CHETUMAL, 1 DE OCTUBRE. – Y si bien está vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), por miles de millones de pesos, su incalculable fortuna permanece intacta pues las autoridades no han tomado acciones enfocadas a quebrantar su estructura financiera, de la que se sirve para llevar a cabo su defensa.

Sólo 15 años duró la destructiva carrera política de Borge Angulo, pero le bastó un lustro como gobernante para que causara mayores estragos a su Estado que todos sus antecesores, con desvíos superiores a los 22 mil millones de pesos.

Consciente de su labor depredatoria, al término de su mandato, el 24 de septiembre de 2016, no acudió a la toma de protesta de su sucesor, pese a que aún no había sido enderezada, de manera formal, alguna acusación en su contra.

Desde ese día se le perdió toda pista y por espacio de nueve meses se dedicó a recorrer mundo y a derrochar su fortuna, hasta que el 31 de mayo de 2017 un Juez Federal giró orden de aprehensión en su contra y cuatro días después, al filo del mediodía del domingo 4 de junio, miembros de la Interpol lo detuvieron en Panamá, cuando se disponía a abordar un avión, en el aeropuerto de Tocumén, que lo llevaría a Paris, Francia y de ahí a Madrid, España.

Fue encarcelado inicialmente en el penal “El Renacer”, una de las cárceles panameñas, pero al conocerse su intención de fugarse, lo cambiaron a la prisión de la sede de la Policía Nacional de Panamá, de donde finalmente fue extraditado el jueves 4 de enero de 2018.

Al llegar a México, inicialmente fue llevado al penal de Neza-Bordo, toda vez que su causa penal 381/2017 quedó a disposición de José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Adversarial del Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, quien había girado la orden de aprehensión.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, el delito de lavado de dinero que la Fiscalía General de la República le imputa, es por 900 millones de pesos, en el ámbito federal, y de ser encontrado culpable purgaría una pena que iría de los 5 a los 15 años, cuyo término aritmético promedio sería de 10 años, por lo que no alcanzaría libertad bajo fianza, aunque el delito no se considere grave.

Pero además de ese proceso, existen también otras tres órdenes de aprehensión emitidas por jueces de Quintana Roo, por los delitos de peculado, cuyo monto supera los 3 mil millones de pesos; además de ejercicio indebido del servicio público y abuso de poder.

Al día siguiente de su extradición, fue enviado al Centro Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI), en Ayala Morelos, bajo el argumento de su defensa de que adolecía de varios padecimientos y sólo ahí podía ser atendido.

La extensa red de complicidades que tejió Borge Angulo, entre familiares y amigos, jueces, notarios, miembros de su gabinete, servidores públicos y empresarios, nacionales y extranjeros y hasta sus propios padres, fue para desviar, malversar y saquear las arcas estatales causando un multimillonario quebranto a la entidad, resultando más voraz que sus antecesores.

Esa labor depredatoria, originó 17 denuncias ante la Fiscalía General de Quintana Roo y cuatro en la entonces Procuraduría General de la República, un total de 21 carpetas de investigación, a la fecha solamente ha sido detenida media docena de ex colaboradores del ex mandatario quintanarroense y de ellos, solamente uno permanece encarcelado,

Entre los fugitivos considerados como los más importantes y contra los que ya hay orden de aprehensión, figuran: Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Eliézer Villanueva Lanz, ex subsecretario Técnico Hacendario, funcionarios de primer nivel en la administración borgista que le manejaban los dineros.

Juan Pablo Guillermo tiene varias denuncias penales y de juicio político en su contra, una de ellas por enriquecimiento ilícito por mil 464 millones de pesos, presentada por la misma institución que representaba en el gobierno de Borge.

Con la intención de evadir la ley, solicitó un amparo en el mes de mayo, pero el juez Tercero de Distrito en Quintana Roo, que lleva su causa, le negó la suspensión definitiva por lo que la orden de captura está vigente, aunque inexplicablemente y pese a estar ubicado en la ciudad de Mérida, no se ha cumplimentado.

En el caso de Villanueva Lanz, subsecretario de Finanzas, las autoridades de la actual administración estatal y las federales, lo consideraron uno de los “cerebro financiero” de Roberto Borge y cuando estaba plenamente ubicado y pudo haber sido detenido, ya que desde marzo del 2018 había orden de aprehensión en su contra, “se volvió ilocalizable”.

Entre los demás ex funcionarios públicos que formaban parte del entramado de saqueadores, aparecen servidores públicos de los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y de Benito Juárez (Cancún), así como ex titulares de diferentes dependencias estatales.

También figuran empresarios que actuaron como enlace o prestanombres de los negocios de Borge, entre ellos: Édgar Manuel Méndez Montoya; Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de la empresa Corpogas y los empresarios madrileños José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo, ambos detenidos en España.

Varias de las denuncias se turnaron a la Procuraduría General de la República, por delitos como “venta ilegal de bienes públicos”, sobre todo en terrenos de reserva territorial que fueron vendidos de manera ilícita a precios muy por debajo de su valor real.

Mauricio Góngora Escalante, ex alcalde del municipio de Solidaridad y ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado, de acuerdo a la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), recibió 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral.

Las solicitudes de captura por el mismo delito, también involucraron a José Gabriel Concepción Mendicutti Loría (detenido y liberado), ex secretario de Gobierno; Bibiano Villa Castillo, ex titular de Seguridad Pública; Juan Pedro Mercader, también ex secretario de Seguridad Pública y ex titular del desaparecido Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad.

Otros ex funcionarios que también tienen una orden de aprehensión, pero del fuero común, por el delito de desempeño irregular de la función pública, son: Gonzalo Abelardo Herrera, ex titular de la Función Pública (detenido en Belice); Mario Castro, ex delegado de Diconsa (detenido y liberado); Ercé Barrón Barrera, ex titular de la Administración Portuaria Integral (detenido y liberado); Luis Alberto González, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural; Román Quián, ex secretario de Gobierno y Víctor Hugo Loyola, ex procurador fiscal.

La gigantesca cadena de estafas de Borge y su clan, en perjuicio, lo mismo de particulares que de las finanzas públicas de Quintana Roo, comenzó en el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), con la venta irregular a ridículos precios -entre el uno y seis por ciento del valor comercial real–, de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial, equivalentes a seis veces la totalidad de la Zona Hotelera de Cancún.

Selvas, manglares, pantanos, parajes, islotes, hoteles, comercios y demás tipos de negocios fueron arrebatados fraudulentamente lo mismo al gobierno estatal que a empresarios.

Ello significó un quebranto a la Cuenta Pública estatal estimado en mil 99 millones 492 mil 370 pesos, además de otros desvíos de recursos públicos por 55 millones de apoyos al campo y falsas compras de maquinaria agrícola; otro más por 600 millones que debieron destinarse a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y a gasto corriente.

Otra ruta para la estafa fue la naviera “Barcos Caribe”, cuyos principales accionistas y prestanombres de Borge Angulo fueron María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria de su padre Roberto Borge Martín y el abogado de la familia, César Celso González Hermosillo y Melgarejo.

Se estima que a través de dicha empresa, llevaron a cabo el blanqueo de 4 millones 500 mil dólares americanos y 14 millones 290 mil dólares australianos, para lo que simularon juicios laborales y despojaron a sus legítimos dueños de 44 hoteles y 19 predios en Tulum, Cancún y Playa del Carmen.

Para consumar esos despojos, contó con la complicidad del ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el ex subsecretario del Trabajo, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; el Juez Primero Civil de Playa del Carmen, Gustavo Efraín Chan Caamal; el ex director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Lima Carvajal y la actuaria María Elena Anaya Reyes.

Todos ellos, participaban en la fabricación de falsas demandas laborales, de empleados que no existían o que de haberlos, decían que ganaban más de medio millón de pesos al mes.

Consignaban el expediente sin notificar al demandado, el juez sentenciaba, el actuario, con el respaldo de cientos de policías, efectuaba el desalojo y así, en abierta confabulación, despojaban de su patrimonio a pequeños y medianos empresarios, Los grandes estaban en el contubernio.

En la Comisión para la Juventud y el Deporte, su ex titular Martín Cobos, está acusado de “desaparecer” 72 millones 600 mil pesos, cuyo destino no ha podido explicar satisfactoriamente.

El ex titular de la Secretaría de Infraestructura, Fernando Escamilla Carrillo, tampoco ha explicado las causas de que no se haya inaugurado el Auditorio del Bienestar, aunque se ejercieron 244.7 millones de pesos. También están coludidos dos de los ex subsecretarios, Ariel Federico Meeser y Andrés Canul.

Pero la embestida de las huestes fue pareja, arrasó hasta con los mismos trabajadores del gobierno del estado, a los que estafaron Borge y su cáfila, al apoderarse de las aportaciones de nómina para pagos de créditos a empresas privadas. Se habla de más de 500 millones de pesos birlados a los modestos empleados.

Entre los ex colaboradores de Borge que han sido detenidos, figura Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda, en base a una orden de aprehensión emitida por un juez de Control de Chetumal.

El ex secretario, es acusado de haber otorgado subsidios hasta de un 75 por ciento para la compra de terrenos, sin tener facultades para ello, lo que generó un daño patrimonial al estado por 39 millones de pesos.

Empero, al aceptar su culpabilidad y declararse copartícipe, junto con Borge Angulo, obtuvo su libertad mediante el pago de 19 millones de pesos y dejar en garantía varias de sus propiedades.

Patricia García Achach, ex titular de SEDUVI, también fue detenida pero pudo quedar libre, al depositar como garantía los títulos de propiedad de seis inmuebles, y la factura de un auto de lujo.

“Ello no equivale ni siquiera al uno por ciento de lo robado por Borge y camarilla”, dijeron funcionarios del actual gobierno quintanarroense.

José Alberto Alonso Ovando, ex secretario de Educación; Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex secretario de Ecología y Medio Ambiente; Saúl Badillo Perry, ex director de los Servicios de Salud y Manuel de Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, son otros de los involucrados en el megafraude.

También aparecen Marilyn Rodríguez Marrufo, hermana de Mauricio; Gabriela Medrano Galindo, ex diputada por el Partido Verde Ecologista; Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal y Édgar Manuel Méndez Montoya, considerado el principal prestanombres de Borge Angulo.

TAMBIÉN LO INVESTIGA LA FEPADE

Pero no nada más está implicado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también es investigado por la Fiscalía Especial de Atención para Delitos Electorales por el desvío de más de 200 millones de pesos, a través del financiamiento ilícito de campañas electorales en el pasado proceso electoral de Quintana Roo del 2016.

José Mauricio Góngora Escalante, ex candidato a gobernador por el PRI, quien sería favorecido con transferencias del gobierno de Roberto Borge, es uno de los involucrados en una de dichas carpetas, al recibir 201 millones de pesos para financiar la campaña en la que fue derrotado por Carlos Manuel Joaquín González.

El 25 de enero de 2018, fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a petición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo que lo acusa de diversos delitos que suman un daño patrimonial a las finanzas públicas por 754 millones de pesos.

La investigación revela que hubo transferencias del gobierno de Quintana Roo en el 2016 a las campañas de un partido político, por lo que se configura el ilícito de financiamiento ilícito, cuya pena va de 15 a 20 años de prisión.

Antes de la captura de Borge Angulo, dimos a conocer que el desvío de los más de 200 millones de pesos para favorecer al entonces todavía alcalde de Solidaridad, Góngora Escalante, fue ordenado por el ahora ex gobernador, a través del entonces subsecretario de Hacienda, Eliézer Villanueva Lanz, actualmente prófugo, incluso había recibos firmados por Góngora Escalante, en los que se comprueba la entrega de recursos por parte de Villanueva Lanz.

Conforme a los documentos que obran en la indagatoria, las entregas se realizaron los días 7, 18 y 31 de marzo; el 8, 14, 18, 22 y 28 de abril y una más el 6 de mayo de 2016, con cantidades que fluctuaban entre los 20 y 50 millones de pesos, todo en efectivo.

Uno de los recibos firmados por Góngora Escalante, autentificado ya por peritos grafoscópicos, precisa: “Recibí del Dr. Eliezer Villanueva Lanz, la cantidad de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m. n.), por concepto de gastos a comprobar”.

Esos hechos fueron conocidos desde el uno de junio de 2016, cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ante la FEPADE la entrega de recursos públicos para favorecer a la campara de Góngora Escalante.

Góngora Escalante es uno de los pocos cómplices de Borge Angulo que se halla tras las rejas, en una de las celdas del penal de Playa del Carmen, el resto emprendió la huida.

Sin embargo, para los quintanarroenses afectados no basta que Borge Angulo esté en la cárcel, ni tampoco el que llegara a ser condenado a una pena corporal, lo importante es que el gobierno federal y el estatal, centren sus trabajos y conocimientos para que el ex gobernador devuelva los miles de millones de pesos que les birló y que ahora utiliza, de manera cínica, para tratar de salir bien librado de las múltiples acusaciones que pesan en su contra.

El pasado 8 de abril, fue la fecha fijada por el juez para que la defensa entregue las pruebas a favor de su cliente, recabadas en los dos meses de gracia que les concedió el juzgador, plazo que que fue negado a la FGR al considerar que sus indagatorias estaban concluidas.

Esta será una audiencia intermedia en la que podría ser fijada la fecha para la audiencia definitiva, aunque también existe la posibilidad de que sus defensores soliciten una nueva prórroga y de ser concedida el proceso se alargaría aún más.

Al menos en los 12 días zdel próximo mes no se tiene contemplada ninguna audiencia en el caso de Roberto Borge Angulo, bajo prisión preventiva desde el cinco de enero de 2018, cuando le fue dictada tal medida por el término de solamente dos meses, plazo que se ha extendido hasta un año y ocho meses a petición de la defensa del ex gobernador de Quintana Roo para recabar y presentar pruebas a favor de su inocencia.

Ese recurso que también podría haber utilizado la desaparecida Procuraduría General de la República para reunir mayores elementos inculpatorios en contra del gobernante, fue rechazado por la institución cuyos fiscales aseguraron entonces que ellos ya habían reunido las pruebas necesarias para probar la responsabilidad de Borge Angulo en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita “lavado de dinero) por un monto aproximado de 900 millones de pesos.

La ley contempla para la ahora Fiscalía General de la República hasta un plazo máximo de dos años, que concluirían el próximo cinco de enero de 2020, para cerrar el plazo de investigación complementaria y entrar a la etapa de cierre de proceso, no así para la defensa de Borge que puede extender por años la solicitud de dicha prórroga con el mismo argumento de recabar pruebas exculpatorias, aunque para ello debe permanecer en prisión.

De no solicitar una nueva ampliación y una vez agotado el término, el Juez de vinculación a proceso recibe todas la pruebas y analiza cuáles admite y cuáles rechaza y hasta ahí concluye su labor.

A partir de ese momento deja de tener injerencia en el proceso y envía las pruebas al Juez que llevará la causa, mismo que no ha conocido del expediente y que será finalmente quien dicte su fallo de inocente o culpable y de ser así, la pena correspondiente.

Pero aún hay un largo trecho por recorrer, pues se dan casos en que una vez que el Juez juzgador y dictaminador recibió el expediente, se lleva años en examinar y estudiar las pruebas para llegar por fin a una resolución definitiva.

Mientras tanto, Borge Angulo continúa confinado en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI) de Morelos y a dos años y tres meses que lleva en prisión (fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017), su futuro no resulta nada prometedor, según las pruebas con las que dice contar la FGR para que sea declarado culpable y su caso sirva como escarmiento.

OTRO LLAMADO A COMPARECER

En Quintana Roo, a paso lento, se hacen los llamados. En esta ocasión, la Contraloría del Estado citó a comparecer a Carlos Alberto Castillo Gamboa, quien fuera director de la Caja de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante su gobierno.

Dicho ex funcionario deberá acudir el próximo 2 de octubre a dichas oficinas, donde tendrá que darle seguimiento al expediente Sgp/ssaj/cgrsp/craj/pad0014/14/2017; al revisarse en transparencia se tiene que ese expediente derivó en una suspensión para Castillo Gamboa el 19 de junio de 2017, por incumplimiento del Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo.

Sería el responsable de emitir los cheques por los que se desviaron miles de millones de pesos a través de supuestos apoyos agrícolas, con una simulación de comprobación de gastos.

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