CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE NOVIEMBRE.- La solicitud para revocar el mandato presidencial sólo podrá hacerse en el primer periodo del segundo año de ejercicio de la Legislatura, es decir, desde el primer año de su gobierno o incluso al cuarto.
Esto, de acuerdo con una propuesta de dictamen respaldada por Morena, PES y PT que Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ajustó sin el consenso de las demás bancadas y distribuyó ayer entre los demás integrantes del órgano legislativo.
El proyecto de dictamen original, presentado el 27 de septiembre y que se había acordado someter a votación mañana, en sesión convocada a las 17:00 horas, establecía que la petición para remover al Presidente debería hacerse a la mitad de su mandato.
Entre otros cambios relevantes de la propuesta está eliminar la prohibición, que hoy establece la Constitución, para someter a referéndum los temas electorales.
BAJAN REQUISITO PARA LA CONSULTA ELECTORAL
En septiembre próximo, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no tendrá ni un año al frente del Ejecutivo Federal, sin embargo, el Grupo Parlamentario de Morena estableció ese momento para que el Congreso de la Unión, los ciudadanos o el propio mandatario puedan solicitar la revocación de mandato, de acuerdo con la propuesta de dictamen de la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato que se votará el próximo lunes 26 de noviembre.
Este proyecto enviado por la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Miroslava Carrillo (Morena), sustituyó al dictamen avalado por los diputados que integran el órgano legislativo, pero no cuenta con el consenso de los diputados de todas las bancadas, ya que además de adelantar los plazos para la revocación de mandato, presenta otros cambios relevantes, pues además elimina la prohibición para someter a referéndum los temas electorales y se intenta incidir en la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá interpretar las disposiciones constitucionales en la materia, conforme a lo que resulte más favorable al derecho ciudadano”, agrega la reforma al artículo 35 constitucional.
Además, se reduce del 3 al 1.5% el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que se requiere para poder solicitar la revocación de mandato y apunta que será vinculante por mayoría absoluta de los votos depositados en las urnas, siempre que concurra a votar al menos el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores.
Se adicionó a la iniciativa inicial que será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien emita la declaración de validez del proceso de revocación del mandato y su resultado final y, cuando éste sea revocatorio, el Presidente cesará en sus funciones al día siguiente y se aplicará el artículo 84 de esta Constitución.
Es decir, “en caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo y se convocará a elección”.
Además, la propuesta faculta al Congreso de la Unión y da un plazo de 180 días una vez promulgada la reforma, para que expida una Ley en materia de revocación de mandato en la cual se establezcan los motivos de nulidad del proceso, se garanticen los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y se definan las distintas etapas del proceso de revocación del mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos.
La nueva propuesta de Morena, adicionalmente abriría las puertas para que los Congresos estatales puedan incluir en sus constituciones el proceso de revocación del mandato del gobernador.
El proceso de revocación del mandato del gobernador del estado es de carácter democrático y tiene por objeto que la ciudadanía decida sobre la permanencia del mandatario en su cargo. Se llevará a cabo durante el tercer año del periodo para el cual fue elegido. Durante un periodo constitucional de gobierno sólo podrá realizarse un proceso de revocación del mandato. La legislación electoral de la entidad establecerá los procedimientos, de conformidad con la presente Constitución”, detalla la propuesta.
La eliminación de estos organismos significaría una suma a las arcas de la federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos que planean otorgarse al Fondo de Pensiones del Bienestar.
CDMX.- Entre confrontaciones verbales, carteles, videos y audios, senadores de Morena y oposición discutieron reforma constitucional denominada “simplificación orgánica”, la cual fue aprobada en lo general y particular por mayoría calificada y con ello desaparecen siete organismos autónomos y reguladores, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Además del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Ahora, el dictamen pasará a las legislaturas locales para su análisis y eventual aprobación. Se requiere el aval de 17 congresos estatales para que sea turnado el Ejecutivo y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con la eliminación de estos organismos se prevé sumar a las arcas de la federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos, que serían destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar.
Durante cinco horas, Morena y aliados argumentaron que se busca evitar la duplicidad de funciones y desvío de recursos. Mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que será un retroceso.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina expuso que el gobierno humanista ha alcanzado la madurez institucional y ha demostrado que esta listo para reasumir las funciones que fueron delegadas a organismos autónomos, “garantizando transparencia, honestidad, eficacia y austeridad en el manejo de los recursos”.
Subrayó que reasumir estas funciones “no es un retroceso, sino un acto de responsabilidad histórica que reafirma nuestra capacidad de servir al pueblo directamente, sin intermediarios ni estructuras que diluyan la acción estatal y mucho menos, que vaya en contra de los intereses del pueblo que sirva solo a los intereses de unos cuantos y muchas veces a los intereses de los extranjeros”.
Aseguró que este dictamen “es el recordatorio de que debe el poder debe estar al servicio del pueblo y no al servicio de eso privilegios”.
Posteriormente, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza subrayó que, “en modo alguno, se transgreden los compromisos internacionales de México, no, en todo momento se garantiza la libre competencia y concurrencia de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión asegurando que no se afecten las reglas del mercado ni los principios de competencia económica”.
Expuso que esta reforma propone que el Ejecutivo federal a través de las autoridades correspondientes regule de manera asimétrica a los actores de estos mercados para eliminar barreras a la competencia lo que redundará en un beneficio para los consumidores y mayor transparencia”.
Sobre la reestructuración de los entes públicos que establece que las estructuras orgánicas deberán ajustarse a los principios de racionalidad y austeridad republicana, “esto no solo contribuirá a una administración más eficiente, sino que permitirá que los recursos se destinen de manera más efectivas a áreas prioritarias, como educación, salud y la infraestructura”.
Afirmó que ésta es una medida necesaria para modernizar la administración pública, garantizar el buen uso de los recursos públicos y fortalece las políticas de bienestar social, “y avanzar en un gobierno más austeros, transparente y comprometido con el bienestar de los mexicanos”.
Así aprobaron la extinción de siete organismos autónomos en el Senado El senador priista Manlio Fabio Beltrones recordó que la creación de estos organismos tuvo una razón de ser, revisar los actos del Estado ejercidos por los gobiernos para que la ciudadanía tuviera una participación directa en los mismos y en la revisión de su aplicación y en los recursos que se emplearon.
Con la constitución de estos organismos, dijo, se buscó evitar el control unilateral y unipersonal sobre temas que atentaban los derechos de la sociedad.
Aseguró que con esta extinción “estamos suprimiendo también los derechos ciudadanos y la vida democrática”.
“Estoy seguro de que ninguna república que se diga de vanguardia va a dejar de tener en su diseño de estado este órgano constitucional que hoy estamos lastimando. Hoy, lo que estamos escenificando aquí es el revivir al “ogro filantrópico de 1990 y del que nos habíamos alejándotelas cuando podíamos hacer acuerdos todos los responsables de vigilar al Estado mexicano”. La emecista Amalia García, otra de las políticas que luchó por la construcción de organismos autónomos, expresó:
“El INAI puede tener todos los defectos que quieran, pero lo que no puede ser es que desaparezca un órgano autónomo que nos costó tantas luchas y tanto esfuerzo a tantos mexicanos para crear un estado democrático. No puede ser. Yo me siento agraviada y triste, me resulta inconcebible, no puedo ni dormir de la tristeza, porque nos costó mucho”. La senadora del PRI, Carolina Viggiano rechazó la extinción de órganos autónomos y mostró videos de Ricardo Monreal, Alejando Encinas, Zoé Robledo, Luis Armando Melgar y Luisa María Alcalde celebrando la existencia de la transparencia, “desafortunadamente hoy lo van a eliminar, porque ya están en el poder y no quieren ser cuestionados”.
La morenista Martha Lucía Mícher cuestionó que el consejo del INAI aprobara preguntas absurdas sobre el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como “cuánto papel del baño usaba, cuántas botellas de agua tomaba al día y cuánto presupuesto se utilizaba para comprar ropa interior o que marca era el abrigo y costo que utilizó en Sonora”.
En contraste, mencionó que información sobre los viajes del Instituto de Transparencia no se respondió. El coordinador de MC, Clemente Castañeda afirmó que los ciudadanos pueden preguntar lo que quieran.
La senadora de Morena, Verónica Camino subió a tribuna con una mampara para explicar los excesos de los órganos autónomos, “los legisladores de la cuarta transformación estamos decidiendo regresar esas atribuciones y facultades al poder Ejecutivo. Todas las cosas evolucionan, respondemos a los momentos, a los retos que nos exige cada etapa de la historia del país”.
El senador del PAN, Marko Cortés adelantó el voto en contra de su bancada, “es un grave retroceso democrático, porque es un grave retroceso institucional. El fundador de nuestro partido, Manuel Gómez Morín creía en las instituciones, y creía en la separación del poder. Lo que están haciendo régimen morenista, es concentrar el poder y no solamente en transparencia”.
La senadora priista Claudia Anaya dijo que 0.05 pesos de cada cien es lo que se gasta en los organismos, “las instituciones cuestan, porque son las garantes de los derechos. Este Senado de la República cuesta, ciérrenlo, si esa es la solución, acábenlo”.
Y la panista Mayuli Martínez dijo que a Morena no le gusta la transparencia, “porque les toca a ustedes” y mostró un audio de supuesta corrupción en Quintana Roo… “ahí está, vamos a darle la mochadita total, ya cuando se descarrile el tren, ya será otro pedo”.
La reforma a los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución plantea la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyas atribuciones serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública; mientras que las funciones en materia de medición de la pobreza y de los programas sociales que realiza el Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval), serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En materia de Acceso a la Información y Datos Personales, quedarán bajo la responsabilidad de los sujetos obligados y no del INAI, por lo que sus funciones se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, a los Órganos de control de los Organismos Autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.
El dictamen señala que, en materia energética y de competencia económica, en lo referente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sus funciones serán ejercidas por las Secretarías de Estado correspondientes.
Se avaló la creación de un órgano desconcentrado, que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para impedir que México enfrente sanciones económicas en el marco del T-MEC.
Tendrá independencia técnica y operativa, además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependerá directamente del gobierno.
