Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias

Ante los rumores de una posible imposición del diputado federal Enrique Vázquez Navarro en la candidatura a presidente municipal de Tulum en el 2027, considero es necesario recordar lo que dice la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y la Ley Electoral, referente a los requisitos para ser presidente municipal.
En el Artículo 10, reformado en junio del 2024, de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo dice: Para ser integrante de un Ayuntamiento se requiere: I.- Contar con la ciudadanía mexicana y quintanarroense, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del proceso electoral; o sea que quien quiera ser candidato debe estar en el Padrón Electoral de Tulum con fecha mínima del 2022.
La historia de imponer a un candidato que no radica en el Municipio por el que se postula, no es nueva, solo basta recordar lo que sucedió en abril del 2018, cómo la coalición “Por Quintana Roo al Frente” formada en ese entonces por el Partido Acción Nacional (PAN), el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), quiso imponer en Benito Juárez (Cancún) a José Luis Toledo Medina como candidato a la presidencia municipal.
Pero fueron los militantes del propio PRD quienes impugnaron esa candidatura de José Luis Toledo Medina, pues su credencial de elector había sacado unos días antes de su registro, porque su residencia oficial siempre fue en Play del Carmen; los inconformes demostraron que “Chanito” Toledo no cumple con el requisito de tener cinco años de residencia mínima en el lugar de dónde se pretende ser candidato a la presidencia municipal, de acuerdo con lo que señala la ley electoral.
En Tulum no solo el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuenta con candidatos residentes, nativos y con probada solvencia moral entre la población; sino que el Municipio tiene figuras políticas como el presidente de la Asociación de Hoteles, David Ortiz Mena Blanco Garrido; los expresidentes municipales Romualda Dzul Caamal, Víctor Mas Tah, Edith Mendoza Pino y Martín Cobos Villalobos; las diputadas Silvia Dzul Sánchez o Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis; así como Jorge Alberto Portilla Mánica; entre otras figuras que conocen muy bien la problemática social de la demarcación.
Otro caso donde no hay respeto por la ley de los políticos, es que la mayoría de los que aspiran a una candidatura para el 2027 violan la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, específicamente la facción dos del artículo 3; “Actos anticipados de precampaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”.
Llamo aquí a la reflexión, si un aspirante no respeta la ley y quiere llegar a un cargo de elección popular mediante argucias y lagunas legales, ¡imagínese lo que hará cuando llegue! Si no respeta los tiempos de precampaña, ¿cree que respetará a los gobernados? Y aunque suene muy traillada la frase “quien paga para llegar, llega para robar”, parece que esa se volvió una máxima en la nueva generación de políticos quintanarroenses. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, algo digno de destacar es el reconocimiento que le hizo la Universidad Tecnológica de Tulum (UTT) al expresidente Marciano Dzul Caamal (qepd), cuya visión y esfuerzo hicieron posible que esta universidad fuera una realidad.
Al menos, así lo informó su hija Silvia, quien posteó en sus redes “también acompañé la firma del convenio con el Ejido Tulum, un acuerdo que abrirá oportunidades para las y los hijos de ejidatarios y fortalecerá la educación en nuestra región. Seguiré trabajando para que ese legado se convierta en más puertas abiertas para nuestra juventud”. Al tiempo…

“EN LA OPINIÓN DE”
Dr. Hugo Alday Nieto

Hace unos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente se convirtió de nuevo en la nota internacional, en materia jurídica, claro está, sino que, además, pasó por encima de todo el marco jurídico mexicano, pisoteando las facultades constitucionales del Poder Legislativo.
Ya que, votando un Acuerdo en el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, con una mayoría de 5 votos, la nueva Corte determinó que, los juicios que a su criterio hubiesen sido resueltos a través del aprovechamiento de la Ley o de algún fraude procesal, serían resueltos nuevamente por esa Corte, es decir, tiraron de golpe y plumazo el principio constitucional de certeza jurídica del que llevamos escribiendo ya dos semanas.
Una situación lamentable, ya que después de estar leyendo a Michael Foucault en estos días, me quedé con una interesantísima descripción que hace de la Ley y que viene a modo para compartirla en este texto: “La ley no nace de la naturaleza, junto a los manantiales que frecuentan los primeros pastores; la ley nace de las batallas reales, de las victorias, las masacres, las conquistas que tienen su fecha y sus héroes de horror; la ley nace de las ciudades incendiadas, de las tierras devastadas; surge con los famosos inocentes que agonizan mientras nace el día.” De allí que, el principio de certeza jurídica que se encuentra en la figura de la cosa juzgada y que costó tantas batallas no debiera ser desaparecido a propuesta de una ministra con doctorado en derecho de dudoso REVOE, ya que, tan solo de su preparación formal podemos deducir que la conceptualización de derecho que esboza siempre tendrá alguna deficiencia.
Pues en efecto, la ministra Lenia Batres ante el asombro de los abogados de mundo mundial, dijo en el Pleno de la Corte que: “No debe privilegiarse una aplicación rígida del principio de cosa juzgada, que convalida o convalide actos fraudulentos, pues ello vulnera la seguridad jurídica, por el contrario, tendría que asegurarse la existencia de una instancia que permite revisar controversias originadas en fraude procesal”.
Sin embargo, desde Facebook® en la mañanera, la presidenta de México expresamente se opuso a esa terrible determinación tomada por acuerdo mayoritario de la nueva Corte, señalado que: “lo que ya fue juzgado fue juzgado” e invitó a los ministros prácticamente a dejar de meterse en temas esotéricos y ponerse a resolver el rezago existente. Y más claro no pudo ser el mensaje de la presidenta de México cuando les lanzó una frase mortal “los jueces no legislan”.
Sin duda, aplaudí con fuerza a la presidenta en ese momento porque sentí que mis pasados artículos sobre el debate de Hart y Dworkin, del conflicto entre el Juez Herbert y el Juez Hércules, no habían sido en vano, porque esa última frase de que los jueces no legislan, ha sido mi constante reclamo a esta nueva Corte.
Lo lamentable de todo esto, es que la Constitución Política, además de que no establece ninguna facultad para el Poder Judicial, a efecto de que pueda asignarse estas atribuciones, tampoco le confiere al Ejecutivo Federal, la posibilidad de darle marcha atrás a un Acuerdo del Pleno del más alto Tribunal de la Nación, y, por lo tanto, dicho Acuerdo por absurdo que sea, sigue siendo OBLIGATORIO para los ministros presentes y futuros de la Suprema Corte.
Sin duda un tema para desmenuzarlo con calma porque violenta absolutamente todo el estado de derecho, y hoy se abre la oportunidad para el debate desde la doctrina haciendo un ejercicio de la “Parrhesia”, que segín Foucault, es la apertura que hace que uno diga lo que tiene que decir, lo que tiene ganas de decir, lo que considera un deber decir, porque es necesario, porque es útil, porque es verdad.
De no ser así, el Acuerdo inconstitucional seguiría vigente hasta que los mismos que lo votaron lo desechen, en una Suprema Corte donde los acuerdos que se toman, como diría Joaquín Sabina, son como las cosas que no tienen mucho sentido.