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Anaya promueve Secretaría de Seguridad Ciudadana y un instituto especializado en el crimen organizado

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CIUDAD DE MÉXICO, 29 DE MAYO.- La estrategia de seguridad de este sexenio transcurrió sin cambios sustantivos respecto a la administración de Calderón: los delitos comunes siguieron persiguiéndose con un sistema policial desarticulado y descoordinado, y el combate al crimen organizado se realizó como en el gobierno anterior, utilizando a las fuerzas armadas en un contexto de violencia creciente, además de un limitado gasto en prevención social o de investigación del delito.

Lo anterior se desprende del diagnóstico de seguridad del equipo de Ricardo Anaya, candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, presentado este martes en el Colegio de México (Colmex).

Para Santiago Creel, coordinador del frentista, los cambios institucionales que impulsó esta administración, como la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y su reincorporación a la Secretaría de Gobernación, así como la creación de la Comisión Nacional de Seguridad y la Gendarmería Nacional, “no contribuyeron para mejorar los resultadoss”. De acuerdo con Creel, un indicador resume lo anterior: a falta de seis meses para que termine el año, el número de homicidios dolosos en el sexenio de Enrique Peña Nieto (107,021) rebasó a los ocurridos en la administración de Felipe Calderón (102,859).

Las razones del fracaso en seguridad, de acuerdo con el diagnóstico del Frente, no solo es la fallida estrategia de seguridad, sino el esquema institucional actual que provoca la descoordinación entre autoridades locales, federales y municipales, así como entre los poderes, las instituciones (fuerzas armadas y civiles), las autoridades y la propia sociedad.

En el actual esquema, “no hay un esquema de responsabilidades claro, se imposibilita evaluar el desempeño de cada autoridad, se impide establecer correctivos de manera oportuna, no hay consecuencias por resultados deficientes y se evita un ejercicio de rendición de cuentas”, dijo Creel ante un auditorio reducido a la mitad por falta de quórum.

En un contexto en el que “el combate a la criminalidad descansa mucho más en el poder del fuego de las fuerzas armadas que en un sistema de inteligencia articulado”, y que ha provocado la “atomización de los grupos criminales”, la propuesta de la coalición conformada por el PAN, PRD y MC consiste en crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana que concentre las siguientes funciones de seguridad pública:

  • Asumir las responsabilidades del Sistema de Policía Federal, que debe desempeñar labores preventivas y de investigación encaminadas a mantener el orden y la paz social.
  • La articulación de esfuerzos federales locales y municipales a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
  • Un nuevo instituto especializado en el combate al crimen organizado.
  • Un sistema de inteligencia civil que estandarice toda la información de inteligencia relativa a la seguridad pública del país.
  • Sistema penitenciario federal.
  • Responsabilidad del resguardo de las fronteras del país, la migración, aduanas, aeropuertos y puertos del país.
  • Coordinación de acciones en materia de protección civil.
  • Un nuevo modelo de seguridad pública sustentado en una unidad de mando, con responsabilidades claramente atribuidas, transparencia, rendición de cuentas, evaluaciones sistemáticas y cadenas de mando bien definidas.

Santiago Creel explicó que el nuevo instituto especializado en el combate al crimen organizado tendrá un mando único y perseguirá delitos enfocados en el crimen organizado, no otros delitos. “El país contará en el mediano plazo con una sola autoridad y un mando único para enfrentar a los grupos delincuenciales en el país”, explicó Santiago Creel, destacando entre las prioridades la persecución de delitos más violentos, cuidando las consecuencias que provoca descabezar a los grupos del crimen organizado.

La experiencia muestra que los países que han tenido éxitos contra el crimen organizado tienen instituciones especializadas, como Estados Unidos, España y Colombia. -Santiago Creel, coordinador de campaña de Ricardo Anaya.

De acuerdo con la propuesta del Frente, se enfocarán también en la extinción de los bienes inmuebles y la investigación del financiamiento ilícito, mismos que consideran claves para debilitar a las estructuras criminales y que serán usados para los centros de capacitación, indemnizar a víctimas y bonos de desempeño a los servidores públicos que intervengan en el combate.

NORMA CONSTITUCIONAL

Dentro de las propuestas del Frente, la que generó mayor ruido y dudas entre los ponentes fue la iniciativa de norma constitucional de conjunto de carácter transitorio, una propuesta que deberá tener acuerdo nacional y con la que se sujetará a los Poderes de la Unión, a los estados y municipios a una agenda de cumplimiento vinculatorio para reordenar el sistema de seguridad pública en el país “que hoy es lo más cercano a un caos”.

La norma a nivel federal estatal y municipal contempla establecer estándares mínimos en los siguientes rubros: suficiencia de personal, duplicar policías locales y policía federal, servicios de carrera, profesionalización, estímulos, seguridad social, certificación, presupuestos idóneos, órganos de control autónomo y participación ciudadana.

 

LAS FUERZAS ARMADAS SALDRÁN EVENTUALMENTE

Durante la ponencia en el Colmex, el exsecretario de Gobernación también reconoció que la actual estrategia ha provocado una violación sistemática de los derechos humanos, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, así como homicidios a activistas y periodistas.

Creel recordó algunos de los retos urgentes que tiene el país en materia de derechos humanos: el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa sin resolverse, siguen sin esclarecerse el paradero de más de 34 mil personas y los malos tratos siguen siendo generalizados en el país, como denunció el relator de la ONU.

Creel se comprometió a que en caso de que Anaya llegue a la presidencia, resolverán el caso de los 43 de Ayotzinapa y que se respetarán los convenios internacionales que ha firmado México en materia de derechos humanos.

CONSENSO REGIONAL

La política de drogas actual y el combate al crimen no pueden realizarse únicamente de manera interna. México padece las consecuencias de la producción de coca en países andinos, de drogas sintéticas de Asia y de demanda en Estados Unidos, recordó Creel.

“No ha habido iniciativa de Mx en modernizar convenios internacionales respecto al crimen organizado transnacional”, dijo Santiago Creel.

La propuesta del Frente por México contempla una revisión e la relación con Estados Unidos respecto a los temas de trasiego de armas, creciente demanda en consumo, lavado e dinero y financiamiento ilícito, legalización del consumo de marihuana en EU y la revisión del Plan Mérida.

Con una propuesta que el moderador Sergio Aguayo, académico del Colmex, calificó como muy completa y ambiciosa, Creel también se comprometió a que en los primeros 15 meses se controlarán todos los centros penitenciarios del país, se librará el tránsito de las principales vías carreteras del país que se han visto afectadas por la inseguridad y tendrán estrategias específicas para los principales centros turísticos del país.

Fuente Huffingtonpost

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EXPLOSIÓN DE GAS EN PUENTE LA CONCORDIA DEJA 3 MUERTOS, 70 HERIDOS Y CAOS EN CDMX

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Una potente explosión registrada en el Puente La Concordia, en la zona oriente de la Ciudad de México, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y al menos 70 heridas. El incidente ocurrió la tarde del 10 de septiembre, cuando una pipa de gas LP sufrió una volcadura y posterior estallido mientras circulaba por Calzada Ignacio Zaragoza.

El fuego alcanzó decenas de vehículos, provocando la destrucción total de al menos 28 automóviles, daños estructurales en el puente y afectaciones en viviendas cercanas. La columna de humo fue visible a varios kilómetros, generando alarma entre la población y obligando a evacuar la zona.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato, incluyendo ambulancias, bomberos y personal de protección civil. Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos, algunas en estado grave. Las autoridades confirmaron que la empresa responsable del transporte no contaba con seguro vigente, lo que complica la atención a víctimas y la reparación de daños.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Se estima que las pérdidas materiales superan los 20 millones de pesos. La circulación en la zona permanece cerrada y se mantiene vigilancia permanente.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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“Huachicol Fiscal: Altos Mandos y Empresarios en Red de Corrupción Multimillonaria”

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En un operativo sin precedentes, autoridades federales desmantelaron una red dedicada al contrabando de combustible mediante documentación falsa y evasión fiscal. La acción conjunta de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad derivó en la detención de al menos 50 personas, entre ellas mandos militares y empresarios vinculados al sector energético.

Destacan las capturas del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar de un exsecretario de Marina, y de los presuntos líderes Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, y Luis Miguel Ortega Maldonado, conocido como “El Flaco de Oro”. Se aseguraron más de 10 millones de litros de diésel, vehículos, armas y documentación apócrifa en el puerto de Tampico.

Omar García Harfuch, titular de Seguridad, declaró que “no habrá impunidad” y que este golpe fortalece la credibilidad institucional. Subrayó que el operativo fue resultado de meses de inteligencia y coordinación.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “cuando hay evidencia de corrupción, se actúa sin distinción”. Reiteró su compromiso con la justicia y reconoció la labor de la Marina. También lamentó el suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien estaba bajo investigación, aunque aclaró que no se ha confirmado su vínculo directo con la red.

Las investigaciones continúan y se prevén nuevas órdenes de aprehensión. El caso revela un esquema de corrupción que involucra permisos falsos, evasión de impuestos y comercialización ilegal de hidrocarburos, con pérdidas millonarias para el país.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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