Nacional
Manda INE indagatoria de Bronco a la PGR

CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE MAYO.- Jaime Rodríguez “El Bronco” será investigado por la PGR, la Fepade, el SAT y la Contraloría de Nuevo León debido a que el INE detectó una posible malversación de recursos públicos, operaciones con dinero ilícito y una presunta defraudación fiscal por parte del aspirante.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó hoy multar a Rodríguez con 739 mil pesos tras acreditar que utilizó funcionarios estatales para juntar firmas en días laborales, por triangular fondos con empresas fachada y dispersar recursos de procedencia ilícita a través de tarjetas que fueron entregadas a los auxiliares que recopilaron apoyos.
Además, el organismo aprobó darle vista a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR para que se investigue posibles delitos fiscales del Gobernador con licencia de Nuevo León.
Aunque el INE calculó 25 millones de pesos en multas al candidato por todos los ilícitos que cometió, por ley únicamente pudo sancionarlo con 739 mil pesos porque es el límite legal con el que se puede multar a una persona física.
En total, la autoridad electoral detectó que Rodríguez ingresó a su campaña de recolección de firmas 12.8 millones de pesos ilegales.
“Es importante subrayar que el desahogo de estos procedimientos ha dado indicios de que se están cometiendo posibles ilícitos para los que el INE no tiene competencia de investigación, como malversación de recursos públicos, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita”, aseveró el consejero presidente, Lorenzo Córdova.
“Por lo que además de dar vista a las autoridades competentes en la materia, como la Controlaría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, el Servicio de Administración Tributaria, también se le da vista a la Procuraduría General de la República”.
El consejero Ciro Murayama detalló que, tras información publicada por Grupo REFORMA, el INE acreditó que 656 servidores públicos de Nuevo León recabaron firmas en días y horas hábiles, lo que equivalió a una aportación ilegal de 2.6 millones de pesos.
También halló un esquema de triangulación de recursos ilícitos en el que se usó a 19 empresas sospechosas, algunas de ellas fantasmas, a personas de origen humilde como testaferros y simulaciones por parte del propio Rodríguez para juntar más de 4 millones de pesos de financiamiento.
El consejero agregó que, en un tercer caso, por una investigación de Grupo REFORMA, se detectó que 6.6 millones de pesos, provenientes de compañías que no existen en el Registro Nacional de Proveedores, fueron dispersados en tarjetas “OXXO Saldazo” para pagar a auxiliares que juntaron rúbricas para “El Bronco”.
“El INE no cejará la posibilidad de combatir la corrupción política, no es una tarea para dejarse a la próxima generación, aquí y ahora es posible defender el juego limpio y rescatar las prácticas y los valores irrenunciables de la democracia”, aseveró Murayama, quien condenó que el representante de Rodríguez, Javier Náñez Pro, no asistiera a la sesión.
El consejero José Roberto Ruiz Saldaña planteó darle vista al Congreso de Nuevo León para que lleve a cabo un juicio político en contra de “El Bronco” para destituirlo del cargo, sin embargo, la propuesta fue rechazada debido a que el INE no puede solicitar eso.
El consejero Murayama puntualizó que todavía hay 11 millones de pesos más, que ingresó “El Bronco” a su campaña de recolección de firmas, que están siendo investigados por el INE para determinar si son de origen ilícito.
Fuente Zócalo

Nacional
Emergencia Ambiental en Tabasco: Devastador Derrame de Petróleo Afecta Ecosistemas y Comunidades Enteras

Tabasco, México — Mayo 2025
Una crisis ambiental de gran magnitud sacude al estado de Tabasco tras un derrame masivo de petróleo ocurrido en el municipio de Huimanguillo. La fuga, atribuida a infraestructura deteriorada operada por Petróleos Mexicanos (Pemex), ha contaminado cuerpos de agua, destruido hábitats naturales y dejado en emergencia a miles de habitantes.

Causas: Fuga por ductos corroídos y negligencia operativa
El derrame fue detectado a finales de abril, cuando se identificó una fuga en un ducto perteneciente al campo petrolero de La Venta. Expertos ambientales y habitantes de la zona señalan que la causa principal fue la corrosión por falta de mantenimiento, además de una respuesta tardía por parte de Pemex.
“Se trata de un problema recurrente; no es la primera vez que ocurre una fuga, pero esta ha sido especialmente grave”, denunció un representante de la comunidad de Ocuapan.

Impacto ambiental: Ríos muertos, fauna contaminada y suelos envenenados
Los efectos ecológicos han sido devastadores. La mancha de crudo ha alcanzado el río Carrizal, varias lagunas locales y zonas agrícolas. Se han reportado miles de peces muertos, tortugas cubiertas de petróleo y aves afectadas por la contaminación.
“El ecosistema ha colapsado. El agua está completamente negra y huele a químicos”, relató un pescador de la zona.

Organizaciones ambientales como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han calificado el incidente como uno de los peores desastres ecológicos de la última década en la región.
Comunidades en crisis: Enfermedades, pérdida de ingresos y desplazamientos
Más de 20 comunidades rurales se encuentran en emergencia sanitaria. Las familias han perdido sus fuentes de agua potable y alimentos. Autoridades de salud han confirmado brotes de enfermedades respiratorias, irritaciones cutáneas y problemas gastrointestinales.

“El agua huele mal, los niños ya se están enfermando y nadie nos da respuesta clara”, lamentó una madre afectada.
Los sectores pesquero y agrícola, vitales para la economía local, están completamente paralizados. La pesca y la siembra se han vuelto actividades imposibles en zonas contaminadas, provocando pérdidas económicas y desempleo.
Acciones del gobierno y Pemex: ¿Suficientes?
Pemex ha desplegado brigadas para sellar la fuga, instalar barreras de contención y recuperar el crudo derramado en cuerpos de agua. También se han distribuido insumos básicos como agua potable y atención médica en las comunidades más afectadas.
No obstante, diversas organizaciones civiles denuncian que las medidas son insuficientes y carecen de un plan de restauración ambiental a largo plazo.

“No hay transparencia ni estudios públicos del impacto real. Solo hay respuestas reactivas y lentas”, acusan representantes locales.
¿Cuánto tiempo tomará recuperar el ecosistema?
Especialistas ambientales estiman que la recuperación del ecosistema podría tardar entre 10 y 20 años, dependiendo de la calidad de las acciones de remediación y la persistencia de contaminantes en el ambiente.
- La remediación de suelos puede tardar de 5 a 15 años.
- Los cuerpos de agua contaminados podrían necesitar entre 3 y 10 años para regenerarse parcialmente.
- La biodiversidad local podría requerir décadas para restablecerse, y algunas especies podrían desaparecer definitivamente.

Exigen justicia y reparación
Organizaciones sociales, líderes comunitarios y habitantes de la región han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia ambiental. Demandas legales, bloqueos carreteros y concentraciones han surgido con fuerza en los últimos días.
Entre las exigencias se encuentran indemnizaciones, reubicación temporal de las familias más vulnerables, atención médica especializada y un monitoreo independiente de la contaminación.
“Ya basta de convertir Tabasco en un basurero tóxico. Queremos vivir sin miedo a que el agua nos mate”, fue una de las consignas más repetidas durante una reciente movilización en Villahermosa.

Este desastre en Tabasco no es solo una tragedia ambiental, sino un llamado urgente a revisar la operación de la industria petrolera en zonas ecológicamente sensibles. La recuperación requerirá años de trabajo, voluntad política y justicia para quienes hoy están pagando el costo más alto.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
EL DILEMA DIGITAL: ¿LIBERTAD O CONTROL? MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA DE REGULAR LAS PLATAFORMAS

La intensa y a menudo polarizada discusión sobre la necesidad y el alcance de la regulación de las plataformas digitales en México ha alcanzado un nuevo punto álgido esta semana. Diversos sectores de la sociedad, desde empresarios tecnológicos hasta defensores de los derechos de los usuarios, han expresado sus opiniones en foros públicos y a través de comunicados, evidenciando la complejidad del tema.
El debate central gira en torno a equilibrar la innovación y el crecimiento económico que impulsan estas plataformas con la protección de los derechos de los consumidores, la competencia justa y la seguridad de los datos. Por un lado, representantes de la industria tecnológica advierten sobre el riesgo de sofocar la creatividad y la inversión si se implementan regulaciones excesivas o mal concebidas. Argumentan que la naturaleza dinámica y transfronteriza de las plataformas digitales requiere un enfoque regulatorio flexible y adaptable.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores enfatizan la creciente influencia de estas plataformas en la vida cotidiana y la necesidad de establecer reglas claras para evitar prácticas monopólicas, la difusión de desinformación y la vulneración de la privacidad de los usuarios. Casos recientes de controversia en torno al manejo de datos personales y la moderación de contenidos han alimentado la urgencia de una intervención regulatoria.
Esta semana, un panel de expertos convocado por la Comisión de Economía del Senado presentó un informe preliminar que analiza diferentes modelos regulatorios implementados en otras naciones, como la Unión Europea y Estados Unidos. El informe destaca la necesidad de un enfoque integral que considere las particularidades del mercado mexicano y los desafíos específicos que plantean las plataformas digitales en el contexto nacional.
Entre los puntos más controvertidos se encuentran la definición del alcance de la regulación (¿qué tipo de plataformas deberían ser incluidas?), los mecanismos para garantizar la transparencia en los algoritmos, las medidas para fomentar la competencia y evitar el abuso de posición dominante, y los mecanismos de protección para los usuarios en cuanto a sus datos personales y la calidad de los servicios ofrecidos.
Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen los debates y se presenten propuestas legislativas concretas. La sociedad mexicana observa con atención este proceso, consciente del impacto significativo que la regulación de las plataformas digitales tendrá en el futuro de la economía, la comunicación y la vida social del país. La búsqueda de un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos sigue siendo el principal desafío en esta crucial discusión.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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