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Anaya promueve Secretaría de Seguridad Ciudadana y un instituto especializado en el crimen organizado

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CIUDAD DE MÉXICO, 29 DE MAYO.- La estrategia de seguridad de este sexenio transcurrió sin cambios sustantivos respecto a la administración de Calderón: los delitos comunes siguieron persiguiéndose con un sistema policial desarticulado y descoordinado, y el combate al crimen organizado se realizó como en el gobierno anterior, utilizando a las fuerzas armadas en un contexto de violencia creciente, además de un limitado gasto en prevención social o de investigación del delito.

Lo anterior se desprende del diagnóstico de seguridad del equipo de Ricardo Anaya, candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, presentado este martes en el Colegio de México (Colmex).

Para Santiago Creel, coordinador del frentista, los cambios institucionales que impulsó esta administración, como la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y su reincorporación a la Secretaría de Gobernación, así como la creación de la Comisión Nacional de Seguridad y la Gendarmería Nacional, “no contribuyeron para mejorar los resultadoss”. De acuerdo con Creel, un indicador resume lo anterior: a falta de seis meses para que termine el año, el número de homicidios dolosos en el sexenio de Enrique Peña Nieto (107,021) rebasó a los ocurridos en la administración de Felipe Calderón (102,859).

Las razones del fracaso en seguridad, de acuerdo con el diagnóstico del Frente, no solo es la fallida estrategia de seguridad, sino el esquema institucional actual que provoca la descoordinación entre autoridades locales, federales y municipales, así como entre los poderes, las instituciones (fuerzas armadas y civiles), las autoridades y la propia sociedad.

En el actual esquema, “no hay un esquema de responsabilidades claro, se imposibilita evaluar el desempeño de cada autoridad, se impide establecer correctivos de manera oportuna, no hay consecuencias por resultados deficientes y se evita un ejercicio de rendición de cuentas”, dijo Creel ante un auditorio reducido a la mitad por falta de quórum.

En un contexto en el que “el combate a la criminalidad descansa mucho más en el poder del fuego de las fuerzas armadas que en un sistema de inteligencia articulado”, y que ha provocado la “atomización de los grupos criminales”, la propuesta de la coalición conformada por el PAN, PRD y MC consiste en crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana que concentre las siguientes funciones de seguridad pública:

  • Asumir las responsabilidades del Sistema de Policía Federal, que debe desempeñar labores preventivas y de investigación encaminadas a mantener el orden y la paz social.
  • La articulación de esfuerzos federales locales y municipales a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
  • Un nuevo instituto especializado en el combate al crimen organizado.
  • Un sistema de inteligencia civil que estandarice toda la información de inteligencia relativa a la seguridad pública del país.
  • Sistema penitenciario federal.
  • Responsabilidad del resguardo de las fronteras del país, la migración, aduanas, aeropuertos y puertos del país.
  • Coordinación de acciones en materia de protección civil.
  • Un nuevo modelo de seguridad pública sustentado en una unidad de mando, con responsabilidades claramente atribuidas, transparencia, rendición de cuentas, evaluaciones sistemáticas y cadenas de mando bien definidas.

Santiago Creel explicó que el nuevo instituto especializado en el combate al crimen organizado tendrá un mando único y perseguirá delitos enfocados en el crimen organizado, no otros delitos. “El país contará en el mediano plazo con una sola autoridad y un mando único para enfrentar a los grupos delincuenciales en el país”, explicó Santiago Creel, destacando entre las prioridades la persecución de delitos más violentos, cuidando las consecuencias que provoca descabezar a los grupos del crimen organizado.

La experiencia muestra que los países que han tenido éxitos contra el crimen organizado tienen instituciones especializadas, como Estados Unidos, España y Colombia. -Santiago Creel, coordinador de campaña de Ricardo Anaya.

De acuerdo con la propuesta del Frente, se enfocarán también en la extinción de los bienes inmuebles y la investigación del financiamiento ilícito, mismos que consideran claves para debilitar a las estructuras criminales y que serán usados para los centros de capacitación, indemnizar a víctimas y bonos de desempeño a los servidores públicos que intervengan en el combate.

NORMA CONSTITUCIONAL

Dentro de las propuestas del Frente, la que generó mayor ruido y dudas entre los ponentes fue la iniciativa de norma constitucional de conjunto de carácter transitorio, una propuesta que deberá tener acuerdo nacional y con la que se sujetará a los Poderes de la Unión, a los estados y municipios a una agenda de cumplimiento vinculatorio para reordenar el sistema de seguridad pública en el país “que hoy es lo más cercano a un caos”.

La norma a nivel federal estatal y municipal contempla establecer estándares mínimos en los siguientes rubros: suficiencia de personal, duplicar policías locales y policía federal, servicios de carrera, profesionalización, estímulos, seguridad social, certificación, presupuestos idóneos, órganos de control autónomo y participación ciudadana.

 

LAS FUERZAS ARMADAS SALDRÁN EVENTUALMENTE

Durante la ponencia en el Colmex, el exsecretario de Gobernación también reconoció que la actual estrategia ha provocado una violación sistemática de los derechos humanos, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, así como homicidios a activistas y periodistas.

Creel recordó algunos de los retos urgentes que tiene el país en materia de derechos humanos: el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa sin resolverse, siguen sin esclarecerse el paradero de más de 34 mil personas y los malos tratos siguen siendo generalizados en el país, como denunció el relator de la ONU.

Creel se comprometió a que en caso de que Anaya llegue a la presidencia, resolverán el caso de los 43 de Ayotzinapa y que se respetarán los convenios internacionales que ha firmado México en materia de derechos humanos.

CONSENSO REGIONAL

La política de drogas actual y el combate al crimen no pueden realizarse únicamente de manera interna. México padece las consecuencias de la producción de coca en países andinos, de drogas sintéticas de Asia y de demanda en Estados Unidos, recordó Creel.

“No ha habido iniciativa de Mx en modernizar convenios internacionales respecto al crimen organizado transnacional”, dijo Santiago Creel.

La propuesta del Frente por México contempla una revisión e la relación con Estados Unidos respecto a los temas de trasiego de armas, creciente demanda en consumo, lavado e dinero y financiamiento ilícito, legalización del consumo de marihuana en EU y la revisión del Plan Mérida.

Con una propuesta que el moderador Sergio Aguayo, académico del Colmex, calificó como muy completa y ambiciosa, Creel también se comprometió a que en los primeros 15 meses se controlarán todos los centros penitenciarios del país, se librará el tránsito de las principales vías carreteras del país que se han visto afectadas por la inseguridad y tendrán estrategias específicas para los principales centros turísticos del país.

Fuente Huffingtonpost

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Emergencia Ambiental en Tabasco: Devastador Derrame de Petróleo Afecta Ecosistemas y Comunidades Enteras

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Tabasco, México — Mayo 2025
Una crisis ambiental de gran magnitud sacude al estado de Tabasco tras un derrame masivo de petróleo ocurrido en el municipio de Huimanguillo. La fuga, atribuida a infraestructura deteriorada operada por Petróleos Mexicanos (Pemex), ha contaminado cuerpos de agua, destruido hábitats naturales y dejado en emergencia a miles de habitantes.

Causas: Fuga por ductos corroídos y negligencia operativa

El derrame fue detectado a finales de abril, cuando se identificó una fuga en un ducto perteneciente al campo petrolero de La Venta. Expertos ambientales y habitantes de la zona señalan que la causa principal fue la corrosión por falta de mantenimiento, además de una respuesta tardía por parte de Pemex.

“Se trata de un problema recurrente; no es la primera vez que ocurre una fuga, pero esta ha sido especialmente grave”, denunció un representante de la comunidad de Ocuapan.

Impacto ambiental: Ríos muertos, fauna contaminada y suelos envenenados

Los efectos ecológicos han sido devastadores. La mancha de crudo ha alcanzado el río Carrizal, varias lagunas locales y zonas agrícolas. Se han reportado miles de peces muertos, tortugas cubiertas de petróleo y aves afectadas por la contaminación.

“El ecosistema ha colapsado. El agua está completamente negra y huele a químicos”, relató un pescador de la zona.

Organizaciones ambientales como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han calificado el incidente como uno de los peores desastres ecológicos de la última década en la región.

Comunidades en crisis: Enfermedades, pérdida de ingresos y desplazamientos

Más de 20 comunidades rurales se encuentran en emergencia sanitaria. Las familias han perdido sus fuentes de agua potable y alimentos. Autoridades de salud han confirmado brotes de enfermedades respiratorias, irritaciones cutáneas y problemas gastrointestinales.

“El agua huele mal, los niños ya se están enfermando y nadie nos da respuesta clara”, lamentó una madre afectada.

Los sectores pesquero y agrícola, vitales para la economía local, están completamente paralizados. La pesca y la siembra se han vuelto actividades imposibles en zonas contaminadas, provocando pérdidas económicas y desempleo.

Acciones del gobierno y Pemex: ¿Suficientes?

Pemex ha desplegado brigadas para sellar la fuga, instalar barreras de contención y recuperar el crudo derramado en cuerpos de agua. También se han distribuido insumos básicos como agua potable y atención médica en las comunidades más afectadas.

No obstante, diversas organizaciones civiles denuncian que las medidas son insuficientes y carecen de un plan de restauración ambiental a largo plazo.

“No hay transparencia ni estudios públicos del impacto real. Solo hay respuestas reactivas y lentas”, acusan representantes locales.

¿Cuánto tiempo tomará recuperar el ecosistema?

Especialistas ambientales estiman que la recuperación del ecosistema podría tardar entre 10 y 20 años, dependiendo de la calidad de las acciones de remediación y la persistencia de contaminantes en el ambiente.

  • La remediación de suelos puede tardar de 5 a 15 años.
  • Los cuerpos de agua contaminados podrían necesitar entre 3 y 10 años para regenerarse parcialmente.
  • La biodiversidad local podría requerir décadas para restablecerse, y algunas especies podrían desaparecer definitivamente.

Exigen justicia y reparación

Organizaciones sociales, líderes comunitarios y habitantes de la región han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia ambiental. Demandas legales, bloqueos carreteros y concentraciones han surgido con fuerza en los últimos días.

Entre las exigencias se encuentran indemnizaciones, reubicación temporal de las familias más vulnerables, atención médica especializada y un monitoreo independiente de la contaminación.

“Ya basta de convertir Tabasco en un basurero tóxico. Queremos vivir sin miedo a que el agua nos mate”, fue una de las consignas más repetidas durante una reciente movilización en Villahermosa.

Este desastre en Tabasco no es solo una tragedia ambiental, sino un llamado urgente a revisar la operación de la industria petrolera en zonas ecológicamente sensibles. La recuperación requerirá años de trabajo, voluntad política y justicia para quienes hoy están pagando el costo más alto.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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EL DILEMA DIGITAL: ¿LIBERTAD O CONTROL? MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA DE REGULAR LAS PLATAFORMAS

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La intensa y a menudo polarizada discusión sobre la necesidad y el alcance de la regulación de las plataformas digitales en México ha alcanzado un nuevo punto álgido esta semana. Diversos sectores de la sociedad, desde empresarios tecnológicos hasta defensores de los derechos de los usuarios, han expresado sus opiniones en foros públicos y a través de comunicados, evidenciando la complejidad del tema.

El debate central gira en torno a equilibrar la innovación y el crecimiento económico que impulsan estas plataformas con la protección de los derechos de los consumidores, la competencia justa y la seguridad de los datos. Por un lado, representantes de la industria tecnológica advierten sobre el riesgo de sofocar la creatividad y la inversión si se implementan regulaciones excesivas o mal concebidas. Argumentan que la naturaleza dinámica y transfronteriza de las plataformas digitales requiere un enfoque regulatorio flexible y adaptable.

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores enfatizan la creciente influencia de estas plataformas en la vida cotidiana y la necesidad de establecer reglas claras para evitar prácticas monopólicas, la difusión de desinformación y la vulneración de la privacidad de los usuarios. Casos recientes de controversia en torno al manejo de datos personales y la moderación de contenidos han alimentado la urgencia de una intervención regulatoria.

Esta semana, un panel de expertos convocado por la Comisión de Economía del Senado presentó un informe preliminar que analiza diferentes modelos regulatorios implementados en otras naciones, como la Unión Europea y Estados Unidos. El informe destaca la necesidad de un enfoque integral que considere las particularidades del mercado mexicano y los desafíos específicos que plantean las plataformas digitales en el contexto nacional.

Entre los puntos más controvertidos se encuentran la definición del alcance de la regulación (¿qué tipo de plataformas deberían ser incluidas?), los mecanismos para garantizar la transparencia en los algoritmos, las medidas para fomentar la competencia y evitar el abuso de posición dominante, y los mecanismos de protección para los usuarios en cuanto a sus datos personales y la calidad de los servicios ofrecidos.

Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen los debates y se presenten propuestas legislativas concretas. La sociedad mexicana observa con atención este proceso, consciente del impacto significativo que la regulación de las plataformas digitales tendrá en el futuro de la economía, la comunicación y la vida social del país. La búsqueda de un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos sigue siendo el principal desafío en esta crucial discusión.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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