Por Germán Arreola

CANCÚN, 21 DE NOVIEMBRE.- Investigar sin perspectiva de género es uno de los problemas de las autoridades para frenar la impunidad y actualmente en Quintana Roo, el asesinato contra mujeres se ha incrementado y a la fecha de enero a septiembre del 2019 han ocurrido 12 feminicidios, registrando agosto como el periodo con más asesinatos con cuatro casos tipificados; en el mismo lapso de 2018, la cifra fue de cinco, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante el panel “Juntas hasta la vida: omisiones del Estado en la prevención, investigación y sanción de feminicidios”, que se presentó en la Casa de la Cultura Jurídica de Cancún, participaron funcionarios de Amnistía Internacional (AI) México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), madres y familiares de víctimas de feminicidio, en evento organizado por el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM).

Para Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en México, en el estado de Quintana Roo, las omisiones de la autoridad radican específicamente en la falta de aplicación de protocolos para conformar la averiguación de los hechos, hasta la nula investigación.

“No se sancionan los feminicidios y/o no se sancionan como tales, y no se investigan como un feminicidio; qué es lo que sucede, son varias cosas: una, que la institución encargada de investigar, que son las fiscalías, los agentes del Ministerio Público no abren carpetas de averiguación previa por feminicidio cuando hay características en el asesinato de mujeres que nos permiten señalar que posiblemente sí lo sean”, refirió la activista.

Acusó que desde el principio del proceso no se investiga con perspectiva de género, lo que no permite tipificar los asesinatos contra mujeres de manera correcta pese a que en la mayoría de casos cumplan con las características para ser catalogados como feminicidios, situación que también se repite en varios estados.

Edith Olivares añadió que algunas características de alarma son antecedentes de violencia familiar, relación previa entre el presunto asesino y la víctima y violencia sexual, son algunas de tipo penal; encima, los agentes del Ministerio Público no tipifican delito, lo que hacen es abrir una carpeta de investigación por lo que a ellos les parece que es.

“Lo que hace el agente es decir esto parece un homicidio, un suicidio o un feminicidio; lo que encontramos es que en muchos casos aun cuando las características del asesinato parecen señalar que es un feminicidio, no lo hacen y ahí se abre el camino de la impunidad. Ahora, encontramos también que hay omisiones del Estado antes de que se cometa el feminicidio; hay una acción omisa para prevenir y garantizar la vida y seguridad de las mujeres.”

En tanto, la directora del CIAM Cancún, Paola Feregrino Rodríguez sostuvo que mantendrán el trabajo de incidencia en la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas y legislaciones estatales en materia de igualdad y violencia, además de continuar los esfuerzos desde la sociedad civil para impulsar el cumplimiento de la alerta de género, protocolos y estrategias de prevención a favor de las mujeres.

Al evento asistieron familiares de víctimas de feminicidio, como Esperanza Lucciotto, madre de la joven Karla, asesinada al interior de un bar de San Luis Potosí, quien consiguió con un amparo que después de siete años la Suprema Corte de Justicia (SCJN) ordenara a las autoridades investigar el caso como probable feminicidio y no como homicidio culposo.