CANCÚN (Germán Arreola).– En la península del Sureste mexicano hay detectadas 257 granjas porcícolas, de las que 222 están asentadas en el estado de Yucatán, 21 en Quintana Roo y 14 en Campeche, pero todas están en las inmediaciones de regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad; en el caso de las quintanarroenses, se ubican en seis municipios.

Nancy Viridiana Lázaro Lembrino, especialista de agricultura y cambio climático de Greenpeace México, señaló que se ubican en los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad,. Bacalar y Othón Pompeyo Blanco (sólo ocho por ciento del total), y que ninguna cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante un webinar —neologismo que combina las palabras web y seminario— acusó que “la península de Yucatán está amenazada por una industria muy puerca” y que la deforestación de la selva, la contaminación de agua y cenotes, la invasión de áreas protegidas y la violación de derechos humanos es la huella de ilegalidad que caracteriza a la industria porcícola.

Explicó que de las las 257 granjas con registro en la península, 122 (47 por ciento) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad; en sitios de de conservación suman 20, mientras que en áreas de restauración son 102, de las que 65 por ciento o 66 están en lugares de prioridad extrema.

La investigadora indicó que al menos 43 están en cuatro áreas naturales protegidas (ANPs), una más en un sitio Ramsar —área de humedales y hábitat de aves acuáticas, firmado en la ciudad de Ramsar (Irán) en 1971— y sólo 22 tienen MIA, de acuerdo a una investigación de Greenpeace México sobre la operación de esa industria en eñ estado de Yucatán.

De acuerdo con el reporte “La carne que consume al planeta”, presentado durante el enlace, se pone en evidencia cómo esa industria está creciendo de manera exponencial invadiendo, contaminando el agua, afectando el ecoturismo de los cenotes, generando deforestación en la selva y violentando los derechos humanos de pueblos indígenas.

Viridiana Lázaro expuso que como parte de la investigación, Greenpeace realizó muestreos de agua en pozos, tomas de agua de las granjas que se vierte a la selva y un cenote de la región, encontrando que en cinco de las ocho muestras se rebasa la norma mexicana (NOM-001-Semarnat-1996) para la protección de la vida acuática.

Todas las muestras excedieron los límites recomendados de amonio, nitritos y nitratos para garantizar la salud de las personas, según lo estipulado en la NOM-127-Ssa, que dicta los límites recomendados para uso y consumo humano.

En cuanto a la deforestación, hay una pérdida de 10 mil 997 hectáreas de selva, otro de los graves impactos ambientales de las granjas porcícolas, que también representa una grave amenaza para especies carismáticas catalogadas en peligro de extinción o amenazadas: el jaguar en la selva o los peces ciegos en los cenotes, por ejemplo.