CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE NOVIEMBRE.- La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, podría ser la primera ex funcionaria sometida a un juicio político en México.

La Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados, avaló iniciar un juicio político en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, por el presunto desvió de 7 mil millones de pesos.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, Rosario Robles contaba con solicitudes de juicio político desde el 2013, por parte del PAN, PRD y Morena.

“Fue un tema de un recurso que fue etiquetado a las universidades, que no hay antecedente alguno, y por estar violando un tema de derechos humanos, y un tema de las facultades que le fueron conferidas allá en los dos encargos que tuvo como secretaria en Desarrollo Social y de la Sedatu”.

Con 12 votos a favor y uno en contra, por parte del PRI, se acordó promover el juicio político en contra de Robles, quien se encuentra en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla, tras ser vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público.

“Fue un tema de un recurso que fue etiquetado a las universidades, que no hay antecedente alguno, y por estar violando un tema de derechos humanos, y un tema de las facultades que le fueron conferidas allá en los dos encargos que tuvo como secretaria en Desarrollo Social y en la Sedatu”, explicó.

Verónica Juárez, diputada del PRD, señaló que desde el 2013, legisladores de su partido, expusieron que Robles incurrió en un daño patrimonial sustancial, al evitar que estos recursos se destinarán para garantizar derechos que tenían que ver con la salud, con la educación, con la vivienda.

La Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados, también cuenta con dos solicitudes de juicio político en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, por violación a derechos humanos e incumplimiento de funciones como presidente.

La diputada de Morena también informó que la discusión y votación para el juicio político en contra de los diputados del Congreso de Baja California, por la aprobación de decreto que reforma la constitución local para ampliar el mandato del próximo gobernador Jaime Bonilla, no se aprobó debido a que continúa el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En cuanto la solicitud de juicio político en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, la legisladora aseguró que se atenderá y analizaran todas las solicitudes, incluyendo, la de los funcionarios de la Cuarta Transformación.

Fuente: Excélsior