Por Germán Arreola

CANCÚN, 25 DE NOVIEMBRE.- La impunidad y la corrupción alimentan los feminicidios, alertan especialistas en el tema como la abogada Araceli Andrade Tolama –la misma que liberó a los periodistas y activistas Lydia María Cacho Ribeiro y Pedro Celestino Canché Herrera–, quien añadió que “son un mal que, por desgracia sigue imperando sin que las autoridades se comprometan a frenarlo con acciones y castigos ejemplares”.

Pese al número de asesinatos de mujeres, sean o no feminicidios, el gobierno estatal sigue empeñado en minimizar los hechos, y sostiene que son crímenes pasionales; también fustiga a medios y periodistas que los dan a conocer, y los acusa de dañar la imagen turística.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) se sigue negando a llamar por su nombre a los feminicidios: en Quintana Roo, el asesinato contra mujeres crece: de enero a septiembre han ocurrido 12, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en México, en Quintana Roo las omisiones de la autoridad radican en la falta de aplicación de protocolos para conformar la averiguación de los hechos, hasta la nula investigación.

“No se sancionan los feminicidios y/o no se sancionan como tales, y no se investigan como un feminicidio; qué es lo que sucede, son varias cosas: una, que la institución encargada de investigar, que son las fiscalías, los agentes del Ministerio Público no abren carpetas de averiguación previa por feminicidio cuando hay características en el asesinato de mujeres que nos permiten señalar que posiblemente sí lo sean”, refirió la activista.

Acusó que desde el principio del proceso no se investiga con perspectiva de género, lo que no permite tipificar los asesinatos contra mujeres de manera correcta pese a que en la mayoría de casos cumplan con las características para ser catalogados como feminicidios, situación que también se repite en varios estados.

Mercedes Hernández Rojas, enlace con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), sostuvo que en Quintana Roo la violencia tiene lugar en nueve de cada 10 hogares, lo que incide directamente en la desintegración social, motivo por lo que hay que seguir trabajando en los lineamientos y protocolos establecidos para erradicar la problemática.

“Tenemos información hasta junio que van 10 feminicidios, pero de todos los acumulados se han resuelto 10 con sentencia, y ya se está llevando a cabo el procedimiento de la carpeta de investigación con perspectiva de género, que antes ni existía ni estábamos visibilizadas. Percibo que, por lo menos en el estado, porque a nivel global es eso, pero en el estado se ha avanzado bastante: ya hay juezas para sentenciar con perspectiva de género; la atención en los ministerios públicos ya son mujeres las que están atendiendo.”

De su lado, la diputada local Roxana Lili Campos Miranda, presidenta de Comisión de Justicia del Congreso estatal, dijo que está enfocada a consolidar el sistema de justicia penal, en coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial porque hoy la queja, o lo que le duele a la sociedad es precisamente la impunidad.

“Muchas reformas tienen que ser a nivel nacional porque incluso hasta en la parte procesal tenemos mucho… el Código Nacional de Procedimientos Penales, esas reformas que se tuvieran que hacer ahí tendrían que ser a nivel federal. Lo que respecta a nuestros códigos, sí nosotros podemos ir, en el código penal nosotros mismos podemos ir determinando qué adecuaciones se le pueden ir haciendo también al código por la parte legislativa.”