CDMX.- Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda derivó en el bloqueo de cuentas de al menos 79 personas físicas y morales involucradas presuntamente a una organización criminal de origen rumano dedicada a la clonación de tarjetas y donde resaltan nombres de políticos, empresarios y funcionarios o exfuncionarios de Quintana Roo, destacando entre ellos al diputado del Verde José de la Peña, a quien la indagatoria le costó el cargo al frente del partido en el estado.

Pepe de la Peña como es conocido, es el primero de los investigados en ser destituido, en este caso por su dirigencia nacional por sus presuntos nexos con la “mafia rumana”, aunque se mantiene como coordinador de bancada del Congreso estatal, y quien en su defensa admitió que “en efecto, mis cuentas bancarias fueron bloqueadas y estoy trabajando con un equipo jurídico en atender lo que la autoridad requiera por los cauces legales conducentes. A la balas hay que ponerles el pecho y así lo estaré haciendo en estos días”.

Molesto, José de la Peña Ruiz de Chávez envió un mensaje a los medios “a los que publican cosas sin sustento, les digo que me vale madre su opinión, porque el que nada debe nada teme”, y lo acompaña con una fotografía de un documento dirigido al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo.

Pero ¿cómo inició todo esto? a inicios de febrero, el caso de la mafia rumana retomó importancia luego de que decenas de ciudadanos de ese país, que dijeron ser turistas, fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde les fueron confiscados documentos, algunos de los cuales, según el Instituto Nacional de Migración, contaban con alerta de viaje.  Luego de tres días, las autoridades mexicanas permitieron la entrada a Cancún a 136 turistas rumanos, mientras que 4 fueron repatriados.

Un día después de la liberación de los turistas rumanos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto dio a conocer que  la dependencia a su cargo bloqueó las cuentas de 79 personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y rumana, “que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”. 

Se involucra a empresarios y políticos y funcionarios, entre los que resaltaron nombres además de José de la Peña Ruiz de Chávez los de José Luis Jonathan Yong, exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez; Jonathan Medina Nava, exfiscal del fuero común en el estado, y Adrián Nicolae Cosmin, socio del empresario Florian Tudor. 

Así como Ricardo Antonio Vega Serrador conocido como el “zar de las gasolineras”, dueño de La Gas, las tiendas Go Mart y socio en otras estaciones como Full Gas y Gulf. El notario Naín Díaz Medina, Francisco Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) durante la gestión del ex gobernador Félix González Canto y a su hijo, Iván Eliud Garibay Pulido, entre otros.

Además el listado incluye a Leticia Rodríguez Lara, alias ‘Doña Lety’, supuesta líder del ‘Cártel de Cancún’ o ‘grupo de Bonfil’, quien actualmente se encuentra en prisión.

Otro de los nombres que circuló como unos de los políticos con cuentas bloqueadas fue el de René Bejarano, actual aspirante a diputado federal por Morena, sin embargo esta información fue desmentida por él mismo y por el titular de la UIF, Santiago Nieto.  

ANTECEDENTE

En septiembre de 2015, el diario británico Daily Mail reveló la investigación, hecha por el experto en ciberseguridad Brian Krebs, que señalaba que por lo menos 19 cajeros automáticos ubicados en la Riviera Maya estaban intervenidos con dispositivos de Bluetooth que permitían el robo de los datos bancarios cuya información era vendida con el fin de clonar tarjetas y efectuar compras por internet. Con este sistema, los criminales habrían obtenido hasta 5 millones de dólares mensuales.

Los dispositivos colocados por criminales, presuntamente de origen rumano, podían almacenar los datos de hasta 32 mil personas y se encontraban en cajeros de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, los sitios más visitados de Quintana Roo, por lo que la Fiscalía General de la República inició la investigación, incluso al tratarse de una banda con sede en diversos países también intervino el FBI en Estados Unidos. 

En junio de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y la organización Quinto Elemento Lab, presentó una investigación en la que reveló que la organización criminal originaria de Rumania llegó a México en marzo de 2014 y se extendió a otros estados como Jalisco y Guanajuato; a la fecha habría robado mil 200 millones de dólares a través de diversos cajeros automáticos.  

En 2019, las autoridades mexicanas clausuraron los cajeros automáticos propiedad de Florian Tudir e iniciaron la investigación al estar presuntamente relacionado con la banda delictiva; el hombre fue detenido pero liberado horas después al no encontrar sustento para retenerlo.

Sin embargo, es de destacar que la lista de la UIF también señalaba su nombre en las investigaciones, a lo que Florian Tudor, libró una orden de aprehensión en su contra debido a un amparo que lo mantendrá libre hasta resolverse en definitiva el juicio que podría durar hasta medio año.

Por otro lado, en Rumania lograron la detención de algunos de los integrantes del grupo criminal, uno de ellos declaró a Fiscalía de su país que controlaban alrededor de 10 cajeros y que cada uno de ellos copiaba alrededor de mil tarjetas al mes. 

“Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes”, se lee en la declaración, a la cual tuvo acceso MCCI. 

Para Mario Di Costanzo, ex titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la razón de que sean los destinos turísticos los más afectados por delitos como la clonación de tarjetas obedece a que “como delincuente se tiene ventaja en estos sitios; porque si eres turista haces la reclamación hasta que terminas tu viaje y no te das cuenta en el momento del delito”.

Con información de la UIF / Milenio /Animal Político