EN LA OPINIÓN DE:
La PGR y su actuación en el delito de Plagio

Por Hugo Alday Nieto
Durante varias semanas hemos sido testigos del proceso de Plagio que se sigue en contra de Gregorio Sanchez, presidente de lo que queda el PES en Quintana Roo, ex candidato a legislador, y ex presidente municipal de Benito Juárez. El proceso en comento, además de dividirse en varias etapas, como lo fue la conciliatoria en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que fuera desdeñada por el ahora probable responsable, continuó con acciones administrativas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y acciones penales estatales y federales.
Derivado de las amenazas surgidas de ello, el gobierno Federal tomó la decisión de proteger al autor original de la obra brindándole todos los mecanismos de seguridad, incluyendo la vigilancia y un botón de pánico, para protegerlo de las acciones que pueda perpetrar el probable responsable en su contra. En este sentido, el Codigo Penal Federal establece diversos delitos en materia de derechos de autor; específicamente en el artículo 427, precisa que se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 300 a 3000 mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre, tal como se acredita en el caso concreto.
Cabe destacar que derivado del criterio de Tribunales Federales que señalan que: “DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR. EL ELEMENTO NORMATIVO “PUBLICACIÓN” DEL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 427 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SE ACTUALIZA CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE LA CAUSA A UNA PLURALIDAD DE PERSONAS, difundido en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Tesis Aislada, Tesis XXVII.3o.65 P (10a.), Registro 2017223, junio de 2018, se indica que la “publicación” es el elemento principal para acreditar este delito de derechos de autor.
En este orden de ideas, acorde al criterio de junio de 2018, en la presente investigación existe la publicación de la obra, incluso con diversas invitaciones a su presentación pública y la comercialización de ejemplares en las principales librerías del país, así como la puesta a disposición en línea para su supuesta campaña política con el PES, con lo que se configura el supuesto de publicación establecido por los Tribunales Federales.
Sin duda la Ley es para cumplirse, y el criterio antes mencionado es claro para que la Procuraduría General de República, haga bien su trabajo. Así que estaremos atento de las determinaciones que esta Representación Social realice. *Abogado, maestro en Derecho empresarial por la U. Del Mayab. Maestro en Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho de la Competencia por la U. De Alicante, España. Experto en Arbitraje de Marcas y Nombres de Dominio por la OMPI, en Ginebra, Suiza.

EN LA OPINIÓN DE:
LA ELECCIÓN JUDICIAL, MÁS SOMBRAS QUE LUCES

El Minotauro
Por Nicolás Durán de la Sierra
A pocos días de la jornada para renovar parte del poder judicial de la nación, por desgracia nada hace suponer que sus previsiones de éxito hayan aumentado. En el Estado, con sólo la mitad de las casillas usuales y estas con nueva ubicación, los cálculos de aforo no van más allá del 10% del padrón, según las propias autoridades electorales, y eso siendo optimistas.
Por qué el gobierno federal, auspiciador de la jornada, al calor de estos números rojos en todo el país ¿insiste en su realización? Porque no tiene otra opción: peor sería no llevarla a cabo y no sólo por su costo: unos 13 mil millones de pesos, sino también porque le daría margen de maniobra a los actuales jueces, a los que se quiere sacar por corruptos, dicho de manera simplista.
Hay quienes censuran y con razón el proceso en puerta; van con sus fines, que es obvia la urgencia por renovar tan turbio poder, pero no con cómo se da la renovación, pues ha prendido alertas en todo el país no sólo por la calidad de los posibles ganadores de la ridícula tómbola, sino porque muchos de ellos son tan o más corruptos que los que se van. ¿Y si quedamos peor que ahora?
La calidad de los candidatos de los poderes ejecutivo y legislativo, sobre todo por el último, dejan ver el pelaje de sus elegidos: los hay hasta con nexos con el narco. Si bien los poderes estatales van de comparsa, parte son del montaje y, claro, aseguran su plato en el raro festín, con lo que el panorama se complica aún más. No van los más aptos, sino los que mejor padrino tienen.
En lo que llegan unos y se acaban de ir los que se van, hay la posibilidad de aire limpio en este renovado poder, aunque renovado y mejorado no significan lo mismo. No obstante, algunos con valía habrán de llegar, así sea tan sólo por posibilidad aritmética. Es lo deseable, pues si no el proceso sería una gran jugada de gatopardismo: es decir, que todo cambie para que todo quede igual.
EN LA OPINIÓN DE:
Ridiculez, estupidez e insensatez de legisladores federales

Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
La confusión en la que viven algunos políticos(as) raya en la ridiculez, la estupidez y la insensatez.
Explico, la ridiculez porque olvidan la función para la que el pueblo bueno y sabio los eligió, para gobernar un país, un estado o un municipio; para legislar por la República o por el Estado; así como para la impartición de justicia en algunos casos.
Ya es muy común ver a quienes deberían hacer leyes para proporcionar las herramientas necesarias para una convivencia social en orden, en todos los sentidos, levantar basuritas en las playas o en los parques urbanos; unos más acariciando perros o mascotas de su preferencia; algunos llegan al extremo de repartir despensas y uno que otro enseres domésticos, todo con el fin de tomarse la foto y publicarla en su red social, con la consigna de que sus seguidores le den un “like” o comenten que están “haciendo algo” por el medio ambiente.
Hay que poner las cosas en su respectiva perspectiva. Porque el Poder Legislativo tiene la responsabilidad principal de legislar, es decir, crear, modificar y derogar leyes. Además, tiene la obligación de representar a la ciudadanía, controlar al Poder Ejecutivo y participar en la designación de funcionarios del Poder Judicial. También son responsables de aprobar la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos, y de vigilar que los recursos públicos sean aplicados correctamente.
La estupidez, porque parece que olvidan que, entre las principales características del Poder Legislativo, se encuentran la representación de la ciudadanía, compuesta por sectores y que tienen problemas específicos; ellas y ellos representan diferentes intereses y perspectivas.
Pero al parecer, los legisladores que representan a Quintana Roo en la Cámara Alta y en la Baja de la República, no le entran al debate público, no es su fuerte, quizá porque carecen del conocimiento pleno de los asuntos que se tratan en esos espacios. Los proyectos de ley pasan por un proceso de análisis y discusión en sesiones abiertas al público, en las que los representantes debaten los beneficios, los problemas y las posibles mejoras de las propuestas, hasta ahora no he visto a un legislador quintanarroense aportar algo importante en dichas discusiones.
Lamentablemente, en esta geopolítica nacional, no hay autonomía e independencia del Poder Legislativo, pues no cumplen su misión de un equilibrio y una distribución del poder que refuerza el sistema democrático del Estado.
La insensatez, porque nuestros legisladores federales han olvidado a su respectivo distrito, a las comunidades de Quintana Roo, a la gente y organizaciones que creyeron en ellos. No visitan su distrito, no informan de las actividades que realizan por el bien del pueblo; menos comparten los beneficios de su abultada dieta, ya el servicio no es “por amor al pueblo”, sino por amor al presupuesto, como si algunos necesitasen el dinero producto de nuestros impuestos.
Pero también hay funcionarios, de esos llamados de “primer nivel”, quienes buscan a toda costa los reflectores y aplaudidores para decir que cumplen con su misión, cuando la realidad en el municipio, estado o país, son diferentes. De esos hablaremos en otra ocasión, porque ellos son maquilladores de acciones gubernamentales con el fin de llegarse algunos miles de simpatizantes. Al tiempo…
SASCAB
Cada vez son más personas las que exigen justicia en los eventos gubernamentales, ayer en la audiencia pública llevada a cabo en Cancún, una mujer que dijo ser extranjera fisioterapeuta, llegó para denunciar que la Fiscalía General del Estado, no ha querido resolver el caso de violación de su hijo.
La angustiada madre asegura que la dependencia no ha realizado las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Ante el intento de calmarla, funcionarios del Gobierno del Estado le pedían que “se concentre y se relaje, porque estás muy alterada”; solo pregunto, ¿qué padre o madre no estaría alterado al saber que su hijo(a) fue víctima de agresión sexual? La respuesta es más que obvia.
Si la paz es producto de la justicia, quiere decir que nos falta mucho para pacificar este Estado. Ahí se las dejo…
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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