poder Judicial federal y de los estados.
ASÍ BAJARON A GAMERO
Por ejemplo, una acusación de este tipo de Yensunni Martínez contra Luis Gamero fue un claro abuso político, pero de lo que se trataba era de echar abajo la candidatura de Gamero y lo lograron. Con el abuso de este recurso Yensunni se hizo de la candidatura. Ante sus malos resultados se tuvo que recurrir a un burdo fraude para su reelección, aunque éste es otro tema.
“DAÑO MORAL”
Igual pasó con el delito llamado “daño moral” que se usó y abusó de él hasta que fue desterrado, historia que no se debe repetir con el derecho a no ser violentada políticamente por razón de género; es decir, que el abuso del derecho no debe ser pretexto para desaparecerlo y dejar en la defensión otra vez a las mujeres.
De lo que se trata es que este delito sea debidamente regulado y no se comentan injusticias ni humillaciones, que es lo que buscan con ese tipo de sentencias de una disculpa diaria por un mes o un año si la persona juzgadora así lo decide.
Además, dejar de publicar o desaparecer un medio periodístico, porque se atropella otro derecho inalienable en la Constitución que es la libertad de expresión, que toca a las y los periodistas y a la ciudadanía en general.
La misma presidenta Claudia Sheinbaum calificó este tipo de sentencias como un “exceso” pero hay otros temas en que los llamados de la presidenta no son tomados en cuenta ni por gobiernos de su propio partido. Tal es el caso del diputado morenista y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna acusado de haber impuesto a su esposa Diana Karina Barreras como diputada del PT.
La tentación autoritaria es muy grande, sobre todo, cuando el aparato judicial está controlado por jueces y magistrados “carnales” y la balanza de la justicia se inclina por intereses y no por el derecho.
¿Será mucho pedir que los nuevos jueces y juezas se alejen de esa tentación autoritaria? Ahora con la reforma Judicial ¿Seguirá lo mismo con los nuevos poderes judiciales y los nuevos tribunales electorales?
Los usos y costumbres de abuso de poder, no cambian, solo se transforman. Qué lejos estamos de aquella máxima jurídica: Todo derecho propio termina donde comienzan los derechos del otro.
Sin embargo, parece que prevalece: en la guerra y en la política todo se vale, además del maquiavélico: el fin justifica los medios. Usted tiene la última palabra.
ooOoo

EN LA OPINIÓN DE:
LA TRAMPA DE SALOMÓN JARA
“EN LA OPINIÓN DE”
Dr. Hugo Alday Nieto
Lo sucedido hace un par de días en Oaxaca nos da una señal clara de que el pueblo bueno y sabio oaxaqueño no está contento con el gobierno de Salomón Jara, quien apenas la libró con el 58% de los votos a favor de que su mandato continúe. Lo más lamentable a mi parecer, es que esa elección fue entre el gobernador y su propia incompetencia, y ganó solo con 8 puntitos porcentuales arriba de la media. Creo que la mediocridad de una administración fue exhibida en su totalidad.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Oaxaca, procede la revocación de mandato en los siguientes supuestos:
“Art. 25…
C…
Fracción III.- Procede la revocación de mandato del Gobernador del Estado cuando se presente los supuestos y se cumplan los requisitos que a continuación se enuncian:
a) Se formule la solicitud por escrito y la suscriban cuando menos veinte por ciento de los ciudadanos oaxaqueños inscritos en la lista nominal de electores del Estado, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
b) Haya transcurrido al menos la mitad del mandato del Gobernador del Estado,
c) Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por violaciones graves a la Constitución Política del Estado,
d) Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por acciones atribuibles directamente al Gobernador del Estado que puedan ser consideradas como delitos de lesa humanidad, y
e) Se presente la solicitud en forma y términos que marque la ley ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana certificará el cumplimiento de los requisitos de la solicitud.
La certificación del Instituto podrá ser recurrida de acuerdo con lo siguiente:
a) Cuando el recurrente considere mal apreciados los requisitos relativos a los incisos a) o d), el recurso se solventará ante el Tribunal Estatal Electoral, y
b) Cuando el recurrente considere mal apreciados los requisitos relativos a los incisos c) o e), el recurso se solventará ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia.
Una vez que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana certifique que se han cubierto los requisitos previstos en esta Constitución y la ley, dar vista al Congreso del Estado.
El Congreso del Estado solventará el juicio de procedencia para la revocación de mandato en observancia de las reglas previstas en el artículo 118 de esta Constitución, y deberá:
a) Requerir al representante común de los solicitantes que aporte las pruebas de las que se derive directa y objetivamente la responsabilidad del Gobernador del Estado por las violaciones graves a la Constitución Política y que motivan la solicitud de revocación, o bien por las acciones de éste que pudieran considerarse como delitos de lesa humanidad, y
b) Dar vista al Gobernador del Estado para que ofrezca pruebas y formule alegatos.
Una vez desahogado el juicio de procedencia para la revocación del mandato, el Congreso del
Estado, con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados presentes, dará vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para los efectos de que organice la consulta a la ciudadanía del Estado a fin de que ésta se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal.
Procederá la revocación del mandato cuando de la consulta resulte que existe una mayoría simple de los electores del Estado.
Para que el resultado de la votación sea válido y de pleno derecho, es indispensable que el número de electores que participe en la consulta para la revocación de mandato sea superior al que participó en las elecciones en las cuales fue electo el Gobernador y que el número de votos a favor de la revocación del mandato sea superior al que obtuvo el Gobernador del Estado en esa votación.
El mecanismo de revocación de mandato procederá solamente una vez en el periodo para el que fue electo el Gobernador.
La revocación de mandato es una figura independiente del juicio político a que podrá sujetarse al Gobernador del Estado.
En caso de que el mandato del Ejecutivo sea revocado, se estará a lo dispuesto en el artículo 72 de esta Constitución;”
Como se puede observar en las “trampas” de la reforma, la votación de revocación está condicionada a que:
- Se tramite un Juicio de Procedencia para que se inicie el proceso de revocación de mandato;
- Existan 2 terceras partes de los legisladores que avalen la solicitud para proponerla al órgano electoral, que habrá de desaparecer en la reforma electoral que viene.
- Que la votación de la revocación tenga mayor participación que la elección que llevó a Jara la gubernatura, lo que lo sostiene apenas por el efecto AMLO, no por su flamante gobierno.
- Que el número de votos de revocación supere a los votos con los que resultó electo en su momento, nuevamente, salvado por el efecto AMLO de su elección.
Sin temor a equivocarme, creo que Jara y su partido sufrieron este fin de semana porque aún y con la tremenda operación electoral del gobierno estatal y más de 500 denuncias de anomalías, o de que los medios y observadores documentaran compra de votos y entrega de cobijas a cambio de votar a favor en pleno frente frío número 30, solo obtuvo 58% de la votación por su permanencia. Es decir, en la boleta eran solo él y su incompetencia, y casi pierde.
Este sin duda es un buen ejemplo de participación ciudadana, que no tuvo mayor repercusión que exhibir las trampas legislativas que hace casi imposible una revocación, y de las que, sin duda los legisladores oaxaqueños habrán de afinar próximamente, porque de no ser así, las revocaciones seguirán, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
EN LA OPINIÓN DE:
EL DERECHO DE VIVIR EN UN ESTADO DE DERECHO
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
Políticos y organizaciones de todo tipo, de manera constante mencionan que están a favor del Estado de Derecho, es más, los ideólogos de la Cuarta Transformación sugieren aplicar el Estado del Bienestar, que no es nada nuevo, pues es un modelo sociopolítico y económico donde el gobierno asume la responsabilidad de proveer servicios básicos (salud, educación, pensiones) para mejorar la igualdad, la redistribución de la renta y la calidad de vida de los ciudadanos.
Aunque estamos un poco lejos de que los ciudadanos del País, del Estado y del Municipio podamos disfrutar de el derecho de vivir en un Estado de Derecho; los niveles de gobierno y los poderes del Estado no pueden garantizar al habitante de su demarcación la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal.
Analicemos un poco, los estudiosos del tema coinciden que el Estado de derecho contempla los siguientes puntos: la estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes (división de poderes); libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico; división de poderes políticos en la estructura del Estado y; la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica.
Pero ¿cómo percibir que vivimos en un Estado de Derecho con el incremento de la inseguridad?; las pruebas de inconformidad ahí están, las madres buscadoras que no son atendidas como debe ser por parte de las autoridades correspondientes; hay indiferencia en materia de salud en la zona maya donde sus habitantes mueren por enfermedades como diabetes, hipertensión o enfermedades del corazón; con la falta de servicios básicos en municipios tan pobres como son José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto; o los cinturones de miseria que hay alrededor de Cancún y Chetumal.
Los datos de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México detallan que en Cozumel la pobreza alcanzó a 28 mil 993 personas en 2025, es decir, e l 39.6% de la población; en Felipe Carrillo Puerto 86 mil 771 habitantes declaran ser pobres, representa el 81.1%; en Isla Mujeres, 9 mil 106 personas están en esa condición, o sea el 50.3% de la población del Municipio; la pobreza en Othón P. Blanco alcanzó a 105 mil 193 personas (43.8%); Benito Juárez (Cancún) tiene 323 mil 435 pobres (37.9%); José María Morelos acumuló en este 2025 a 43 mil 423 pobres, el 80.8% de su población; Lázaro Cárdenas, 23 mil 508 pobres (65.7%); Playa del Carmen tiene 114 mil 940 personas en pobreza, un 37.3% de los que viven en la demarcación; Tulum, con todos sus problemas tiene 28 mil 542 pobres (61.8%); Bacalar, suma 37 mil 312 pobres, un 73.5% de su población y; Puerto Morelos tiene a 10 mil 912 pobres, el 42.7% de sus habitantes.
Aquí quiero hacer una aclaración, esta pobreza generalizada no debe confundirse con la “pobreza laboral”, porque puede ser que se creen empleos, pero están mal pagados, muy por debajo de la media para superar los límites de la pobreza y pobreza extrema.
Cada vez hay más personas en los cruceros de las calles de las cabeceras municipales que piden ayuda, jóvenes que realizan actos circenses para poder obtener una moneda; el incremento del consumo de drogas en las escuelas secundarias, preparatorias y universidades. El problema está ahí, llega a los hogares de los quintanarroenses, corroe como el salitre y no hay quien lo detenga; quizá porque la mayoría de los funcionarios públicos, creadores de leyes e impartidores de justicia están ocupados en la sucesión del 2027; concluyo al decir que tenemos derecho a vivir en un Estado de Derecho. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, aunque en teoría y el discurso político hay separación de poderes, en la práctica parece que existe una “pandilla gobernante” que en la cúpula toma acuerdos para dirigir los destinos del país, del estado y del municipio; hay un Poder Judicial y Legislativo que obedece los designios del Poder Ejecutivo, dicta el discurso que debe ser planteado ante la sociedad y medios de comunicación; no digamos de los cabildos que son cómplices de presidentes municipales en decisiones que afectan al pueblo; hasta hoy, la oposición es silenciada por cualquier vía, ya sea por la necesidad económica que tienen sus representantes o por medio de carpetas de investigación hechas al vapor; total, todos trabajan en unidad para beneficiar, según ellos, al pueblo sabio y bueno.
¿Qué tan lejos estamos del Estado del Bienestar? Juzgue usted mismo ante una brecha de desigualdad que aumenta cada trienio; sin equidad mediante políticas redistributivas, sin seguridad social para apoyar a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, como enfermedad, desempleo o vejez. Al tiempo…

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