CANCÚN, 11 DE MARZO DE 2020.-U Un juez federal vinculó a proceso a dos agentes del Ministerio Público Federal y a un coordinador general, todos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por presuntos delitos cometidos en el caso de las cajas de seguridad de la empresa First National Security de México que se localizan en Cancún, Quintana Roo.
 
De acuerdo con la FGR, los servidores públicos identificados como Édgar “R” Díaz, Ángel “B” y Óscar “S” serán enjuiciados por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la administración de justicia.

Este ilícito, previsto en el artículo 225 del Código Penal Federal, se configura cuando servidores públicos ordenan o practican cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley.

En el caso del Édgar “R” Díaz, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de control, también lo vinculó a proceso por el delito de violación a la Ley de Amparo.

El 9 de octubre de 2017, agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) realizaron un cateo a la empresa como parte de una investigación en contra de Leticia Rodríguez Lara, “La Lety”, presunta jefa de una célula del Cártel de Sinaloa en Cancún.

Por estos hechos, arrendatarios presentaron demandas de amparo para evitar su apertura y traslado a la Ciudad de México, sin embargo, personal de la entonces PGR incurrió en excesos y violentó derechos al revisar mil 540 cajas de seguridad de la empresa.

De acuerdo con datos del expediente, Díaz encontró en First National Security una bóveda plateada a la que fue imposible ingresar porque no se tenían los medios idóneos para su apertura.

Sin haber solicitado una nueva técnica de investigación (cateo) para abrirla, y a pesar de que existía una suspensión en un juicio de amparo, se practicó el cateo en la bóveda y las cajas de seguridad que contenía.

En la recomendación 06/2018 de la CNDH, dirigida al entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el organismo atribuyó las irregularidades al agente del Ministerio Público que ejecutó la orden y al fiscal coordinador de la SEIDO.

El juzgador impuso a los acusados medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante el Centro de Justicia Penal Federal en turno en la Ciudad de México; y la prohibición de acercarse a víctimas y testigos, ya sea peritos, policías federales ministeriales, personal de apoyo del área específica de la institución, y agentes visitadores.

También les prohibió acercarse a la unidad donde laboraban y a la empresa cateada sin autorización; a la vez, concedió a la defensa una investigación complementaria de seis meses.