Por Germán Arreola

CANCÚN, 19 DE MARZO DE 2020.- El juez séptimo de distrito con sede en Cancún, Darío Alejandro Villa Arnaiz, emplazó a las autoridades sanitarias y de comunicaciones a tomar con seriedad las medidas de prevención con relación a la pandemia del coronavirus, a petición de la organización civil con sede en el municipio de Benito Juárez, “Todos por Cancún”.

El documento fue colocado en las oficinas administrativas del aeropuerto de Cancún luego de que varios integrantes de la organización hicieron entrega del ordenamiento judicial, después de que algunos de sus miembros detectaron y denunciaron la falta de personal de Sanidad Internacional en terminales de llegadas del extranjero (T2 [en algunas ocasiones], T3 y T4).

El 25 de febrero, hace casi un mes, el coordinador de Sanidad Internacional del coso aéreo, Javier Suárez Estrada, informó que tras la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de prepararse para una “potencial pandemia” por el coronavirus, el aeropuerto local elevó su estatus de alerta sanitaria a Fase 3.

“La Fase 3 aplica cuando ya el brote bajo vigilancia está presente en varios países y ya hay decesos fuera del foco de infección primaria. Las fases cuatro y cinco es cuando el virus ya está en todo el mundo. Ya pasó la Fase 1, que es cuando una enfermedad enciende las alertas, pero es local, y la dos es cuando crece en forma exponencial y ya hay muertos.

“La Fase 4 es cuando ya se instalan, por obligación, todas las medidas sanitarias que recomienda la OMS alrededor del planeta, y la cinco es cuando ya se establecen áreas de cuarentena obligatorias como ocurre hoy en China”, aunque aclaró que en el país asiático se hizo de forma voluntaria; es decir, no se esperó la convocatoria de la OMS.

El juicio de amparo 301/2020, radicado en el juzgado séptimo de distrito señala a la letra que “se admite la demanda de amparo (…) y se decreta la suspensión para que las autoridades lleven a cabo las medidas de contención, prevención y detección inmediatas en aeropuertos, puertos y fronteras de tránsito internacional” (sic).

El texto añade que las dependencias y/o autoridades involucradas directamente son las responsables del aeropuerto internacional –es decir, el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) – y las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en primera instancia, así como las del ayuntamiento de Benito Juárez, que lidera Mara Lezama.

La resolución del juzgador también incluye a los vehículos entre las medidas precautorias relacionadas con la enfermedad infecciosa (covid-19) del coronavirus, “cualquier otra que ponga en riesgo la salud pública”; la fecha de cumplimiento –al menos en su fase de enterado– se deberá informar al juzgado séptimo en las 24 horas siguientes a la notificación, lo que ocurrió el jueves 19 de marzo; es decir, ese plazo vence el viernes 20.

“Gírese exhorto a las autoridades señaladas para que en auxilio de las labores de este juzgado de distrito notifique a los responsables (…) pídase a las autoridades responsables su informe justificado” para saber que el ordenamiento judicial ha sido recibido.”

Al final del documento se lee que “se señalan las diez horas con treinta minutos del catorce de abril de dos mil veinte para la celebración de la audiencia constitucional”; la parte quejosa, es decir “Todos por Cancún” ya cumplió con dejar domicilio para oír y recibir notificaciones, y también designó a los responsables autorizados para dar seguimiento a su demanda.