El gobierno municipal de Puerto Morelos ha lanzado una clara advertencia a sus servidores públicos: los actos de discriminación no solo son inaceptables, sino que acarrearán severas consecuencias administrativas y legales, que podrían ir desde una amonestación pública hasta la destitución e inhabilitación para ejercer cargos.

Así quedó de manifiesto durante un curso intensivo impartido hoy, 1 de mayo de 2025, en la Sala de Cabildo, donde personal de diversas secretarías y direcciones del Ayuntamiento fue capacitado sobre las “Sanciones Administrativas a personas servidoras públicas por cometer actos de Discriminación”.

Cultura de Inclusión y Cero Tolerancia

La iniciativa, coordinada por la Dirección de la Diversidad Sexual, el Órgano Interno de Control (OIC) y la Dirección de Recursos Humanos, subraya el compromiso de la actual administración con la erradicación de prácticas discriminatorias por motivos de raza, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición, tanto en el trato interno como hacia los ciudadanos.

José María Vera Uribe, director de Diversidad Sexual, enfatizó que la discriminación tiene un impacto negativo directo en la salud mental y el bienestar colectivo, destacando la responsabilidad de los servidores públicos de ser un ejemplo de trato digno y amable.

Delitos y Consecuencias Claras

Impartido por Luz Jhannel Silva Salas, directora de la Función Pública del OIC, y David Alejandro Vázquez Santillán, director de Sustanciación y Procedimientos Sancionatorios, el curso profundizó en la definición legal de discriminación (como la exclusión que obstaculiza el goce de derechos), su marco normativo (incluyendo la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación) y, de manera crucial, el proceso de investigación y el catálogo de sanciones contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los ponentes fueron enfáticos: todos los servidores públicos están obligados a regirse por códigos de Ética y Conducta y actuar apegados estrictamente a la legalidad. Incumplir con este deber puede resultar en sanciones que, para faltas no graves, incluyen:

• Amonestación pública.
• Suspensión del empleo, cargo o comisión.
• Destitución del empleo.
• Inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos y participar en procesos de adquisiciones o servicios gubernamentales.

Un Compromiso Ético y Legal

Luz Jhannel Silva Salas recordó que la ley obliga a los entes públicos a mantener condiciones que aseguren el funcionamiento ético y responsable del Estado, siendo fundamental evitar cualquier acto discriminatorio.

Con esta capacitación, la administración de la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz reafirma que erradicar la discriminación es un deber legal y un compromiso ético ineludible, orientado a fortalecer la integridad institucional y garantizar un entorno de respeto y equidad para todos los habitantes y visitantes de Puerto Morelos.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias