Iván Evair Saldaña

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes dejar vigente la agravante que aumenta hasta en una mitad las penas previstas para quien utilice la Inteligencia Artificial (IA) para cometer un delito. 

Por mayoría de cinco votos contra cuatro, el Pleno del Alto Tribunal rechazó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que proponía anular el artículo 20 Bis del Código Penal de Quintana Roo, el cual estableció dicho incremento de la pena mediante la reforma del 10 de abril de 2024.

La ministra buscaba dar la razón a la impugnación promovida por el Poder Ejecutivo Federal, que sostenía que la norma era contraria a los principios de seguridad jurídica y legalidad, pues la definición de inteligencia artificial no es clara ni precisa.

“El proyecto reconoce la importancia de regular la inteligencia artificial debido al impacto que tendrá en todos los ámbitos de la vida de las personas; sin embargo, dicha regulación debe cumplir con los requisitos mínimos necesarios que se imponen a cualquier legislación, particularmente en la materia penal, lo cual, en el caso, no acontece”, argumentó la ponente.

Además de establecer una agravante, el artículo del Código Penal de Quintana Roo definió que “se entenderá por inteligencia artificial la capacidad de los sistemas tecnológicos, informáticos, softwares o aplicaciones de una máquina para simular capacidades humanas como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la capacidad de planear y procesar datos para la realización de tareas específicas y autónomas”.

El proyecto generó una amplia discusión en los ministros. Alberto Pérez Dayán defendió que debía tomarse en cuenta que al momento no hay una definición universal sobre IA.

“No escapa a mi consideración el hecho de que las legislaturas siempre animadas a estar atentas a lo que las necesidades colectivas suponen, se dejen de algún modo seducir sobre la base de la inteligencia artificial, qué bueno que usaron la expresión ‘inteligencia artificial’, lo cierto es que el operador jurídico se ve en frecuentes dificultades para definir lo que hasta hoy no tiene un consenso. Por ello, programas y herramientas tecnológicas no da lugar a duda de nada y lo que se pretende sancionar bajo la figura y conceptos de inteligencia artificial también puede ser sancionado”, dijo.

En contra de la propuesta, la ministra Margarita Ríos Farjat opinó que la norma brinda suficiente claridad sobre sus alcances.

“Considero que aquí sí se brindan elementos para comprender los alcances de la inteligencia artificial como agravante en la comisión de delitos; por lo que considero que la norma impugnada no vulnera los principios de seguridad jurídica, ni de taxatividad, ni de legalidad sobre quién trata taxatividad y, por eso”, señaló.

Finalmente, a favor del proyecto votaron las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán; en contra lo hicieron las ministras Lenia Batres Guadarrama, Margarita Ríos Farjat y Norma Piña Hernández, y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Laynez Potisek.

Fuente: “La Jornada”