CHETUMAL, 24 DE ENERO.- En atención a la última publicación en medios de comunicación, la Fiscalía General del Estado desea hacer de conocimiento público y precisar en los hechos ocurridos con la detención de Nahum Alcocer Rodríguez.

Los hechos derivan de un proceso penal del año 2000, en el cual el Juez de primera instancia de este distrito judicial con sede en Chetumal, dictó sentencia condenatoria en contra de Nahum Alcocer Rodríguez y Eduardo Sánchez Aguilar por el delito de fraude procesal, misma que fue apelada por los indiciados y donde la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia resolvió confirmar la sentencia condenatoria, en donde se impuso la pena de 2 años y 9 meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño material por la cantidad de 50 mil pesos y por la cantidad de 769, 233 mil pesos por concepto de perjuicios. Es el caso que en Octubre de 2015, para efecto del cumplimiento de la sentencia dictada por la sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se giró orden de reaprehensión contra los sentenciados.

Cabe señalar que la pena que se dictó es conmutable, por lo que los sentenciados pueden acceder a ese beneficio y tras pagar lo que el juez determine podrían obtener su libertad nuevamente.

Ahora bien el cumplimiento del mandamiento judicial, consistente en la orden de reaprehensión ya referida, aconteció el día 23 de Enero del año en curso, suscitándose sobre la calle Lázaro Cárdenas entre la calle Emiliano Zapata y José María Morelos de la colonia centro, a lado de un vehículo gris, cuando se encontraba en vía publica el ciudadano Alcocer Rodríguez; así que los de la policía ministerial se acercaron a él y lo saludaron de mano en primera instancia para enseguida mostrarle sus credenciales y así mismo se le hizo la notificación  proporcionándole una copia de la orden de reaprehensión dictada en su contra por el delito de fraude procesal.

Al intentar darse a la fuga empujó a un agente ministerial y mientras los acompañantes intentaron calmar al ciudadano mencionándole que sólo era procedimiento y que podía pagar la conmutación de la pena para obtener su libertad, el individuo empezó la agresión física y verbal en contra de uno de los elementos que lo tenía sujetado por el brazo izquierdo. Cabe resaltar que desde el primer momento se le solicitó su cooperación, pero el individuo se negó, por lo que apegándose al art. 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales y para proteger la integridad de los elementos así como del propio ciudadano se procedió a esposarlo. Al estar ejecutando lo anterior, personas ajenas a la diligencia entre ellas femeninas trataron de impedir el cumplimiento de la orden de reaprehensión, agrediendo verbal y físicamente a los elementos, esto dio origen a solicitar apoyo de otras unidades de la policía ministerial y que arribaron al lugar para intervenir con las terceras personas para así poder llevar a cabo la ejecución de la orden judicial.

Se realizó el traslado a las instalaciones de la Fiscalía para su certificación médica y donde únicamente se hizo constar la presencia de una escoriación de medio centímetro en la muñeca derecha y un enrojecimiento en la muñeca izquierda de aproximadamente dos centímetros de longitud y un centímetro de ancho, sin presentar otra lesión en el resto del cuerpo.

Una vez hecho lo anterior se derivó a su traslado al Centro de Reinserción Social para su ingreso y se procedió a ser puesto a disposición del juez de ejecución de penas para que se lleve a cabo la audiencia en la que se definirá si compurgará la pena de prisión impuesta o será conmutada por una cantidad determinada por el mismo juez para poder recobrar su libertad.