Hay que decir que en las agendas de Andrés Manuel López Obrador y de Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, hay similitudes que significan ventaja para la entidad, en cuanto a que los proyectos para el desarrollo social, lucha contra la desigualdad y desarrollo empresarial, entre otras, son coincidentes. Aunque indudablemente el virtual presidente electo tendrá, prácticamente, el camino libre para poder aterrizar su proyecto de nación; en cambio, el mandatario estatal, tiene en contra hasta a los delegados federales.

AMLO, por su parte, cuenta, entre otros puntos a favor con un Congreso de la Unión afín a sus ideas, lo que significa menos trabas y mayor facilidad para corregir el camino andado, esto es para revisar y reformar leyes que, para el presidente electo, nunca debieron de existir.

Pero claro que será difícil llevar a la práctica todo lo que en campaña ofreció López Obrador, empezando porque, a menos que modifique la Ley, no podrá disminuir los salarios al 50 por ciento, porque la legislación lo impide; tampoco debe confiar en que con el abatimiento de la corrupción podrá obtener 500 mil millones de pesos anualmente para ser repartidos entre 52 millones de adultos mayores, sin contar a personas con capacidades diferentes y “ninis”. Y es que solamente con los 52 millones de adultos mayores, a quien les ofreció duplicar la pensión para llegar a dos mil 440 pesos mensuales, les tendrá que erogar en total 126 mil 880 millones de pesos mensuales que, multiplicados por 12 meses, suma un billón 522 mil millones de pesos. Es decir más del triple de lo que piensa arrebatar de las manos de la corrupción.

Hay que aclarar que en estas cuentas alegres no entran los millones de personas con capacidades diferentes ni los “ninis”, los que también confían en el ofrecimiento del virtual presidente electo. Además, por comentarios de algunos empresarios, al impedir la corrupción habrá, por consecuencia, una mayor carga tributaria. Esto, de acuerdo a los economistas se reflejará en una mayor evasión fiscal. Esto significa que, si ahora pagan 50 dando un moche de 10 o 15 por ciento a los funcionarios y empleados corruptos, ahora se verán obligados a pagar el 100 por ciento que muchos no tienen y dejarán de pagar.

Aunado a lo anterior ¿Cómo cambiar la mentalidad de millones de burócratas acostumbrados a los moches, dádivas y “regalitos”? Es casi imposible, es cuestión de educación que lleva tiempo. Para hacerlo de la noche a la mañana, como lo ofreció Andrés Manuel, tendría que sustituir tal vez a millones, pero no se puede, son de base y la Ley lo impide. Claro hay excepciones. Hay malos y buenos. Dicen que somos más los buenos, pero ¡Cuánto daño hacen los pocos malos!