CANCÚN, 7 DE JUNIO.- La controversia con Uber va para largo. Desde hace un tiempo gestiona un amparo ante el Tribunal Cuarto de Distrito, que recientemente resolvió que la plataforma presta un servicio público y debe tener una concesión.

“Aún no tenemos la notificación, pero al parecer la empresa sí y tiene 10 días para acatar la sentencia o presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado y, si éste también falla en su contra, podría irse a la Suprema Corte de Justicia”, manifestó Jorge Pérez Pérez, director del Instituto de Movilidad, mientras eso sucede, no puede trabajar, subrayó.

Atribuyó a una estrategia mediática el anuncio en el sentido de que ayer reanudaría operaciones en Cancún, donde las suspendió hace 18 meses. “Si ese es su estilo, es válido, pero deben apegarse a la ley”.

Uber no está operando, al menos no está saliendo en proporción importante, pero no deben hacerlo para no poner al usuario es una posición vulnerable. Además, la Dirección de Tránsito de Benito Juárez y el Instituto de Movilidad instalaron puntos de revisión en los que ayer, al parecer, fueron detenidas cuatro unidades, porque no se les permitirá operar sin concesión.

Esas revisiones son periódicas, programadas para seguridad de los usuarios, a quienes recomendó que no usen esa aplicación porque pueden tener problemas en los operativos que se realizan junto con el Ayuntamiento de Benito Juárez y no podrán concluir su viaje satisfactoriamente.

Según dijo, Uber aparentemente sólo está midiendo el terreno, pues levantan la plataforma y la cierran.

“Los invito a que sean prudentes, como los taxistas, quienes no han violentado ni provocado desmanes, como en el pasado. Si todos nos ponemos en armonía y cumplen con la Ley de Movilidad, que permite operar en otras condiciones, podrían dar mejor servicio”, expresó.

Pérez Pérez reconoció que la tramitología para obtener una concesión es más compleja que la establecida en la ley promigenia, que es la que Uber quiere usar, alegando que en otras partes de México y del mundo no manejan una concesión, “pero los tiempos cambiaron y cada Estado es soberano de aplicar la legislación que a cada uno convenga”.

En ese sentido, comentó que de acuerdo con el Título Séptimo de la Ley de Movilidad, pueden reorganizarse y presentar su solicitud, como lo han hecho otras plataformas, incluso una yucateca, las cuales presentaron una “carta de intención”, en la que se comprometen a trabajar conforme a los requisitos establecidos, aunque no pueden hacer una entrada formal porque aún no se tiene la reglamentación, lo que todavía tardará menos dos meses, pues es un trabajo laborioso, ajustado a nuestra realidad.

Tenemos comunicación con la gente de Uber, son jóvenes con otra visión de lo que es este negocio. Hemos tenido buen trato, pero quieren aplicar la forma como trabajan en otras partes del país y del mundo, pero nosotros nos mantenemos en lo que establece la ley.

Insisten en que se les permita trabajar conforme a la ley anterior y que se otorguen permisos a sus operadores, pero nosotros tenemos la resolución de un juez y se les está considerando un servicio público, que requiere concesión. Esos trámites no tienen forma de avanzar en tanto no se resuelva en forma definitiva el asunto y se agoten todas las instancias.

La autorización o concesión sería colectiva, con permisos para los operadores, inscritos en un registro estatal de transporte.
Sin embargo, el funcionario apuntó que los taxistas deben dejar los “viejos vicios” y los ataques a la competencia, mejorar la calidad del servicio que prestan, entrar a la modernidad, bajar sus aplicaciones, contar con GPS, reforzar la seguridad. “El taxi naranja es un avance”, manifestó.

Fuente Infoqroo