Visión Periférica

Por Cliserio E. Cedillo Godínez

Hace 50 años como una medida estratégica del gobierno federal, pero desesperada para atraer inversiones y con ello hacer frente a su crisis financiera y deuda externa, cíclicas por cierto, nació Cancún con la planeación de una ciudad “por computadora” con los avances tecnológicos más modernos de la época y las mejores perspectivas de los inversionistas, según quedó plasmado en la obra de Fernando Martí, “Cancún Fantasía de Banqueros” (como el Tren Maya es ahora el sueño del presidente López Obrador).

Sin embargo, mientras se empezaban a construir los primeros hoteles nunca se pensó en que el crecimiento poblacional rebasaría, en pocos años, la infraestructura urbana y la casi inmediata desaparición de selvas; la construcción de fraccionamientos y sus pequeñas casas atentatorias contra los derechos humanos; el surgimiento de sus regiones y el desborde urbano con sus zonas marginadas y la consecuente contaminación del subsuelo y todos los problemas de índole social que sin freno avanzan sobre Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, sobre todo.

A ese vertiginoso crecimiento urbano le siguió, por persecución del éxito de los inversionistas, la destrucción de selvas y manglares a lo largo de la costa quintanarroense para dar paso a desarrollos hoteleros. Un caso particular es la reserva natural de Sian Ka’an, Patrimonio Universal decretado por la UNESCO en 1987, cuyas playas y linderos selváticos están convertidos en pestilentes basureros a lo largo de sus más de 100 kilómetros de frente a su extraordinaria barrera arrecifal.

Ante este lamentable panorama que se vive en Quintana Roo es preciso advertir de las consecuencias que trae consigo la modernidad y los sueños, como es el Tren Maya para López Obrador. Hay que decir que, si bien es una medida para atraer turismo y crear empleos emergentes y temporales por la mano de obra necesaria, también, de no planearse a conciencia, sería inminente que en torno a las estaciones del ferrocarril se de origen a nuevos polos de desarrollo, planeado y sin planear, pero en ambos casos, con la inevitable destrucción del equilibrio ecológico y todo lo que esto encierra.

Hemos afirmado, como se lee en las primeras dos partes de esta opinión, que por la forma en que se ha presentado el proyecto, se puede decir que es avasallante, un concepto que por definición se vincula a la idea del vasallo: “aquel que depende de un monarca o de un señor feudal, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque avasallar hace referencia a someter, sojuzgar, tiranizar. De esta forma, el avasallamiento suele vincularse a un trato autoritario y carente de respeto. Sí, carente de respeto por la naturaleza y las comunidades mayas.

Según la información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), desde diciembre del 2018 cuando se anunció el Tren maya en el Plan Nacional de Desarrollo y se planteó la construcción de infraestructura vial y ferroviaria, como motor del desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de la Península de Yucatán, se tiene la percepción de que el proyecto se pueda desbordar, como sucedió con Cancún y se continúa con Playa del Carmen y Tulum, a menos de que se cuente con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) estricta y rigurosa. Sin embargo y desafortunadamente, nada garantiza que todo sea perfecto y menos mientras exista la ambición de los inversionistas y los inevitables actos de corrupción, pues eso ya está demostrado.

Según el CEMDA, el proyecto del Tren Maya transgrede los derechos humanos y no contribuye a fomentar la conservación del patrimonio biocultural. Indica que, a pesar de que el derecho a un medio ambiente sano y al agua establecidos en el artículo 4to. Constitucional, el plan de desarrollo “Tren Maya” no cumple con lo dispuesto en éste, puesto que plantea muchos riesgos e impactos ambientales y sociales, sin que hasta el momento se tenga la información para calificarlo como un proyecto que abona al desarrollo sostenible del país.

Asimismo, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la autonomía y libre determinación como un derecho humano, reconocido en la Constitución y en varios instrumentos internacionales ratificados por México, no ha sido respetado, debido a que el proyecto no fue decidido por ellos. Añade que “al no tener la información suficiente para garantizar el respeto, protección y prevención de los riesgos e impactos ambientales y sobre todo los derechos humanos, el Estado mexicano debería aplicar los principios de precaución y prevención del Estado pluricultural y suspender cualquier actividad relacionada con el Tren Maya, sobre todo en el marco de la pandemia que estamos viviendo”.

Este proyecto debe garantizar, dice, la publicación de toda la información sobre riesgos e impactos ambientales y sociales; debe garantizar la participación temprana y efectiva, facilitar y garantizar el acceso a la justicia y la protección de las personas defensoras ambientales, pues en este proyecto se juega el futuro de las comunidades mayas y los remanentes de selva que, pese a todo, se siguen arrasando.