CANCÚN.- El Tren Maya no se ha detenido, atentando contra la salud y la vida de millones de indígenas y no indígenas en la región. Las actividades de ejecución representan un abuso de poder durante la pandemia en detrimento de los derechos humanos, ya que avanzan mientras la población sufre las restricciones impuestas de manera fáctica y legal al derecho al acceso a la información y la justicia, se quejan las comunidades mayas.

En febrero pasado, en una carta dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a Andrés Manuel López Obrador, los pueblos originarios mayas, tsotsiles, tzeltales y choles presentaron una demanda de juicio de amparo contra la construcción del ferrocarril en la península de Yucatán.

Derivado de la crisis sanitaria por el coronavirus en México, la CNDH emitió una serie de medidas cautelares en favor de los pueblos originarios que habitan en la península del Sureste para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) suspenda las actividades no esenciales relativas al megaproyecto.

El exhorto es resultado de la petición colectiva de comunidades que habitan las zonas donde serán instaladas vías, luego de que la estrategia de reactivación económica del gobierno federal, en la que la industria de la construcción es considerada esencial, se pone en riesgo sanitario a las zonas, que han permanecido aisladas para evitar contagios de la covid-19.

Desde el pasado 6 de mayo, por medio de un escrito de 37 cuartillas, los habitantes de la península pidieron a la CNDH que exigiera a López Obrador abstenerse de “realizar actos tendientes a la ejecución del Tren Maya”; es decir, para que no se ejecute en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el documento se añade que “de continuar se pondría en peligro a la población porque México aún está en medio de la contingencia por el virus causante de la enfermedad contagiosa del nuevo coronavirus”, y la península de Yucatán está en rojo en el Semáforo de Regreso a la Normalidad.

Así, lo que los indígenas pidieron detener provisionalmente son las actividades de licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcción de estructuras, pues al establecer contactos no necesarios pone en riesgo la vida y la integridad de las personas en los sitios donde se realizan actividades (Tabasco y Chiapas).

En respuesta a la petición de los pueblos originarios, el “organismo nacional, garante en la defensa y protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, solicitó la suspensión al actualizarse la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, la integridad personal y la vida de los habitantes de la región”.

La construcción del Tren Maya arrancó el pasado lunes 4 de mayo, en plena Fase 3 de la contingencia, sobre ocho kilómetros en Palenque para limpiar vías del extinto tren Chiapas-Maya, y pocos trabajadores se presentaron para evitar contagios masivos. Para garantizar la salud, la CNDH recomendó postergar obras no prioritarias del megaproyecto que pretende recuperar 41.5 kilómetros de vías abandonadas a un costo de 27.6 millones de pesos.

La CNDH reconoció el riesgo de contagio y posible deceso de continuar la construcción del ferrocarril en estos momentos, y apeló al “derecho humano a la salud, la integridad y la vida, consagrados en los artículos 4 y 29 de la Constitución mexicana; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica)”.