EN LA OPINIÓN DE:
“Atole con el dedo” en elección judicial
Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
Como la mayoría de los ciudadanos con sus derechos políticos electorales vigentes, acudí a emitir mi voto para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación y del Estado, lo hice en la casilla de la elección 0122 de Cancún, me tomó 16 minutos poder marcar los números en las seis boletas federales y las cuatro estatales.
La colocación de las mesas de votación, esta vez no fue mampara, no fueron tan secretas, pues podía uno observar, si quería, lo que hacia la persona que estaba a un lado. Las seis boletas federales traían los números con los nombres de las personas, así como el Poder del Estado que las propuso: Poder Ejecutivo (P-E), Poder Legislativo (P-L) o Poder Judicial (P-J), así como unas cuantas que propusieron los tres poderes (P-ELJ). Quizá para la mayoría de los quintanarroenses, los nombres resultaron “X”.
En el caso de Quintana Roo, llamó la atención la papeleta para elegir a los 105 juzgadores, porque para el Tribunal de Justicia Administrativa estaba claro, así como los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado.
La diferencia en la elección para personas juzgadores en Quintana Roo, radicó que aquí se hizo una reforma sobre la reforma, en la que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), solicitó a la XVIII Legislatura que se colocara el nombre en una sola columna de todos los que propuso el Poder Judicial, así como los del Poder Ejecutivo y los del Poder Legislativo, de tal manera que solo podía marcar una sola de las tres columnas en la papeleta; o sea, voto en bloque, contraviniendo la reforma federal.
Le pongo un ejemplo, en al listado del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, aparece el nombre de Gabriela Guadalupe Ballote Quintal, como candidata a juez penal de control con especialización en justicia penal para adolescente, pero esa misma persona es candidata del Poder Legislativo y también del Poder Judicial, como quien dice, tiene asegurado el cargo. Mismo caso de Miguel Àngel Tuyu Martín, que aparece en las tres listas, entre otros.
Pero donde sí de plano nos “dieron atole con el dedo”, es en la elección para jueces “Mercantil de Primera Instancia”, “Laboral de Tribunal Laboral” y “penal de Despacho”, pues los tres poderes del Estado seleccionaron a las mismas personas, que aquí sí, la elección fue puro trámite.
Sin temor a equivocarme, los ganadores en el Mercantil de Primera Instancia son: Diana Verónica Caballero González, Wendy Asunción Loría González, Pérez Bastos María del Rosario, Anahí Tadeo Manzanarez, Beatriz Alicia Zaldívar Armenta y Roberto Uriel Chan Balam.
Donde coinciden el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es en la lista de sus candidatos a juez Laboral de Tribunal Laboral, donde ya tienen seguro el cargo Nadia Jiménez Suárez, Osiris Arlette Meza Pérez, Eleazar Antonio Quintal Peralta y Efraín Taleno Castro. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, hay que reconocer el trabajo que realiza el Ayuntamiento Benito Juàrez para la conservación del medio ambiente, pues va tras la caza de personas que realizan basureros clandestinos a cielo abierto.
La semana pasada, clausuraron un basurero clandestino sobre la autopista Cancún-Mérida, donde estuvieron presentes los directores de Siresol, Frantz Johan Ancira Martínez; y de Ecología, Fernando Haro Salinas, al igual que la secretaria de Obras Públicas y Servicios, Samantha Hernández Cardeña; por parte de la autoridad estatal, el procurador de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA), Alonso Fernández Lemmen Meyer.
Ojalá los otros diez ayuntamientos tomen este ejemplo, porque con estas acciones podrían prevenir la contaminación del suelo y del agua, proteger la salud pública y evitar daños al medio ambiente, ya que los basureros clandestinos pueden contener residuos tóxicos que se filtran al subsuelo y dañan los ecosistemas, por lo que es necesario tomar medidas correctivas y mitigar los impactos negativos para seguir con la seguridad ambiental y sanitaria. Al tiempo…

EN LA OPINIÓN DE:
Egolatría y Madres Buscadoras en Quintana Roo
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
La mayoría de los programas gubernamentales tienen una narrativa que manifiesta las buenas intenciones de los gobiernos, las dependencias, instituciones u organismos descentralizados, para beneficio de la comunidad a la que sirven, sin embargo y a pesar de la asignación de los recursos públicos, no logran sus objetivos; razones, hay muchas.
Un ejemplo palpable es el que viven las “madres buscadoras” con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, que, mientras la promoción de imagen y obras gubernamentales recibe un presupuesto anual de 169 millones 894 mil 239.00 pesos, a la Comisión solo se le asignó un presupuesto 22 millones 128 mil 082.42 pesos, es decir, solo un 13.024% a una dependencia que trabaja con la sensibilidad social.
Ese presupuesto anual para la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, es destinado para el desarrollo de programas de acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas, el cual se desarrolló con dos indicadores estratégicos y uno de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 18 millones 150 mil 208.42 pesos. El otro programa presupuestario fue gestión y apoyo Institucional Transversal, el cual se desarrollado en dos indicadores estratégicos y dos de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 3 millones 977 mil 874.00 pesos.
Aunque el presupuesto es público, las Madres Buscadoras y otras organizaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas, no recibieron ni una botella de agua para caminar kilómetros y kilómetros, para tratar de dar con su familiar desaparecido o algún indicio que despeje toda duda sobre la situación de su consanguíneo.
En variadas ocasiones, las Madres buscadoras de Quintana Roo se han quejado de que, ante las solicitudes de ir a un lugar a buscar indicios de desaparecidos, las Fiscalías y las Comisiones de Búsqueda actúan con lentitud, negligencia y, en ocasiones, muestran empatía nula o criminalizan a las víctimas. Les dan puras largas, ellas tienen que pagar su gasolina, sus alimentos, no solo para sus compañeras, sino también en ocasiones para los policías que las acompañan.
Denuncian que los apoyos económicos otorgados por el gobierno son mínimos, lo que las obliga a realizar rifas o pedir dinero en las calles para financiar sus traslados y herramientas de búsqueda; es más, el fin de semana las del colectivo de Benito Juárez (Cancún), pusieron un puesto de ventas de antojitos para poder recabar fondos para sus actividades.
A diferencia de los medios de comunicación “consentidos(as)” por los gobiernos en turno, el dolor de las Madres buscadoras es permanente, desde el momento en el que su familiar desaparece, la burocracia de las dependencias en sus primeros contactos con las autoridades. Inevitablemente, sufren revictimización, discriminación, criminalización y un sinfín de violencias por parte de las instituciones estatales.
Aunque el dolor provocado por estas violencias es invisible ante los ojos que no atraviesan el mismo camino, lo que estorba es la falta de voluntad para resolver los casos; aplicarse a la búsqueda de las personas desaparecidas, sumado al silencio cómplice de muchas autoridades que sí saben en dónde acabó la persona.
Las mujeres enfocadas en la búsqueda, enfrentan violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de su ser querido desaparecido. Las afectaciones se dan en cuatro categorías: seguridad, que tiene que ver con ataques, amenazas, secuestro y extorsión; salud, como insomnio, depresión, adicciones o deterioro general; económicas, como pérdida de trabajo o pérdida de recursos por dedicarse “en cuerpo y alma” a la labor de búsqueda y; sociales, como deterioro de relaciones familiares o revictimización; pero lo que más daña es la indiferencia.
Ayer me dijo una de las madres buscadoras: lo único que le deseo a las autoridades, es que nunca estén en nuestro lugar, porque sólo así va a entender la magnitud de nuestro problema. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, un “Día Naranja” más. Actualmente este movimiento es para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes.
Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja Únete, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Pero en Quintana Roo, la violencia contra las mujeres va en aumento. Al tiempo…


EN LA OPINIÓN DE:
Aún funcionan “los prestanombres”
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
El próximo domingo 31 de mayo, vence el plazo para que todos los funcionarios públicos de confianza, presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses; donde los sujetos obligados deben tener a la mano su CURP, RFC, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículo vitae, recibo de nómina o declaración fiscal, escrituras públicas, facturas de vehículos, contratos y estado de cuentas, comprobante de otros ingresos, actas constitutivas de asociaciones y/o cualquier otro documento para comprobar su declaración.
Hay que hacer mención que existen tres tipos de declaraciones: declaración inicial, debiendo presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez o del reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; declaración de modificación patrimonial, la cual debe presentarse durante el mes de mayo de cada año y; declaración de conclusión del encargo, misma que debe presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
Pero más allá de cumplir con la ley, hay funcionarios públicos que evaden la ley, no solo por mentir en sus declaraciones patrimoniales, sino porque para hacerse de propiedades y cuentas bancarias, utilizan a los llamados “prestanombres”, que hace algunas administraciones eran amigos y familias íntimas, pero dadas las condiciones de que en varios casos se quedaban con las propiedades, “la nueva generación de políticos” opta por familiares cercanos.
No es extraño para los quintanarroenses, ver cómo presidentes(as) municipales, diputados(as), secretarios(as) de Estado y hasta directores del Municipio, ya cambiaron su estilo de vida, de cuando andaban en campaña que no tenían ni para la gasolina; hoy, después de unos meses y años de estar en el cargo, ahora tienen vehículos de último modelo, viajan por el mundo, utilizan relojes con precios superiores a los 100 mil pesos; presumen en redes sociales sus bienes muebles e inmuebles, sin dejar pasar las megafiestas que realizan por motivos de cumpleaños. Como dice el populacho, “hay dos cosas que no se pueden ocultar, el dinero y el embarazo”.
Hay secreto a voces en los municipios; “los nuevos ricos”, funcionarios que de la noche a la mañana levantan mausoleos que a un empleado de salario mínimo le costaría años tener al menos “una casita.
Espero que la Controlaría del Estado (Secretaría de Buen Gobierno) aplique la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece en su artículo 33 que si no se presenta la declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades (inicio/modificación/conclusión), en los plazos correspondientes sin causa justificada, inicie inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de la Falta administrativa prevista en el artículo 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se requiera por escrito al servidor público el cumplimiento de dicha obligación.
Pero más allá del cumplimiento, sería muy bueno que se investigara a toda la parentela sobre el enriquecimiento de los últimos años, curiosamente cuando su familiar asumió el cargo de presidente(a) municipal, diputado(a) o secretario de estado. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, Quintana Roo enfrenta uno de los grandes problemas medioambientales con la arribazón de más de 40 mil toneladas de sargazo que arriban a sus costas; donde el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno parece que no surten efectos.
Desde Puerto Morelos hasta la Riviera Maya, la Secretaría de Marina (Semar) realiza actividades de limpieza del alga en las playas, así como la recolección en el mar, dado que el recale de la macroalga se ha intensificado notablemente en las últimas semanas. Según las cifras actualizadas de la Semar, se recolectaron 11 mil toneladas más en apenas 15 días. Eso ha obligado a redoblar los esfuerzos de limpieza en las costas del Caribe mexicano.
Viene el Verano, la temporada alta para Quintana Roo, por ello tanto los gobiernos como la Iniciativa Privada deben de priorizar la limpieza, como en Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la comunidad de Mahahual, en Othón P. Blanco. Al tiempo…

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