CHETUMAL, 26 DE JUNIO.- La Diputación Permanente de la XV Legislatura dio entrada a una iniciativa de reforma constitucional en materia de juicio político, para sancionar a ciertas categorías de servidores públicos de alta jerarquía, con la inhabilitación para aspirar a ocupar y a ejercer algún cargo de elección popular.

En la sesión número 5, presidida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, la Diputación Permanente dio lectura a la iniciativa presentada por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, para derogar los incisos K y M y reformar el párrafo segundo de la fracción I del artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

El objeto de la iniciativa consiste en armonizar el contenido de dicha fracción, en relación con los sujetos y las sanciones derivadas de un juicio político, respecto del sistema de responsabilidades de los servidores que rige en el Estado, así como brindar a la ciudadanía la certeza de que cuando un funcionario que ostente un cargo político, en estricto sentido, incurra en irregularidades en su actuar, sea sancionado políticamente incluyendo la inhabilitación para acceder a cargo de elección popular.

Estas sanciones únicamente se aplicarían a servidores públicos que emanen de un proceso de elección popular o a través de un método de control parlamentario como ser electos y nombrados por el Congreso, excluyendo de responsabilidad política a secretarios, subsecretarios de despacho y directores generales o sus equivalentes, pues estos ya se encuentran sujetos al régimen de responsabilidades previsto en los sistemas nacional y estatal anticorrupción.

En la misma sesión, a la que asistieron los diputados Eduardo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Jesús Zetina Tejero, José Luis González Mendoza, Luis Ernesto Mis Balam y la diputada Gabriela Angulo Sauri; se dio lectura a una iniciativa ciudadana para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la UQROO, presentada por los ciudadanos David Cortés Olivo y Wilberth Augusto Madera Olivares, en términos de la Ley de Participación Ciudadana.

La iniciativa, que fue turnada a las comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Educación, Ciencia y Tecnología, propone eliminar la figura denominada como Junta Directiva y establezca como máxima autoridad al Consejo Universitario, inspirado en los modelos institucionales de las universidades autónomas de Campeche y Yucatán.

“El que la UQROO tenga a su Consejo Universitario como máxima autoridad mejorará las formas en que se tomen las decisiones, porque los mismos docentes y alumnos forman parte de esta (además de las autoridades académicas-administrativas), permitiendo una discusión más amplia de los temas de relevancia universitaria, promoviendo la participación y la inclusión”, cita el texto.

De igual forma se propone la creación de una unidad de contraloría interna, que sea autónoma en sus funciones y que sea designada por el Poder Legislativo, como órgano de vigilancia que no permita los posibles abusos de un autogobierno universitario