CIUDAD DE MÉXICO, 18 DE ABRIL. – Ante la polémica desatada por el memorándum que firmó para cancelar la Reforma Educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador delegó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) realizar la evaluación a los profesores tal y como lo marca la ley aprobada durante el sexenio pasado.

“Si la comisión encargada de hacer la evaluación (el INEE) convoca a que haya una evaluación, ahí se va a ver si se cumple o no se cumple. Esa es una decisión autónoma, inclusive”, justificó ayer.

Aunque esa ley –reformada en 2013– castiga con descuentos a los profesores faltistas, el mandatario aclaró que en ese sentido no habrá sanciones, pues lo que su administración busca es la reconciliación con el magisterio.

“Los maestros quedaron muy dañados. La ley es para las mujeres y los hombres, no las mujeres y los hombres para la ley. Si hay que optar entre la justicia y la ley, no lo piensen mucho, hay que optar en favor de la justicia”, refirió.

Cuestionado sobre la validez jurídica que tiene el documento que envió el martes a los titulares de Educación, Esteban Moctezuma; de Hacienda, Carlos Urzúa; y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, López Obrador volvió a apelar, como lo hizo en el escrito de apenas cuatro lineamientos, a las facultades que tiene como titular del Ejecutivo para tomar esas medidas.

Incluso, dijo, se trata de un asunto político más que legal.

“No es ni una iniciativa de ley, ni un decreto, ni un acuerdo, es un memorándum”, detalló.

– ¿Tiene validez jurídica?

– Las facultades que tengo como jefe del Estado mexicano para garantizar el bienestar, la paz, la tranquilidad del pueblo para que haya justicia, por eso se protesta, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y en la Constitución se establece que debe de haber justicia.

Sobre el anuncio de la oposición de promover juicios políticos contra los secretarios de Estado que incumplan la ley, López Obrador señaló que están en su derecho de promoverlo, aunque advirtió que existen fundamentos en que la Secretaría de Hacienda maneja la nómina y la SEP administra las plazas.

“Están en su derecho –de impugnar– este es un país de leyes, ahora sí hay un auténtico Estado de Derecho, somos libres. Se puede acudir a cualquier instancia”, insistió.

El martes, desde el despacho presidencial, el mandatario firmó un memorándum en el que detalla los lineamientos y directrices para “dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada Reforma Educativa”, rechazada por la CNTE y que ha provocado tensión entre los docentes y el Congreso.

Los disidentes del magisterio han amenazado con mantener durante todo el sexenio manifestaciones, mientras no se derogue dicha reforma.