Por Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 16 DE ENERO.- Confían productores que la recomendación 092/2018, emitida el 26 de diciembre pasado y difundida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)- que reconoce el derecho a la alimentación saludable, garantizará que no se utilicen agroquímicos en los cultivos.

fue motivada principalmente por el caso de agosto pasado en cinco ejidos del municipio de José María Morelos, donde mataron millones de abejas.

La muerte de más de 16 millones de abejas tras la fumigación de un cultivo de chile habanero dañó la economía de decenas de familias indígenas e impactó a los polinizadores, por lo que el pronunciamiento “reconoce la violación a los derechos humanos a la alimentación, el agua salubre, a un medio ambiente sano y la la salud”.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y la cooperativa de apicultores “U Lol Che” estiman que la recomendación es el primer paso para frenar el uso de agroquímicos altamente peligrosos que ponen en riesgo los medios de vida de comunidades campesinas e indígenas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Recientemente, las experiencias derivadas del uso de plaguicidas y agroquímicos en la península de Yucatán han sido trágicas, por lo que la postura de la CNDH sienta un precedente en materia de derechos humanos a favor de comunidades rurales, ejidales e indígenas de la península y el país.

Ante la mala gestión de plaguicidas altamente peligrosos, el ombudsman (defensor del pueblo) recomienda una serie de medidas de reparación para la mitigación del daño ambiental y acciones de satisfacción y no repetición, y acusa responsabilidades de funcionarios públicos que implican violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

El escrito de la CNDH, de 165 páginas, recomendó a Josefa González Blanco, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); a Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); a José Alonso Novelo Baeza, comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

También a Javier Trujillo Arriaga, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por la mala gestión de los plaguicidas en México, en particular los clasificados como altamente peligrosos.

Omisos

Por más de un año, la entidad gubernamental protectora de los derechos humanos examinó las evidencias aportadas por 43 quejosos dentro del expediente CNDH/6/2017/5373/Q, denunciando diversas violaciones cometidas por autoridades federales ante actos y omisiones en perjuicio de la población afectada por el uso y manejo de plaguicidas.

Tras analizar las evidencias presentadas, la CNDH acusa que la Semarnat, la Sader, la Cofepris y el Senasica han sido omisos, hasta ahora, en proteger y garantizar los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, al medio ambiente sano y a la salud.

Además de las recomendaciones que se emiten para cada autoridad responsable, se exigen una serie de medidas de mitigación del daño ambiental existente y acciones de satisfacción y garantías de no repetición.

En términos muy generales, la CNDH exhorta a las autoridades a cumplir los tratados y convenios internacionales, y a emitir lineamientos para prohibir o regular el uso de agroquímicos, así como a armonizar lo estipulado en los convenios de Estocolmo, Róterdam y Montreal, y organismos internacionales como la FAO, OMS y la Red de Acción en Plaguicidas.

En México hay registro de plaguicidas vigentes que contienen sustancias activas prohibidas en tratados internacionales ratificados por el país, y sustancias que ya han sido prohibidas en otras naciones, lo que vulnera el principio precautorio. Al no hacerse pública esa información se vulnera el derecho humano al acceso a la información.

Al no contar con la normatividad apropiada en la materia, se carece de un control efectivo de las sustancias peligrosas activas en los plaguicidas, lo que incide en la inocuidad alimentaria, vulnerándose también el derecho humano a la alimentación y la salud en los estados de la península, donde la experiencia con plaguicidas y agroquímicos ha sido trágica.