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AMLO borró 18 programas sociales de era Calderón y Peña
CIUDAD DE MÉXICO, 16 DE MARZO.- Andrés Manuel López Obrador eliminó 18 programas sociales —creados en administraciones priístas y panistas— en sus primeros 100 días en la administración. Estrategias que en su momento se consideraron un éxito han ido desapareciendo, como Solidaridad, diseñado en el sexenio de Carlos Salinas, que luego se convirtió en Progresa, con Ernesto Zedillo, y después en Oportunidades, con Vicente Fox y Felipe Calderón, así como los apoyos a estancias infantiles y comedores comunitarios.
Con su sello, la actual administración, en el marco de la Cuarta Transformación, creó 14 nuevos programas y para este año operarán 146 a nivel federal, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Este organismo detalla en el estudio Análisis de los Programas Sociales del PEF 2018 y 2019 que de los 150 programas registrados el año pasado, 18 se eliminaron, 14 son de nueva creación, seis tuvieron cambios, tres fueron resectorizados (serán operados por otra dependencia), seis tendrán recursos de más de una secretaría y se registró una fusión de programas.
Especialistas advirtieron que con estas modificaciones el presidente López Obrador busca “ponerle su sello” a la política social de su sexenio, al eliminar programas creados en los gobiernos panistas y priístas; sin embargo, alertaron que no hay una “estrategia clara” en los cambios y su impacto en las carencias sociales; además de que las transferencias monetarias directas como las que se entregarán en programas como el de Estancias Infantiles pueden ser usados con fines electorales.
De los 18 programas eliminados, cuatro pertenecen a la Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo Social) los cuales son el de Comedores Comunitarios, Atención a Jornaleros Agrícolas, subsidios a programas para jóvenes y Empleo Temporal; sin embargo, esta dependencia operará dos programas nuevos: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y Sembrando Vida.
En la Secretaría de Salud desaparecieron tres: Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente; Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad y Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud.
De la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) tres programas se eliminaron: Prevención de Riesgos; Consolidación de Reservas Urbanas y Apoyo a la Vivienda.
Además de estos cambios, el gobierno de López Obrador modificó Prospera, el cual tiene su origen en el programa de Solidaridad, creado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, siguió en la administración de Ernesto Zedillo, con el nombre de Progresa y en los gobiernos panistas cambió a Oportunidades. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el principal programa para abatir la pobreza.
En esta administración, Prospera será sustituido por el programa Becas para el Bienestar de Educación Básica Benito Juárez y tendrá un presupuesto de 68 mil 540 millones de pesos; en tanto que su componente de salud, IMSS-Prospera, se modificó el 12 de diciembre de 2018, con lo que se transformó en IMSS-Bienestar, que ejercerá 11 mil 893 millones de pesos.
El Seguro Popular, creado en el sexenio de Vicente Fox, se eliminó como parte de la federalización de los servicios de salud, lo cual busca establecer un nuevo sistema de salud universal que garantice el acceso a la atención y a medicamentos.
También se eliminaron las convocatorias donde participan organizaciones de la sociedad civil para ejecutar acciones que intervienen en problemas sociales.
Rodolfo de la Torre, economista del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consideró que con los cambios implementados en los programas hay riesgo de “clientelismo político”, así como de “centralización de poder”. Destacó que las modificaciones obedecen a un cuestionamiento de la política social anterior; sin embargo, los diagnósticos efectuados antes de hacer los cambios “son incompletos y equivocados.
“Se están aplicando medidas riesgosas, los diagnósticos no son claros, por ejemplo el cierre del programa Prospera no se ha hecho con todos los elementos de juicio que deberían, la sustitución con becas sin condición no parece lo más apropiado. El caso de las estancias infantiles no corresponde a un diagnóstico de la utilidad que proporcionaba a mujeres trabajadoras”, enfatizó.
Resaltó que se requiere crear una política social de Estado que no se base en “pequeños programas” o repartos de efectivo, sino que garantice la reducción de las carencias sociales.
Edna Jaime, directora general de México Evalúa, indicó que la reasignación de recursos en los programas tuvo “damnificados”, puesto que tenían objetivos claros, como ocurrió en el caso de las estancias infantiles, y alertó que los nuevos programas no cuentan con reglas de operación, con lo que podrían ser utilizados con fines políticos.
“Estas transferencias me recuerdan al Pronasol, de Carlos Salinas, en donde el presidente tenía una bolsa de recursos de los que disponía sin ningún tipo de mecanismo de control. Necesitamos controles para asegurarnos que los apoyos llegan a las personas más necesitadas”, subrayó.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana Contra la Pobreza, comentó que aunque los cambios en la política social eran necesarios, no se aplicaron con la evidencia suficiente en el impacto de los programas, lo que afecta a la población.
Para José Luis de la Cruz, investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, la falta de transparencia en la operación de los programas sociales es el principal motivo de la reestructuración de la política social, puesto que se desconocía si habían alcanzado a la población objetivo y su impacto en la disminución de la pobreza; indicó que a lo largo de los años el número de personas en esta condición se mantuvo, o incluso aumentó.
“Del 2004 a la fecha, pese a que se destinaron recursos millonarios a estos programas, la mayor parte del tiempo la pobreza se ha mantenido y se ha elevado, es decir, el diseño de los programas sociales no ha garantizado la solución de los problemas. Deben generarse políticas de desarrollo económico mejor diseñadas”, enfatizó.
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GENERAL MOTORS ANUNCIA INVERSIÓN DE 4 MIL MILLONES DE DÓLARES: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA MÉXICO Y EE.UU.?
La automotriz estadounidense General Motors ha confirmado una inversión de 4 mil millones de dólares con el objetivo de trasladar parte de su producción de México a Estados Unidos. La decisión se enmarca dentro de un contexto de presiones económicas, ajustes en políticas comerciales y medidas proteccionistas impulsadas por la administración de Donald Trump, que busca fortalecer el empleo manufacturero en territorio estadounidense.
Según el informe oficial de GM, la inversión estará destinada a modernizar plantas de ensamblaje en EE.UU., particularmente en Michigan y Ohio, con el propósito de reubicar líneas de producción actualmente operativas en México. Este movimiento representa un golpe estratégico, pero también un desafío para la industria automotriz mexicana, que ha sido clave en la manufactura global de vehículos durante las últimas décadas.
Expertos han señalado que este cambio podría impactar a miles de trabajadores en México, donde GM tiene una presencia significativa en ciudades como Silao y Ramos Arizpe. La decisión también genera incertidumbre en torno a acuerdos comerciales vigentes, como el T-MEC, que regula los flujos de inversión y comercio entre México, EE.UU. y Canadá.
Por otro lado, el gobierno mexicano ha respondido con un llamado a la automotriz para evaluar estrategias que mantengan empleo y crecimiento en el país. La Secretaría de Economía ha expresado su preocupación sobre los efectos que estas decisiones podrían tener en el sector automotriz nacional, además de su impacto en el mercado laboral.
Mientras tanto, la reubicación de operaciones en EE.UU. es vista como parte de una estrategia para reducir los costos asociados a los aranceles al acero y aluminio, además de calmar presiones políticas. Con esta inversión, General Motors busca adaptarse a un entorno cada vez más volátil, donde las decisiones económicas están profundamente ligadas a los cambios en el escenario político global.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
México enfrenta una nueva amenaza sanitaria con la confirmación de ocho casos de miasis humana provocada por el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en Chiapas y Campeche. Esta plaga, que afecta principalmente al ganado, ha comenzado a infectar a personas, generando preocupación entre especialistas y autoridades de salud.
El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo del huésped, causando infecciones graves que pueden derivar en necrosis si no se tratan a tiempo. En humanos, los síntomas incluyen dolor intenso, inflamación, secreción con mal olor y sensación de movimiento en la herida.
Ante la emergencia, la Secretaría de Salud ha implementado un cerco sanitario en las zonas afectadas y ha reforzado las medidas de prevención. Se han desplegado brigadas médicas para atender casos sospechosos y se han activado protocolos de vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del parásito.
Las autoridades recomiendan a la población cubrir adecuadamente cualquier herida abierta, evitar el contacto con animales infectados y acudir al médico ante cualquier síntoma. Además, se han intensificado las campañas de información en comunidades rurales, donde el riesgo de contagio es mayor debido a la cercanía con ganado y la falta de acceso a servicios médicos oportunos.
Especialistas advierten que, aunque la miasis humana es poco común, su aparición en México podría indicar una reintroducción del parásito en el país, lo que requeriría medidas más estrictas para su control.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
