CANCÚN, 16 DE JULIO.- En conferencia, José Cuauhtémoc Bizarro Galván, líder de la Asociación de Transportistas Turísticos Federales, adherida a la asociación civil  Movimiento TOUR (Transportistas Organizados Unidos de la Riviera), que moviliza a 80 por ciento del turismo terrestre que llega a Quintana Roo, acusó a la XV Legislatura de intentar sobrerregular al sector.

Cabe destacar que previamente Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, anunció una “lluvia de amparos” contra la Ley de Movilidad, al considerar que la nueva legislación  pretende sobrerregular al transporte federal turístico, violentando el pacto federal, lo que conllevaría a un acto de inconstitucionalidad porque el estado invadiría esferas de competencia de la Federación.

“La Ley de Movilidad atropella nuestros derechos constitucionales y afecta a nuestro gremio porque ya estamos regulados por las autoridades federales. Ahora, el Congreso estatal modifica el artículo 125 e intenta sobrerregularnos por medio del Instituto de Movilidad, creando un panorama injusto, desalentador, económicamente desleal e inequitativo.”

El líder transportista detalló que el eslogan de la Ley de Movilidad, “un piso parejo para todo el transporte en el estado”, resultó una farsa, ya que el gobierno del estado nos intenta someter a más regulaciones, mientras que los señores taxistas seguirán en su zona de confort gracias a la nueva normativa.

Recordó que participaron en las mesas de diálogo convocadas por el gobierno estatal, las que calificó de simulación porque el pasado 10 de julio, el diputado plurinominal panista Jesús Alberto Zetina Tejero, sin contar con los elementos suficientes, sin fundamentos legales, sin conocimiento y sin escuchar a los transportistas, tomó la tribuna.

“Y solicito la modificación del artículo 125, votado a favor por todos sus compañeros del Congreso –con excepción de dos diputadas del Verde Ecologista–, con lo que se favoreció a los taxistas. El análisis, investigación, debate y votación sólo les llevó cuatro minutos a los diputados; es decir, nunca pasó a comisión. En pocas palabras, defraudaron al pueblo y a los transportistas federales cínicamente.”

Bizarro Galván sentenció que en 240 segundos el legislador plurinominal –“ni siquiera fue electo”– comprometió el bienestar de 25 mil familias que dependen de la Asociación de Transportistas Turísticos Federales, que moviliza en el Caribe mexicano a ocho de cada 10 turistas que viaja por carretera a los balnearios, parques y zonas arqueológicas de la región.

Explicó que las modificaciones al artículo 125 “prevén otro permiso para poder dar el servicio, lo que invade atribuciones federales, es violatorio a la Carta Magna y fomenta la sobrerregulación impactando además los costos de operación.

“Independientemente del tema Uber y las plataformas digitales de transporte, la modificación al artículo afecta también al de carga y pasaje, situación que generará alzas en los diferentes servicios, afectando la economía de miles de familias.”

Y remarcó que el transporte federal es permisionario y no concesionario, al detallar que sus permisos para transitar por la entidad dependen del gobierno federal, impacto que no fue valorado por el Congreso estatal.

“Por ello exigimos ser escuchados para dialogar sobre el tema y aclarar las dudas de los legisladores, ya que todo parece indicar que desconocen la ley. Esperamos una respuesta favorable de los legisladores”, y adelantó que, a diferencia de los taxistas, no presionarán con bloquear carreteras, sino con la ley en la mano, lo que supone recurrir al amparo para hacer valer sus derechos.

Carlos Águila Arreola