Nacional
AMLO borró 18 programas sociales de era Calderón y Peña

CIUDAD DE MÉXICO, 16 DE MARZO.- Andrés Manuel López Obrador eliminó 18 programas sociales —creados en administraciones priístas y panistas— en sus primeros 100 días en la administración. Estrategias que en su momento se consideraron un éxito han ido desapareciendo, como Solidaridad, diseñado en el sexenio de Carlos Salinas, que luego se convirtió en Progresa, con Ernesto Zedillo, y después en Oportunidades, con Vicente Fox y Felipe Calderón, así como los apoyos a estancias infantiles y comedores comunitarios.
Con su sello, la actual administración, en el marco de la Cuarta Transformación, creó 14 nuevos programas y para este año operarán 146 a nivel federal, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Este organismo detalla en el estudio Análisis de los Programas Sociales del PEF 2018 y 2019 que de los 150 programas registrados el año pasado, 18 se eliminaron, 14 son de nueva creación, seis tuvieron cambios, tres fueron resectorizados (serán operados por otra dependencia), seis tendrán recursos de más de una secretaría y se registró una fusión de programas.
Especialistas advirtieron que con estas modificaciones el presidente López Obrador busca “ponerle su sello” a la política social de su sexenio, al eliminar programas creados en los gobiernos panistas y priístas; sin embargo, alertaron que no hay una “estrategia clara” en los cambios y su impacto en las carencias sociales; además de que las transferencias monetarias directas como las que se entregarán en programas como el de Estancias Infantiles pueden ser usados con fines electorales.
De los 18 programas eliminados, cuatro pertenecen a la Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo Social) los cuales son el de Comedores Comunitarios, Atención a Jornaleros Agrícolas, subsidios a programas para jóvenes y Empleo Temporal; sin embargo, esta dependencia operará dos programas nuevos: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y Sembrando Vida.
En la Secretaría de Salud desaparecieron tres: Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente; Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad y Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud.
De la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) tres programas se eliminaron: Prevención de Riesgos; Consolidación de Reservas Urbanas y Apoyo a la Vivienda.
Además de estos cambios, el gobierno de López Obrador modificó Prospera, el cual tiene su origen en el programa de Solidaridad, creado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, siguió en la administración de Ernesto Zedillo, con el nombre de Progresa y en los gobiernos panistas cambió a Oportunidades. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el principal programa para abatir la pobreza.
En esta administración, Prospera será sustituido por el programa Becas para el Bienestar de Educación Básica Benito Juárez y tendrá un presupuesto de 68 mil 540 millones de pesos; en tanto que su componente de salud, IMSS-Prospera, se modificó el 12 de diciembre de 2018, con lo que se transformó en IMSS-Bienestar, que ejercerá 11 mil 893 millones de pesos.
El Seguro Popular, creado en el sexenio de Vicente Fox, se eliminó como parte de la federalización de los servicios de salud, lo cual busca establecer un nuevo sistema de salud universal que garantice el acceso a la atención y a medicamentos.
También se eliminaron las convocatorias donde participan organizaciones de la sociedad civil para ejecutar acciones que intervienen en problemas sociales.
Rodolfo de la Torre, economista del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consideró que con los cambios implementados en los programas hay riesgo de “clientelismo político”, así como de “centralización de poder”. Destacó que las modificaciones obedecen a un cuestionamiento de la política social anterior; sin embargo, los diagnósticos efectuados antes de hacer los cambios “son incompletos y equivocados.
“Se están aplicando medidas riesgosas, los diagnósticos no son claros, por ejemplo el cierre del programa Prospera no se ha hecho con todos los elementos de juicio que deberían, la sustitución con becas sin condición no parece lo más apropiado. El caso de las estancias infantiles no corresponde a un diagnóstico de la utilidad que proporcionaba a mujeres trabajadoras”, enfatizó.
Resaltó que se requiere crear una política social de Estado que no se base en “pequeños programas” o repartos de efectivo, sino que garantice la reducción de las carencias sociales.
Edna Jaime, directora general de México Evalúa, indicó que la reasignación de recursos en los programas tuvo “damnificados”, puesto que tenían objetivos claros, como ocurrió en el caso de las estancias infantiles, y alertó que los nuevos programas no cuentan con reglas de operación, con lo que podrían ser utilizados con fines políticos.
“Estas transferencias me recuerdan al Pronasol, de Carlos Salinas, en donde el presidente tenía una bolsa de recursos de los que disponía sin ningún tipo de mecanismo de control. Necesitamos controles para asegurarnos que los apoyos llegan a las personas más necesitadas”, subrayó.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana Contra la Pobreza, comentó que aunque los cambios en la política social eran necesarios, no se aplicaron con la evidencia suficiente en el impacto de los programas, lo que afecta a la población.
Para José Luis de la Cruz, investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, la falta de transparencia en la operación de los programas sociales es el principal motivo de la reestructuración de la política social, puesto que se desconocía si habían alcanzado a la población objetivo y su impacto en la disminución de la pobreza; indicó que a lo largo de los años el número de personas en esta condición se mantuvo, o incluso aumentó.
“Del 2004 a la fecha, pese a que se destinaron recursos millonarios a estos programas, la mayor parte del tiempo la pobreza se ha mantenido y se ha elevado, es decir, el diseño de los programas sociales no ha garantizado la solución de los problemas. Deben generarse políticas de desarrollo económico mejor diseñadas”, enfatizó.
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Nacional
CDMX BAJO TIERRA: AUMENTAN 107% LOS SOCAVONES Y SE DESALOJAN COLONIAS POR RIESGO ESTRUCTURAL

Ciudad de México enfrenta una crisis silenciosa pero creciente: el número de zonas afectadas por socavones se disparó un 107% en el último año, pasando de 80 a 166 puntos críticos. Esta alarmante cifra fue confirmada por autoridades locales, quienes han iniciado operativos de desalojo en diversas colonias ante el riesgo inminente de colapso estructural.

Los hundimientos, provocados por el reblandecimiento del subsuelo, fugas de agua y el envejecimiento de la infraestructura urbana, han puesto en peligro viviendas, vialidades y servicios básicos. Las alcaldías más afectadas incluyen Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tláhuac, donde se han registrado grietas profundas, hundimientos súbitos y fracturas en muros y pavimentos.

Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) trabajan en conjunto para evaluar daños, reforzar estructuras y reubicar a familias en zonas seguras. Expertos advierten que el fenómeno podría agravarse con la temporada de lluvias y el crecimiento urbano descontrolado.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un plan de atención urgente que incluye monitoreo geotécnico, inversión en drenaje profundo y campañas informativas para prevenir riesgos. La ciudadanía ha sido llamada a reportar grietas y hundimientos al 911 o a través de la app CDMX.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
SCJN DECLARA INCONSTITUCIONAL EL COBRO POR ALUMBRADO PÚBLICO EN QUINTANA ROO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional el cobro por Derecho de Servicio y Mantenimiento de Alumbrado Público en seis municipios de Quintana Roo, evidenciando una grave violación legislativa que afecta a miles de contribuyentes. Bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 19/2024, presentada contra la fórmula de cobro establecida en la Ley de Hacienda de Tulum.
El fallo señala que los diputados locales invadieron facultades exclusivas del Congreso federal al establecer una contribución que grava el consumo de energía eléctrica, lo cual corresponde a un impuesto federal y no a un derecho municipal. Esta fórmula, aplicada en municipios como Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Tulum, ha generado una recaudación estimada en más de 400 millones de pesos, considerada ilegal por la SCJN.
Playa del Carmen se distingue como el único municipio que utiliza una fórmula distinta, basada en costos reales y con un límite del 2.5% sobre el consumo eléctrico, reformada en 2019.
A pesar de múltiples amparos y devoluciones ordenadas por tribunales, los legisladores locales han persistido en aplicar esta fórmula, encabezados por Jorge Sanén Cervantes y Renán Sánchez Tajonar. El fallo de la SCJN marca un precedente importante en la defensa de los derechos de los contribuyentes.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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