Nacional
Indígenas se plantan en bosque de la Sierra Tarahumara para evitar tala
CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE ABRIL.- Hombres, mujeres y niños de la comunidad de Bosques San Elías Repechique, en el municipio de Bocoyna de la Sierra Tarahumara, llevan un mes plantados en el bosque de su territorio para evitar que particulares talen más árboles, como lo han hecho sistemáticamente durante los últimos años.
Como dejaron sus casas, desde el plantón trabajan en la fabricación de artesanías, mientras otras continúan con su labor de agricultura en la comunidad. Se turnan para evitar más extracción de troncos o “cadáveres de árboles” –como ellos mismos les dicen–, que termine con la vida de la Tarahumara.
El problema ha escalado. Repechique es sólo una muestra de lo que sucede en la región, con la complicidad u omisión de autoridades, el control y abuso de grupos delictivos que trabajan como si tuviesen permiso para controlar el territorio serrano.
El año pasado, la misma comunidad se plantó más de 40 días. Lo único que lograron fueron promesas y demandas que han escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pero Repechique es de los poblados afortunados que ha logrado acudir a instancias jurídicas, pues no todos corren con la misma suerte y defienden el bosque de los chihuahuenses con su vida.
El próximo viernes, un grupo conformado por comunidades serranas y activistas marchará de la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hacia la de la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de las acciones para defender los bosques de la Sierra Tarahumara.
“La tala inmoderada es una realidad y si no hacemos algo hoy, los bosques de Chihuahua quizá no podrán recuperarse (…) conservemos nuestro bosque. Defendámoslo, pues es el hogar de muchísimas personas, flora y fauna, es parte sumamente importante para la vida de los pueblos y comunidades indígenas. No sólo por ser el lugar en donde viven y del que subsisten, sino porque alimenta el espíritu, da enseñanzas, da vida”, dice la invitación lanzada por la recién creada página de Facebook “Protejamos los bosques de la Sierra Tarahumara”.
Y es que, la resistencia contra la tala inmoderada y la burocracia gubernamental los ha llevado a implementar otras medidas de defensa.
Los habitantes de la Tarahumara sólo ven pasar “cadáveres de árboles”, ante la indolencia e indiferencia de las autoridades. Foto: Especial
A partir del pasado 4 de abril, los habitantes de Bosques San Elías Repechique instalaron de nuevo un plantón en el área donde particulares cortan cientos de árboles sin ningún control, a pesar de las denuncias que han recibido las delegaciones de la Semarnat, la PGR, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el gobierno estatal.
Hace un año permanecieron bajo la nieve, frío y aire, durante más de 40 días. Se retiraron con la promesa de que el caso sería atendido. Pero este año, la misma gente continuó con la tala, mientras que los habitantes sólo ven pasar “cadáveres de árboles”, ante la indolencia e indiferencia de las autoridades de todos los niveles gubernamentales.
Luis Enrique Pérez, segundo gobernador de la comunidad, informó que el juez Octavo de Distrito y el Segundo Tribunal Colegiado evitaron resolver el fondo de una denuncia que interpusieron ante el juez federal, por la falta de consulta en los permisos de aprovechamiento forestal que emite la Semarnat para dicha área.
Las autoridades judiciales han evitado conocer y resolver el fondo del asunto en el amparo interpuesto por la comunidad, por lo que Pérez acudió a la Corte, junto con el primer gobernador del municipio, Nicolás Sánchez Torres.
Ahí entregaron un oficio a los ministros que integran la Segunda Sala para pedirles que atiendan el caso y resuelvan el fondo del problema, ante la sistemática y permanente afectación que los mantiene por semanas en plantones que duran semanas. Los ministros les ofrecieron revisar y resolver el asunto.
Mientras tanto, en Repechique continúa el plantón, donde permanecen sin protección ni atención.
El llamado a la autoridad
Hace dos semanas, un grupo de organizaciones civiles acompañaron a representantes de la comunidad a la delegación de la Semarnat, para denunciar la depredación del bosque a manos de particulares que actúan con o sin permiso de explotación forestal para destruir la flora y la fauna de la Sierra Tarahumara.
La exigencia es que se suspendan los permisos de explotación forestal que la dependencia federal concedió desde 2015. La respuesta de los funcionarios de la delegación fue que requieren de una orden judicial para actuar contra los particulares que talan el bosque.
Esa comunidad es apoyada por la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), que les brinda asesoría jurídica. Pero a esa exigencia se han sumado decenas de organizaciones no gubernamentales y activistas, académicos y otros actores sociales.
Todos ellos lanzaron un grupo abierto en Facebook, para llamar la atención de la ciudadanía en la entidad y en el país. En su justificación destacaron la importancia estratégica social y ambiental de la Sierra Tarahumara por su biodiversidad y aportaciones al medio ambiente.
La tala, aseguraron, la hacen particulares y ejidos apoyados con programas de aprovechamientos forestales aprobados por la Semarnat, pese a las irregularidades, pero con el enfoque mercantil; sin programas de aprovechamiento y sin importar el desequilibrio del ecosistema ni la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Los denunciantes afirmaron que la tala ya es una actividad económica que beneficia a tala montes, caciques, empresarios y hasta grupos delictivos principalmente, en la zona de los municipios de Bocoyna y Guachochi, sin ninguna sanción de la Semarnat, Profepa, Conafor, la PGR y el gobierno de Chihuahua.
Por último, llamaron a la ciudadanía a sumarse a la campaña para ayudar a “decir ALTO, ¡ni un árbol menos, paremos esto!”. https://www.facebook.com/ProtejamoslosbosquesST
Fuente Proceso
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Nacional
TREN MAYA RECIBE AUTORIZACIÓN FEDERAL PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLES DURANTE 15 AÑOS
El Gobierno de México otorgó a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. permisos federales para operar, durante los próximos 15 años, el transporte de combustibles a través de la red ferroviaria del sureste, consolidando así una nueva etapa en la estrategia logística y de seguridad energética nacional. La autorización permitirá el traslado de diésel, gasolinas y otros productos derivados del petróleo, bajo estrictos lineamientos de seguridad, supervisión ambiental y control operativo.
De acuerdo con la resolución emitida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el permiso faculta al Tren Maya a ampliar su esquema de servicios más allá del transporte de pasajeros y carga general, integrando ahora el movimiento de energéticos en rutas estratégicas que conectan puertos, terminales y centros de distribución. Esta medida busca fortalecer la infraestructura logística del país, reducir costos de traslado y mejorar la eficiencia en el abastecimiento regional.
El proyecto contempla el uso de trenes especializados, equipados con sistemas de contención y monitoreo permanente, así como protocolos de emergencia coordinados con autoridades federales y estatales. La operación deberá cumplir con normas estrictas en materia de protección civil, impacto ambiental y manejo de sustancias peligrosas, lo que incluye auditorías periódicas y reportes obligatorios.
Con esta autorización, el Tren Maya se posiciona como un actor clave en el sistema ferroviario nacional, ampliando su capacidad para atender sectores estratégicos como el energético, industrial y portuario. La medida también refuerza la visión gubernamental de aprovechar la infraestructura ferroviaria para impulsar el desarrollo económico del sureste, mejorar la competitividad y garantizar un suministro más seguro y eficiente.
La autorización entra en vigor de manera inmediata y tendrá vigencia hasta 2041, con posibilidad de renovación conforme al desempeño y cumplimiento regulatorio.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
Nacional
SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:
- SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
- EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
- EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
- GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.
Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo
Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.
Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.
Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.
Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.
Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.
Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.
Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.
Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.
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