Cancún (Carlos Águila Arreola / 5to Poder).- Organizaciones lideradas por las oenegés Iniciativa Arrecifes Saludables (HRI) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) urgieron a los países de la región Gran Caribe a regular más y mejor el desarrollo y la actividad que afecta a los ecosistemas y acuíferos costeros, pues el sargazo y la pérdida de tejido en corales son ejemplos de la necesidad de implementar acciones locales.

El colectivo lo integran también Centinelas del Agua, Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, Asociación para la Conservación Ecológica de Islas de la Bahía, el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho), Polo’s Water Association Roatán, Alianza de Derecho Ambiental y Agua, Flores & Co. Attorneys-At-Law y Observatorio para la Gobernanza Marino Costera (Colombia) y Coral Reef Alliance.

La alianza “Agua Nuestro Derecho”, grupo de organizaciones de la sociedad civil que aboga y promueve el reconocimiento y defensa de los derechos humanos al agua, saneamiento y a un medio ambiente sano, busca posicionar esos derechos por medio de un enfoque de corresponsabilidad y cooperación regional en la cuenca del Sistema Arrecifal Mesoamericano y el Caribe.

En el marco de la COP del Convenio de Cartagena (Colombia) referente a la aguas residuales, instrumento jurídico vinculante que establece importantes mecanismos para la protección y desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe, la agrupación manifestó su apoyo al “Protocolo Relativo a la Contaminación de Fuentes y Actividades Terrestres” (LBS por sus siglas en inglés).

El protocolo establece parámetros en materia de calidad de agua de descargas en función de la vulnerabilidad de los ecosistemas, que enfrentan retos recurrentes como huracanes, inundaciones, tormentas tropicales y los incendios forestales, retos que se verán incrementados y agravados con el aumento del nivel del mar y la temperatura.

Los retos ambientales en la región son muchos y cada día mayores: la presión costera por el crecimiento de las ciudades y actividades productivas, así como el arribo de sargazo y la enfermedad de pérdida de tejido en corales duros son ejemplos de la necesidad de implementar acciones guiadas por una estrategia regional.

El Gran Caribe tiene grandes retos en desarrollo sostenible y equidad, pues hay importantes desigualdades económicas y sociales en los países de la región. El desarrollo económico ha creado centros importantes de turismo y ciudades que, en muchas ocasiones, no son sostenibles ambientalmente.

La alianza “Agua Nuestro Derecho” considera necesario y urgente regular más y mejor el desarrollo costero y las actividades económicas, sobre todo las de impacto regional y que afectan a los ecosistemas y acuíferos costeros, y manifiesta su interés en colaborar activamente en la mejora y aplicación del convenio

En ese sentido, urgió a los países miembros (México, Guatemala, Belice y Honduras) implementar sesiones de trabajo con la sociedad civil, academia y gobiernos locales para analizar oportunidades de mejora; ratificar protocolos y actualizar legislaciones en temas de aguas, recursos naturales y manejo de residuos.

También, adoptar medidas legislativas en pro de los objetivos del protocolo; compartir información técnico-científica, monitoreo de la calidad de agua; mejores prácticas en la extracción, uso, tratamiento y descarga; presupuesto adecuado para el tratamiento de aguas residuales, reducir la importación, fabricación, distribución y uso de envases y productos plásticos, y prohibir la perforación petrolera costas afuera.