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Presos contarán con tarjeta de débito para adquirir productos básicos

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CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE JUNIO.- En 10 días entrará en operación en los 20 Centros Federales de Readaptación Social del país, una tarjeta de débito para que los internos puedan adquirir productos básicos con precios similares a los de centros comerciales, y de esa manera las autoridades mantendrán la gobernabilidad dentro de estas instalaciones, pues ya no se manejaría dinero en efectivo.

Rogelio Cerda Pérez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y Rogelio Miguel Figueroa Velázquez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, informaron lo anterior y expusieron que con esta acción se verán beneficiados cerca de 19 mil internos.

Durante la ceremonia de la firma de convenio “Profeco-Prevención y Readaptación Social-CNDH”, que se llevó a cabo en el salón “Salvador Pliego Montes, expusieron que esa medida es plausible, al eliminar los grupos de poder que se dan al interior de estas instalaciones y que abusan de los internos.

Los derechos humanos y las personas internas en un Cefereso “no están reñidos con la privación de la libertad”, indicaron, por lo que el consumo que se da en esas instalaciones debe ser en el marco de la ley y garantizar este derecho, pues es una parte importante para su reinserción dentro de la sociedad.

El respeto de la dignidad y sus prerrogativas está enmarcado en la Constitución y este sistema que entrará en vigor dentro de 10 días busca garantizar el respeto a los derechos humanos, plantearon al destacar que con ello se busca mantener la gobernabilidad de los Ceferesos e impedir que grupos de poder controlen el consumo de productos básicos.

Establecieron que la reinserción social debe ir acompañada de la prevención del delito y por eso es importante que se respete el precio de los artículos que necesitan los internos, lo cual será a través de una tarjeta de débito, para lo cual un familiar podrá depositarles hasta dos mil 100 pesos.

Explicaron que “sólo el recluso podrá utilizar este mecanismo y ya no se podrán hacer transacciones en efectivo”, y que la instrumentación de este sistema se debió a una denuncia que presentó un interno donde señalaba los precios de los productos que se vendían en los reclusorios, lo que llevó a la Profeco y autoridades a investigar el problema y tomar medidas preventivas.

A su vez, Ruth Villanueva Castillejo, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, planteó que los internos perdieron su derecho a la libertad por haber cometido un ilícito, pero no la dignidad y por eso sus demás derechos siguen vigentes y se les debe respetar

Fuente Vanguradia

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Maribel Villegas en favor de mejorar la impartición de justicia en Q. Roo

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CDMX.- La apuesta por la reivindicación de la seguridad pública de nuestro país avanza, y desde la Cámara de Diputados consolidamos la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, indicó la Diputada Federal, Marybel Villegas Canché al informar que al aprobarse, uno de los puntos medulares de la reforma Constitucional al artículo 21, es el de facultar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a abrir carpetas de investigación de delitos que hasta la fecha solo lo podía realizar la Fiscalía General de la República (FGR).

Con esta reforma, indicó la Diputada, “desde la Cámara de Diputados estamos sentando las bases para renovar y fortalecer la estrategia de la SSC para que sea ésta, un agente que articule las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad”.

Y es que, refirió que con la reforma al artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública, se fortalece la estrategia de seguridad pública y de protección a la población que impulsa la 4T, destacando que, a partir de ésta la investigación de los delitos correrá a cargo de los Ministerios Públicos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus elementos y la Guardia Nacional.

Se permitirá así que la investigación de los delitos se base en inteligencia, información estratégica, análisis de datos; fortaleciendo el proceso de investigación de hechos presuntamente constitutivos de delito, y además se incorporan los productos de inteligencia a la función investigadora y se aprovecharán los avances tecnológicos tanto en la recopilación como en el análisis de datos e información para generar inteligencia.

“Con esto, fortalecemos la coordinación interinstitucional para hacer más eficiente el combate a la delincuencia, integramos la Secretaría en la investigación de los delitos, dotándola de la capacidad para generar investigaciones que le permitan coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, actuando bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal”

Con esta reforma, resaltó Marybel Villegas, se establece además que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo.

Desde luego, precisó la legisladora, esta reforma tendrá repercusiones en las entidades federativas como Quintana Roo, al generarse políticas públicas en materia de información estratégica e inteligencia que puedan aplicarse a la seguridad pública.

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Hackean archivos de la Consejería Jurídica de la Presidencia en México

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El grupo de ciberdelincuentes RansomHub liberó 206 gigabytes de información confidencial tras un ataque dirigido a la Consejería Jurídica de la Presidencia, en lo que se trata de la primera filtración de información del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La intrusión fue confirmada por RansomHub en su sitio de filtraciones en la dark web, donde, desde el 15 de noviembre, se había iniciado una cuenta regresiva para la liberación de los datos.

A las 6 de la mañana de este lunes 25 de noviembre, el grupo cumplió su amenaza, con la publicación de un enlace que dirige a los archivos comprometidos. Si bien RansomHub asegura haber obtenido 313 gigabytes de información, hasta ahora se han liberado 206 gigabytes.

Entre los documentos filtrados se encuentran listados de servidores públicos con datos personales como RFC y contratos gubernamentales sin censura de datos sensibles.

El Economista intentó entrar en contacto con la Consejería Jurídica de la Presidencia para realizar una consulta a propósito de este incidente sin que hasta el momento haya respuesta alguna.

¿Qué es RansomHub?
RansomHub es un grupo de ransomware relativamente nuevo, pero prolífico. Surgió en febrero de 2024 y desde entonces ha atacado al menos a 210 víctimas, según un informe de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) de Estados Unidos.

Este grupo opera bajo un modelo de ransomware como servicio (RaaS), en el que afilia a otros ciberdelincuentes a cambio de una comisión. El colectivo utiliza un modelo de doble extorsión: además de cifrar los sistemas de las víctimas, roba datos sensibles y amenaza con publicarlos si no se paga un rescate.

Aunque la mayoría de las víctimas de RansomHub se encuentran en Estados Unidos, el grupo también ha atacado objetivos en América Latina, como el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) en México.

Este incidente marca el primer ataque significativo contra la administración de Claudia Sheinbaum, después de que varias dependencias mexicanas sufrieran ciberataques y filtraciones de información durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pemex, la Lotería Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) están entre las entidades del gobierno federal que sufrieron este tipo de ataque en años recientes. Además, el hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del colectivo Guacamaya en 2022 expuso 7 terabytes de información.

Error de administración
El director general de la firma mexicana de ciberseguridad Seekurity, Hiram Camarillo, explicó que estos ataques suelen tener un largo periodo de ejecución.

“No quiere decir que haya sucedido en este mes, probablemente sucedió en meses anteriores. Estas personas debieron haber infectado a alguien dentro de la institución, atacado algún sistema, ingresado a la red y recorrido toda la información”, dijo.

Camarillo estimó que “por lo menos debieron haber tomado de una a dos semanas para ingresar y extraer toda la información” y añadió que este tipo de hackeos no necesariamente está relacionado con el cambio de administración.

“Sinceramente, yo no creo que sea por el cambio de gobierno. Esto apunta más a una falta de administración de los sistemas que tiene esta entidad”, dijo y advirtió que el ataque probablemente involucró “correos de phishing, credenciales filtradas en internet o vulnerabilidades no parchadas” para lograr acceder a los sistemas gubernamentales.

Fuente: El FInanciero

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